En Nicaragua, el Estado hace caso omiso de las denuncias de violaciones de derechos humanos, mientras que los activistas de derechos humanos sufren persecución, dice Amnistía Internacional en una carta pública titulada Derechos Humanos en las Américas: desafíos y oportunidades en una era regresiva.
LEA: Estados Unidos: Autoritarismo y corrupción en Nicaragua
La misma fue publicada con motivo de la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) a celebrarse entre el 19 y 21 de junio, en México, a través de la cual considera que las profundas brechas sociales, económicas, de participación, acceso a la justicia y ejercicio de los derechos humanos que aún caracterizan a la región, constituyen una de las principales causas de sufrimiento y abusos que enfrentan millones de habitantes en el continente. Las Américas continúa siendo la región más desigual y violenta del mundo, apunta Amnistía Internacional.
En la carta pública esa organización resalta que han sido pocos los avances reales de los Estados para combatir la violencia contra mujeres y niñas. La mayoría de responsables de violaciones sexuales, y femicidios, no son llevados ante la justicia. Nicaragua es uno de esos países mencionados donde indica, continúan las denuncias de violencia de género en grandes números.
Mujeres pobres, las principales víctimas
“En Nicaragua, las mujeres que viven en pobreza son las principales víctimas de mortalidad materna, y el índice de embarazos de adolescentes es uno de los más altos de la región. Además, las mujeres nicaragüenses son sometidas a una de las legislaciones más restrictivas del mundo sobre aborto, debido a la prohibición del mismo en todas sus formas, incluso cuando la vida de la mujer está en peligro”, refiere Amnistía Internacional.
Y también refiere esa organización que las numerosas violaciones de los derechos sexuales y reproductivos repercuten considerablemente en la salud de las mujeres y las niñas.
A propósito de esto, el Instituto de Medicina Legal (IML), reporta en su Anuario Estadístico de 2016 que durante ese período realizó 4,941 peritajes por violencia sexual, de ese total correspondió a 4,133 de personas, en su mayoría del sexo femenino en edades comprendidas de 0 a 17 años y 1,191 a víctimas de 0 a 12 años.
La semana pasada las organizaciones de mujeres criticaron que en el informe anual presentado por la Fiscalía ante la Asamblea Nacional, no detalló cuantos casos por delitos de violencia sexual fueron remitidos a los tribunales, pese a que en el Anuario de la Policía en 2016 registra dos mil 653 mujeres víctimas de violencia sexual.
Desplazamiento de indígenas
Amnistía Internacional también resalta que los pueblos indígenas continúan siendo desplazados a la fuerza de sus propias tierras por agentes estatales y no estatales —entre ellos terratenientes y empresas— quienes buscan su propio beneficio económico.
Los proyectos de desarrollo —incluidos los de las industrias extractivas— amenazan la cultura de los pueblos indígenas y propician el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Además, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado continúa siendo negado de forma sistemática.
Y en el caso de Nicaragua, dice, ha existido un aumento de la violencia en el Caribe Norte donde los pueblos indígenas miskitos sufren amenazas, ataques, violencia sexual, homicidios y desplazamiento forzado a manos de colonos no indígenas.
En mayo del año 2016, los líderes de las comunidades indígenas y afrodescendientes del Territorio Rama y Kriol señalaron también que el acuerdo para la construcción del Gran Canal Interoceánico se había firmado sin que se llevara a cabo un proceso efectivo de consulta, apunta Amnistía Internacional.
“Amnistía Internacional hace un llamado a garantizar la consulta previa e informada como derecho de los pueblos indígenas, de conformidad a lo establecido en Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración Americana de Pueblos Indígenas. En el contexto de mega proyectos e industrias extractivas Amnistía urge a los Estados a asegurar que la consulta genere confianza entre las partes, respete las instituciones representativas de los pueblos indígenas y se lleve a cabo de forma sistemática y transparente, para el entendimiento mutuo y el concenso en la toma de decisiones”, expone en la carta pública.