El proyecto de la triple reforma enviado por el Ejecutivo al Legislativo es una expresión clara de la concentración de poder existente en Nicaragua, señala la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Wendy Flores, organismo que como integrante de la Red de Mujeres contra la Violencia se sumó a un posicionamiento presentado este martes ante la Asamblea Nacional.
En el escrito, la Red expresa su posición en particular alrededor de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer y demanda a los diputados no proseguir con el proceso de las reformas “ya que la aprobación de la misma provocará indefensión e impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, especialmente en los femicidios”.
Flores dijo que el Cenidh como integrante de la Red de Mujeres considera que la solución no es el incremento de penas sino que las mismas se cumplan, pues no resuelve el problema de impunidad en delitos como la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres y que más bien podría agravarlo.
“El problema es que tenemos un alto índice de impunidad”, dijo Flores, quien refirió que las reformas van en detrimento de la ley 779, fortalecerán “más bien una cultura machista en el país, va a promover impunidad y legalizar lo que en la práctica se viene dando con el reglamento”. Y le resta valor a la misma, al reformar de hecho el tipo penal de femicidio.
Y apuntan que el 7 por ciento de las denuncias presentadas por violencia contra la mujer y recibe la Fiscalía son las que obtienen sentencia de culpabilidad, lo que indica que el índice de impunidad es alto y que al compararlo con el esfuerzo que hacen en contra el crimen organizado existe una gran diferencia pues más del 95 por ciento, según el informe de la Fiscalía tuvieron resultados de culpabilidad.
La Red de Mujeres demanda que la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer realice una evaluación de la implementación de la Ley 779 y una evaluación del reglamento de la misma según los períodos de entrada en vigencia de cada una de ellas.
Igualmente plantea que la Corte Suprema de Justicia resuelva los recursos por inconstitucionalidad presentados en contra del reglamento a la ley.