Aunque en su informe anual 2016 la fiscal general de la República, Ana Julia Guido, señala que la principal fortaleza que tiene el país es la decisión política del Gobierno para el enfrentamiento del delito de lavado de dinero, no proporcionó información de los casos más relevantes que procesaron el año pasado ni a cuanto asciende los bienes incautados por estos delitos.
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Guido se limitó a referir que Nicaragua cuenta con un ordenamiento jurídico acorde con los convenios internacionales y con una constante coordinación interinstitucional, así como con una fluida cooperación con el sector financiero y un sistema de justicia fortalecido que les permitió la persecución efectiva de este delito.
El año pasado dijo Guido en su informe presentado el jueves ante la Asamblea Nacional recibió 14 informes policiales, de los que se acusó a 22 personas en 11 de los expedientes fiscales, en tres de ellos se mandó a ampliar la investigación.
La diputada designada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Fernanda Flores de Alemán, le consultó a Guido que en su informe no explica cuantos juicios se realizaron sobre este delito y cuántos fueron declarados culpables y sobre todo cuántos bienes fueron ocupados a los procesados por este delito.
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“¿En qué invierten estos bienes? ¿será que están siendo utilizados para apoyar programas para la prevención de los delitos’”, consultó.
La respuesta de Guido fue que no le corresponde a ella dar una respuesta pues hay una oficina de bienes incautados en el Ministerio de Hacienda. “No se como se distribuyen los bienes”, dijo Guido.
Acusaciones por droga
La Fiscalía recibió 2,978 informes policiales, relacionados con estupefacientes, de los cuales se presentaron 2,943 acusaciones, en contra de 3,772 personas.
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Los principales delitos acusados son, posesión de estupefacientes, en las que se presentaron 1,678 acusaciones y el delito de tráfico de estupefacientes del que presentaron 1,039 acusaciones.
Según la fiscal Ana Julia Guido del total de personas que fueron llevadas a juicio el 96.8 por ciento resultó culpable, pero no especifica cuántos fueron.