La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una comunicación escrita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( Corte IDH) , expuso su preocupación porque el Estado de Nicaragua hasta ahora no presentó información detallada sobre la implementación de las medidas provisionales para seis comunidades indígenas miskitas del Caribe Norte.
En sus observaciones de la CIDH a la información presentada por el Estado de Nicaragua y los representantes indígenas, menciona también su preocupación por los señalamientos que hace en un diagnóstico enviado a la Corte IDH en los que responsabiliza de la situación de conflicto al Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) y a la organización indígena de Yatama.
La CIDH señala en sus observaciones que le preocupa la supuesta omisión de las autoridades de Nicaragua en atender hechos denunciados por representantes indígenas en noviembre del año pasado y manifiesta su interés de que en el próximo informe que remita el Estado se refiera a esto, así como sobre las medidas que estaría adoptando.
El Estado de Nicaragua debe presentar ante la Corte IDH cada tres meses un informe sobre las medidas provisionales pero en las dos ocasiones que lo ha hecho han sido diagnósticos muy generales y no hablan de acciones concretas para mitigar el riesgo y atender la situación del saneamiento, señala la presidenta de Cejudhcan, Lottie Cunningham.
En septiembre del 2016 la Corte IDH emitió una resolución en las que dispone medidas provisionales de protección en favor de todos los miembros del pueblo indígena Miskitu que habiten en las comunidades de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi, así como respecto de las personas que presuntamente hayan tenido que abandonar dichas comunidades y deseen regresar “a fin de garantizar su vida, integridad personal y territorial, seguridad colectiva de todos sus miembros, particularmente las mujeres y los niños”.
Luego en noviembre después del crimen contra los comunitarios Gerardo Chale Allen, de 30 años; Neli Pedro Parista, de 28, también otorgó iguales medidas para la comunidad de La Esperanza, Río Coco, con lo cual suman seis de doce comunidades que obtienen medidas cautelares por parte de la CIDH.
Mientras el activista de derechos humanos en Waspam, Lamberto Chow denunció que ha conocido de casos de desarme a indígenas por parte de la Policía, lo que les deja indefensos ante posibles ataques de colonos.
Menciona un caso reciente ocurrido en la comunidad de Tasba Pain, del territorio Wangki Twi Tasba Raya, donde cuatro policías se presentaron en horas de la noche a la casa de Santos Román Ortiz, a quien presuntamente ya esposado y apuntándole en la cabeza con un arma de fuego, en presencia de sus hijos menores, le ordenaban que dijeran donde tenía su arma de fuego.
El activista de derechos humanos refirió que el detenido aseguró que fue golpeado y debido a ello despertó en una celda de la Policía. Chow asegura que estos hechos ocurren regularmente en la zona y la Policía actúa cuando los indígenas son denunciados por personas de los llamados Comité de Liderazgo Sandinista (CLS).
“Quieren que estemos sin armas para que nos terminen de matar”, sostuvo Chow.
Cunningham dice que Cejudhcan mantiene un monitoreo en las comunidades, donde ha conocido únicamente de que el Gobierno ha insistido que ellos dejen las armas, a lo cual se oponen por lo que son los afectados. Pero desconoce casos de cateo en particular.
No obstante, Cunningham señala que en las comunidades ha aumentado la pobreza pues no pueden cosechar porque no van a las parcelas, y donde hay parcelas cercas se las roban y “la gente se está muriendo de hambre”.
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Y los comunitarios que tienen medidas cautelares como han sido víctimas y han denunciado cuando el Gobierno implementa sus programas como los del Ministerio de Economía Familiar no los integran a ellos, o el llamado Plan Techo, son selectivos solo a grupos afines del Gobierno. “A ellos los tienen tildados como si ellos están en contra del Gobierno y lo que ellos están haciendo es defendiendo sus derechos por eso ellos han denunciado la vulnerabilidad que han vivido”, sostuvo la defensora de derechos humanos.
