Banco Mundial busca fortalecer derechos de propiedad en Nicaragua

“Garantizar los derechos de propiedad y modernizar las instituciones relacionadas con el ordenamiento de la propiedad son fundamentales para mejorar la productividad de Nicaragua”, afirmó el representante del Banco Mundial en Nicaragua.

Nicaragua, registro de la propiedad

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de una circular reformó la Ley 698, para legalizar el secretismo de las transacciones registrales. LA PRENSA/ARCHIVO

En momentos en que miles de campesinos asentados en el Sur de Nicaragua se quejan de la falta de seguridad jurídica para sus tierras, por estar ubicados en el trazado proyecto del canal interoceánico, el Banco Mundial le facilita a Nicaragua un préstamo de 18 millones de dólares para mejorar los servicios de regulación, titulación y registro de propiedad del país.

Una nota de prensa fechada el 14 de junio en Washington, Estados Unidos, sede del citado organismo financiero internacional, indica que el fondo beneficiará a cerca de 800,000 personas en Nicaragua, luego de aprobarse ese día el préstamo por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

De acuerdo al detalle técnico del Banco Mundial (BM), se trata de un financiamiento adicional al Segundo Proyecto de Ordenamiento de la Propiedad en Nicaragua.

Con este proyecto, según el BM, cerca del 30 por ciento del territorio nacional “se ha beneficiado con actividades de barrido catastral y regularización en las zonas del Pacífico y Central; así como en la región del Caribe donde sobresale la titulación colectiva de los territorios indígenas”.

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El financiamiento adicional, según el organismo financiero, “permitirá ampliar estas actividades, lo que mejorará el clima de inversión y ampliará las oportunidades económicas para la población nicaragüense”.

El Gobierno de Nicaragua ha recibido la buena noticia de la aprobación de este financiamiento, que nos permitirá continuar desarrollando y consolidando el marco legal, institucional y técnico de los derechos de propiedad de la población nicaragüense”, señaló el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta Montalván.

Esto se traduce en seguridad jurídica para hacer al país más atractivo para la inversión, generar mayor empleo, y dotarlo de mayor estabilidad y crecimiento económico con justicia social para el bienestar de nuestro pueblo, refirió en la nota de prensa el funcionario público.

Sin embargo, ni Acosta ni ningún otro funcionario ligado al tema de la seguridad jurídica de las propiedades, ha respondido a LA PRENSA o aclarado a la opinión pública de dónde provienen las órdenes de prohibirle a los campesinos y productores asentados en la ruta del proyecto de canal interoceánico, hacer cualquier transacción legal con sus propiedades.

¿Seguridad jurídica?

LA PRENSA ha logrado constatar que miles de pequeños y medianos productores que habitan en el Sur de Nicaragua, donde el gobierno trazó el proyecto vial acuático que beneficia por 100 años al empresario chino Wang Jing, están impedidos de inscribir, traspasar, o transar cualquier tipo de negocio con sus tierras, sin que nadie les explique formalmente el motivo.

Entre las acciones que los propietarios privados no pueden hacer es inscribir escrituras de compra-venta, acceder a préstamos hipotecarios, darlas en prenda agraria, donarlas, heredarlas o cualquier otra acción que implique el cambio de dominio o dueño de dichas tierras.

Tenemos cuatro años con el problema. No tenemos derecho a préstamo a inscribir nuestras tierras. Hubo denuncia que están prohibiendo hacer compra-venta, porque entre nosotros los campesinos nos compramos tuquitos de tierra, pero cada día vemos más limitado este derecho”, dijo a LA PRENSA en mayo pasado Francisca Ramírez, líder del Movimiento campesino contra la Ley 840.

Las comunidades afectadas son varios municipios de Rivas y en el Caribe Sur de Nicaragua, Nueva Guinea y otras zonas rurales, donde se han realizado casi 100 marchas de protestas contra la ley del canal.

 

Los registros públicos de la propiedad de estas zonas no permiten la inscripción de ninguna transacción legal sobre estas fincas, denuncian ciudadanos afectados y abogados y notarios de la zona.

En las oficinas locales de los bancos nicaragüenses, a los campesinos de la zona le indican que no les aceptan ninguna gestión donde ellos traten de poner como garantía sus propiedades por encontrarse las tierras en una “zona roja de alta inseguridad jurídica”.

El optimismo del Banco Mundial

Volviendo al préstamo del Banco Mundial, como parte de las actividades de regularización de tierras, con el proyecto original cerca de 75,000 familias han recibido documentos legales para sus propiedades, de las cuales más de 54,000 son nuevos títulos; además, un 57 por ciento de los beneficiarios son mujeres.

También ha habido avances importantes en el rediseño del Sistema Integrado de Información de Catastro y Registro (SIICAR), y se ha contribuido a la resolución de disputas de tierras, 60 por ciento de las cuales fueron mediadas e inscritas en el Registro Público de la Propiedad”, dice el BM en su nota de prensa.

Garantizar los derechos de propiedad y modernizar las instituciones relacionadas con el ordenamiento de la propiedad son fundamentales para mejorar la productividad de Nicaragua”, afirmó Luis Constantino, representante del Banco Mundial en Nicaragua.

Desde 2002, el Banco Mundial ha apoyado a Nicaragua en esta tarea. Hoy reconocemos el esfuerzo del actual Gobierno que ha transformado el sector de la propiedad al promulgar nuevas leyes, modernizar las instituciones y regularizar las tierras”, insistió, sobre este préstamo que tiene un plazo de amortización de 25 años, con un período de gracia de cinco años.

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