La violencia a la que una menor de 16 años era sometida por el hombre con que sus padres la obligaron a casarse hace un año, la llevó a pedir ayuda para escapar con su bebé de nueve meses de la casa donde convivía con su agresor. Pero esta fue obligada por autoridades de la Delegación de Ministerio de la Familia (Mifamilia) a firmar un acuerdo, bajo el alegato de que el hombre debe otorgar pensión alimenticia a su hijo de nueve meses.
A los quince años la niña, oriunda de una comunidad de Waslala, fue violada y quedó embarazada de su agresor, un hombre de mayor edad , quien se las arregló para que los padres de la menor consintieran el matrimonio con la víctima, todavía una niña a quien se la llevó a vivir a Estelí.
Los hechos ocurrieron hace más de un mes cuando el hombre intentó quitarle la vida. Un vigilante fue quien rescató a la víctima cuando esta huyó de su casa, después que el hombre la amenazó de muerte y la golpeó brutalmente y la condujo a una organización que a su vez la remitió al albergue del Centro Acción Ya, donde buscaron que se recuperaran.
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Sin embargo, la primera organización que le brindaba asesoría legal la llevó a la Delegación de la Policía en Estelí, donde rehusaron recibir la denuncia, bajo la promesa únicamente que investigarían el caso, pero le insistieron que era preferible que mediara con su agresor, pues esas son las órdenes superiores que han recibido. La Policía la remitió a la delegación de Mifamilia para que presentara una demanda de pensión alimenticia.
Y aunque la víctima se resistía asegurando que no aceptaría la pensión alimenticia terminó yendo a Mifamilia donde más bien allí “la propia técnica”, llamó al agresor.
El hombre había acudido anteriormente a esa delegación a denunciarla por secuestro del bebé .
Al final, la menor sola y sin asesoría de ningún tipo, fue obligada a firmar que estaba de acuerdo de compartir la tutela del bebé con el agresor , quien podrá ver al niño cada mes y a quien la víctima debió especificar la dirección donde habitaría, aseguró la directora del Centro Accion Ya, Martha Munguía, cuyo albergue brindaría refugio a la menor.
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Para Munguía se trata de un caso emblemático pues con esa actuación, las autoridades han puesto en riesgo a la víctima.
Esto, dice Munguía, son casos que se podrían estar repitiendo y ponen a la víctima en peligro, pues la deja a merced del agresor. El informe anual de la Fiscalía destaca que las principales denuncias recibidas el año pasado fue por omisión del pago de alimentos de los padres a los hijos.
Hay otros casos
El Centro Acción Ya conoció de otro caso que igual fue obligada a mediar con el victimario por el alegato de la pensión alimenticia a la niña.
En este caso, señala Martha Munguía a través de la Red de Albergue, lograron sacar del país a la víctima a través de refugio “porque el hombre es peligroso, tiene contactos, ella tiene miedo”, porque aunque presentó denuncia en Matagalpa donde habitaba, después de vivir bajo amenaza dos a tres años, las autoridades “nunca hicieron nada”.
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Menciona Munguía que en un sondeo realizado en barrios de Estelí , la mayoría de mujeres dijeron que tienen miedo de denunciar por lo que prefieren buscar trabajar o salir del país.