Abogados penalistas afirman que mediante la reforma en materia penal propuesta por el Gobierno, se está incluyendo el homicidio imprudente como delito grave y de esta manera se van a endurecer las penas para quienes causen la muerte de otras personas en accidentes de tránsito.
El homicidio imprudente será considerado un delito grave y por tanto será canalizado por un juez técnico, y quien sea acusado de cometer ese tipo de delito pasará en prisión preventiva hasta que se le dicte condena, según el análisis de la propuesta de cambio al artículo 565 del Código Penal, que hacen los abogados José Pallais, José Manuel Nicaragua y Luis Perezalonso.
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“Hay un endurecimiento real porque vas a pasar el juicio con prisión preventiva, actualmente no es así porque esa prisión preventiva depende de varios criterios y no es la regla sino la excepción, pero al considerarlo ahora el homicidio imprudente un delito grave es vinculante cuando ocurre en un accidente de tránsito”, afirmó Pallais, expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea.
Normas elementales
“El problema que vemos son las consecuencias de estas reformas a la violación del derecho de las personas, porque toda persona tiene derecho a la libertad y las leyes actualmente establecen que la prisión es el último requisito. Pero esta nueva norma lo que dice es que si cometo un accidente de tránsito y como consecuencia hay un muerto voy a la cárcel y prácticamente me dan por condenado”, afirmó Perezalonso, presidente del Colegio de Abogados de Nicaragua.
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El Código Penal en su artículo 141 establece que “quien cause un homicidio por imprudencia temeraria, entendiéndose como tal la violación de las normas elementales de cuidado, se castigará con la pena de uno a cuatro años de prisión”. Y si se comete “bajo los efectos de fármacos, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, será penado con prisión de cuatro a ocho años”.
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Daniel Ortega, presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), envió a la Asamblea Nacional un combo de propuestas de reformas al Código Penal (Ley 641), al Código Procesal Penal (Ley 406) y a la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, donde plantea el incremento de penas en los delitos de parricidio, femicidio, asesinato, violación a menores de 14 años y violación agravada.
En el aumento de las penas no se incluye los homicidios imprudentes, sin embargo los abogados Pallais y Perezalonso coinciden en que hay un endurecimiento real contra quienes se vean involucrados en accidentes de tránsito y como consecuencias haya muertos porque serán tratados igual que cometa un delito grave como terrorismo o tráfico de drogas.
Según Pallais, el aumento de las penas “es un enmascaramiento de las verdaderas intenciones como es la violación de garantías fundamentales constitucionales y de derechos humanos y terminar de destrozar la Ley 779”.
El Gobierno también propone en su reforma penal que los jueces técnicos canalicen casi todo tipo de delitos, y busca legalizar las detenciones ilegales y que los detenidos por delitos de supuesta relevancia social sean juzgados en Managua, lo que prácticamente hace desaparecer los jurados de conciencia y viola el principio de inocencia y de ser juzgado por un tribunal de la circunscripción donde se cometió el delito, de acuerdo con los abogados.
¿Respalda o no las reformas el Cosep?
Las reformas en materia penal fueron elaboradas por una comisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y la Presidencia. En la Comisión de Justicia de la Asamblea se consultarán las propuestas este miércoles únicamente con las instituciones que redactaron las reformas penales, y el sector privado será el único de la sociedad civil que será escuchado.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), confirmó vía mensaje de texto, que fueron invitados a la consulta en la Comisión de Justicia, a la cual él no asistirá porque estará en Miami en un evento empresarial.
