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Trabajo formal, un reto para discapacitados

Que las personas con discapacidad representen el 2% de la planilla de las empresas privadas e instituciones públicas, tal y como lo establece la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún es una tarea pendiente en el país.

Que las personas con discapacidad representen el dos por ciento de la planilla de las empresas privadas e instituciones públicas, tal y como lo establece la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aún es una tarea pendiente en el país. Hacer cumplir la ley es aún apremiante en momentos en que el incremento en la tasa de accidentabilidad vial estaría engrosando la cifra de personas con discapacidad en Nicaragua.

Según estimaciones del Ministerio de Salud, que maneja el programa Todos con vos, en Nicaragua hay unas 130 mil personas con discapacidad. El setenta por ciento de las discapacidades tiene su origen en los accidentes de tránsito, en el trabajo, hogar y enfermedades crónicas.

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El tesorero de la Federación de Asociaciones con Personas con Discapacidad (Feconori), David López, explica que de “las 130,000 personas con discapacidades, el cuarenta por ciento son mayores de 60 años, que vienen siendo 52,000 personas; las restantes 78,000 personas, alrededor de 26,000 son menores de 18 años, son personas económicamente activas, de esa cantidad solo el 25 por ciento está en empleo formal”.

Oportunidad laboral

Se desconoce cuál es el nivel académico de las personas con discapacidad, pero según representantes de organismos de defensa de los derechos de este segmento poblacional, muchas de estas personas que hayan alcanzado un nivel de educación técnico o superior optan por desarrollarse en un empleo de subsistencia por la falta de oportunidad en el mercado formal.

Pero saber cuántos de ellos están en la empresa privada e instituciones públicas aún es una debilidad que el Ministerio del Trabajo debe resolver, afirma López, porque el único avance que identifican es que en las boletas de evaluación a las empresas de esa institución incluyan el punto de cumplimiento del dos por ciento de la planilla.

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López coincide con Mario Sacasa, director ejecutivo de Fundación Futuro de Nicaragua, de que impulsar una política de cumplimiento de la Ley 763 es apremiante ante la creciente accidentalidad que estaría provocando más personas con discapacidad.

Acciones de inclusión

“La discapacidad no es algo que se va a eliminar, al contrario va en aumento (por la creciente tasa de accidentabilidad), tenemos que ser conscientes en desarrollar acciones de inclusión”, dijo Sacasa.

El tesorero de Feconori apuntó que de cada persona que muere en accidente de tránsito, nueve sobrevivientes quedan con algún tipo de discapacidad. “Debemos de ponernos a pensar que nadie está exento de sufrir algún tipo de discapacidad”, afirmó.

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Según datos de la Policía Nacional, el año pasado fallecieron 789 personas en accidentes de tránsito y 4,781 personas lesionadas. Con ello, por cada cien mil habitantes en Nicaragua se registraron 75 lesionados y por cien accidentes 12 personas resultaron lesionadas.

Inversión es deducible

Para abrir una plaza laboral a una persona con discapacidad los empleadores deben crear espacios accesibles para estos trabajadores, lo que requiere inversión.

López asegura que todas las personas con discapacidades afrontan dificultades para encontrar un empleo. El representante gremial señala que personas con muletas, sillas de ruedas y bastones y que están laborando tienen dificultades en el acceso a las empresas. “Esto a pesar de que la Ley de Concertación Tributaria habla que cualquier empleador por hacer accesible el entorno (inversiones para tales fines) son deducibles de los impuestos”, afirma.

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López se refiere al artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria, donde estipula que las adecuaciones a los puestos de trabajo y por las adaptaciones al entorno en el sitio de labores en que incurre por el empleador, en el caso de personas con discapacidad, son considerados costos y gastos deducibles.

Para abrir una plaza laboral a una persona con discapacidad los empleadores deben crear espacios accesibles para estos trabajadores, lo que requiere inversión.

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López asegura que todas las personas con discapacidades afrontan dificultades para encontrar un empleo. El representante gremial señala que personas con muletas, sillas de ruedas y bastones y que están laborando tienen dificultades en el acceso a las empresas. “Esto a pesar que la Ley de Concertación Tributaria habla que cualquier empleador por hacer accesible el entorno (inversiones para tales fines) son deducibles de los impuestos”, afirma.

López se refiere al artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria, donde estipula que las adecuaciones a los puestos de trabajo y por las adaptaciones al entorno en el sitio de labores en que incurre por el empleador, en el caso de personas con discapacidad, son considerados costos y gastos deducibles.

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El representante gremial indica que las personas ciegas y sordas tienen la dificultad de acceder a la formación técnica y a la tecnología, pese a que “muchos empleos requieren de herramientas tecnológicas”.

Durante la presentación del programa Access ejecutado por World Visión en semanas recientes, Ernesto Medina, rector de la Universidad Americana (UAM), señaló que la principal barrera está en el diseño arquitectónico de la mayoría de las empresas. “Debemos crear un entorno libre de barreras”, afirma.

Escuela de arte, comunicación y televisión para sordos y ciegos celebra segundo aniversario. LAPRENSA/CORTESÍA.

Buscan impulsar derecho

Matthias Dietrich, director ejecutivo de Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (UniRSE), admite que en el país hay buenas leyes, pero lo que se debe preguntar es qué se está haciendo para cumplirlas. “No lo debemos de ver como un proceso de apoyar, si no como un proceso de integración de las personas en el proceso laboral de las empresas”, aseveró Dietrich.

UniRSE trabaja en conjunto con organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad para incluir dentro de los planes de Responsabilidad Social Empresarial el reconocimiento pleno de esa obligación de ley, que según López, también presidente de la Asociación de Ciegos Maricela Toledo, en un informe que realizó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, solo la Alcaldía de Managua cumple la cuota del dos por ciento.

Al respecto, López afirmó que la mayoría de las personas con discapacidad que tienen un empleo formal lo logran en zona franca, en el caso de las tabacaleras donde laboran en la selección, proceso y empaque de puros.

Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), aseguró que están cumpliendo con lo que establece la ley.

“Nos acogemos a lo que dice la ley, el puesto (laboral) depende del perfil de la empresa, la ley es para darle a ese discapacitado un entorno donde pueda desarrollarse y no se sienta discapacitado, si lo vamos a meter en un ambiente que vamos a empeorar la situación no estamos cumpliendo con la ley”, dijo García al referirse a la Ley 763.

Por su lado, López destacó que los empresarios deben de estar claros que la persona con discapacidad tiene que cumplir con los requerimientos que se necesitan para optar por el puesto. La “discapacidad nunca debe ser confundida con falta de calidad y al momento de las entrevistas el empresario no se debe fijar si la persona tiene dificultad en la estructura biológica de su cuerpo

Puros nicaragüenses

Bolsa de trabajo

Fundación Futuro de Nicaragua, en coordinación con organismos de personas con discapacidad, pretende crear una base de estadísticas con el fin de establecer una referencia para potenciar plazas de trabajo formales. “Vamos a aprovechar que tenemos el acercamiento con la empresa privada y con las personas con discapacidad para iniciar a crear una base de datos nacional”, dijo Mario Sacasa, director ejecutivo de Fundación Futuro de Nicaragua.

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