El abuso de autoridad de la Policía en poblados de la ruta canalera podría provocar que los campesinos comiencen a tomar la justicia en sus manos, lo que implica un “gran peligro”, según el general en retiro Hugo Torres.
“Cuando se pierden los referentes éticos y morales de una institución como la Policía, la población se encuentra manos arriba e indefensa y ante tal situación la tentación de hacer justicia por sus propias manos aparece en el escenario social”, enfatizó Torres.
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Los campesinos que se oponen a la Ley del Canal Interoceánico (Ley 840) han denunciado robos y agresión de parte de oficiales de la Policía y del Ejército. Este sábado, en la marcha número 88 de repudio al proyecto del Canal Interoceánico —que se realizó en el poblado Polo de Desarrollo Daniel Guido, en el Caribe Sur—, los campesinos de esa zona demandaron el cese de la militarización de sus comunidades.
Francisca Ramírez, una de las líderes de la lucha contra la Ley 840, relató que en su comunidad La Fonseca, del municipio de Nueva Guinea, la Policía “ha estado actuando de forma extraña, andan rondando las casas vestidos de civil”.
Para Torres, esto significa que “han dejado a los campesinos sin justicia” por ser los opositores más férreos contra las políticas del gobierno de Daniel Ortega.
La concesión del Canal
La concesión del megaproyecto canalero fue entregado por el gobierno de Ortega al empresario chino Wang Jing. La concesión implica 278 kilómetros de longitud por donde pasaría el Canal y que serán expropiados a los campesinos.
Según la valoración de Torres, en estas zonas rurales, donde la presencia del Estado es mínima, “la Policía se siente que es la Ley y que pueden hacer lo que les dé la gana y que nadie los va a castigar. Esto hace crecer la impunidad y les permite a los policías delinquir sin que les pase nada”.
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“Cuando hay impunidad, cuando hay abuso de poder, cuando falta la presencia de un Estado donde impera la Ley, cuando todo eso falta, la población está indefensa y está al amparo de lo que se le ocurra hacer a cualquier policía, a cualquier juez penal subordinado al régimen, y eso es sumamente peligroso, porque eso puede alentar en algunas mentes la convicción de que al no ver justicia ni a quién recurrir, hay que hacer justicia por sus propias manos”, explicó Torres.
Igual que la Guardia somocista
Torres manifestó que ese sentimiento de impunidad fue el que se acuñó durante la dictadura de los Somoza.
“Cualquier guardia nacional sabía que podía delinquir, que podía ultrajar a cualquier ciudadano y que no le pasaría nada o que le pasaría muy poco”, dijo Torres, recordando la masacre cometida por policías especiales contra una familia en Las Jagüitas, una comarca de Managua. En ese caso los oficiales fueron sentenciados a penas mínimas. Pero en el caso de los campesinos, Torres dejó claro que no es casual la actuación de la Policía, sino bajada de directrices del Gobierno central, debido a que son ciudadanos que rechazan desde hace cuatro años la aprobación de una Ley promovida por el oficialismo.
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“Siendo los campesinos anticanal el movimiento social más fuerte aparecido en los últimos años en Nicaragua, con una reivindicación que ha calado en la conciencia de los nicaragüenses y en el mundo entero, es un objetivo que el régimen se ha propuesto resolver a su favor, desbaratar a ese movimiento y para eso han hecho uso de todo tipo de recursos”, expresó Torres.
Cardenal llama a evitar violencia
El cardenal Leopoldo Brenes expresó este domingo que mientras las demandas sociales se hagan de forma pacífica, estas son positivas, pero que cuando entra la violencia, entonces se pierde todo fruto.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) emitió un informe en 2016 en el que expone que el gobierno de Daniel Ortega se ha valido de reformas a la leyes de la Policía y el Ejército y a la Ley de Seguridad Soberana, para propiciar que estas instituciones “ejerzan un rol represivo de la protesta social y realicen labores de Inteligencia impropias de un gobierno democrático y se coordinen con los operadores de justicia, institucionalizando la violencia”.
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El informe explica que el sometimiento de las fuerzas de seguridad ha tenido graves consecuencias para los derechos humanos, mencionando el caso de la represión de los campesinos liderados por el Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, que fueron impedidos de realizar una marcha anticanal en 2015 y sufrieron la militarización actual de la ruta por la que pasaría su marcha.
