Los funcionarios orteguistas han descubierto una forma de ejecución humana, cuya efectividad es comprobable mediante análisis estadístico de probabilidades. No se requiere fusilar a nadie, ni aplicar inyección letal, ni electrocución, ni degollar o decapitar, ya sea con espada, cuchillo o guillotina, ni cámara de gas, ni el uso del garrote vil o la horca, ni la sumersión sostenida en una pileta inmunda. Es una forma limpia, barata, científica, probablemente democrática, de ejecución, porque se trata de suprimir la vida premeditadamente como política pública. Basta negarles las medicinas necesarias a los enfermos crónicos pensionados.
La economía para el INSS con este procedimiento no es solo por las medicinas ahorradas, lo que ya es bastante contablemente, sino, fundamentalmente, por las pensiones que se dejarán de pagar al precipitar silenciosamente la muerte natural de los ancianos. Ahora se entiende por qué se anunció que no se aumentará la edad de jubilación ni el número de cotizaciones. Con este simple expediente ahorrativo, ya en marcha, se logra retroceder la expectativa de vida de los pensionados en seis u ocho años, a niveles de cuarenta o más años atrás. Y con el creciente número de pensionados (por ahora, cerca de ciento veinte mil), el ahorro no es despreciable, y se puede continuar administrando y derrochando los fondos de las cotizaciones con la misma falta de transparencia. Todo cuadra perfectamente con lo que alguien llama “el actual estado de cosas”.
La relación, financieramente insostenible, entre cotizantes por pensionado, que revela un problema estructural que atañe a la productividad del sistema económico, al valor agregado incorporado en la producción, a la calificación laboral y al valor salarial correspondiente, puede regresar a límites aceptables sin necesidad de ninguna innovación paramétrica, con solo que se elimine, sin escrúpulo alguno, el creciente número de pensionados crónicos. Es una medida brillante, aunque inhumana, con la que se puede eludir la complejidad actuarial del problema del envejecimiento de la población.
Seguramente, es un delito de lesa humanidad, pero, no hay dramatismo estridente, colectivo, como con el uso de gas sarín. Incluso los organismos de derechos humanos ven distraídamente para otro lado. Las víctimas agonizan plácidamente en sus hogares, y caen aleatoriamente una tras otra por obra de una mano invisible, natural, como la mano invisible del mercado. Es una medida orgánica, sin productos químicos, deja que la sabia naturaleza siga su curso. Aquí se aplica, también, la teoría del derrame. Se cortan las medicinas a los pensionados crónicos, y espontáneamente, de inmediato, se derrama progresivamente la muerte, como si se vertiera champagne en un castillo de copas, en alguna fiesta rusa.
Hasta podría generarse cierto dinamismo económico con el repunte de la industria de ataúdes, la venta de terrenos en el camposanto, y el empleo de enterradores y cuidadores de tumbas. O con la elaboración y venta de lápidas mortuorias, o con el cultivo y venta de flores. Es un beneficio de segundo orden, como con la emigración, que además de reducir el número de desempleados, genera remesas por valor de mil trescientos millones de dólares, casi el 60 por ciento de las exportaciones del país (sin la menor inversión empresarial). ¡Cómo crecería la economía si se duplicara la emigración!
Los esquimales acostumbraban que sus ancianos, cuando eran prácticamente inútiles a la comunidad, incapaces incluso de suavizar las pieles masticándolas con las encías desgastadas, se alejaran para que los comiera el oso, contribuyendo así al equilibrio ecológico entre presas y depredadores, que no acaba de definirse entre el oso y el hombre en el país de las sombras largas. Una costumbre semejante sería tropicalizada aquí, vista la parecida y apremiante escasez de recursos.
Seguramente, alguien dirá que este modelo no paramétrico, que elimina a los viejos, como hacen las focas, pero por razones de procreación, diseñado por una burocracia brutal, fríamente calculadora, es exportable a países donde la seguridad social enfrente problemas de sostenibilidad financiera. El ahorro premeditado podría ser de 40 millones de dólares anuales por esa prematura muerte de los viejos dependientes. Lo que resulta tentador como solución final para esa eficiente reingeniería nazi.
Por ello, quizás, con esa lógica orteguista flota algo de Auschwitz en las clínicas previsionales del INSS.
El autor es ingeniero eléctrico.
