El próximo lunes se inicia en México la Asamblea General Anual de la Organización de Estados Americanos (OEA) y previo se tendrá la segunda sesión de la Reunión de Consulta de Cancilleres para tratar la problemática de Venezuela.
La primera sesión tuvo lugar el pasado 31 de mayo en Washington, sin ningún resultado. No hubo consenso sobre ninguno de dos proyectos de declaración. Uno, auspiciado por México y otros países, demandando liberación de los presos políticos, elecciones inmediatas, respeto a la independencia de poderes, asistencia humanitaria, y ofreciendo la gestión amistosa de un grupo de países. El otro, influenciado por Venezuela y Cuba, respaldado por países del Caribe anglófono y unos pocos continentales, incluido Nicaragua, que rebajaba sustancialmente el tono y se amparaba en el principio de no intervención, para no terminar ofreciendo nada que contribuyera a la solución de la crisis venezolana.
Mientras tanto, el pueblo venezolano se desangra por la represión, el país se hunde en una pavorosa crisis económica y humanitaria, y el gobierno de Maduro se amuralla en una dictadura borrando todo rasgo democrático.
Pero todo mundo sabe que pese al aferramiento de Maduro y su camarilla, más temprano de lo que ellos quisieran la tragedia venezolana tendrá un fin. Pero atrás quedará un país extremadamente polarizado, tornando muy difícil la reconciliación posible y necesaria. Si más sangre se derrama, mayor polarización, y más difícil reconciliación.
Independientemente del tono de las declaraciones sobre las que no hubo consenso el 31 de mayo, el quid del rechazo venezolano fue al ofrecimiento de la gestión amistosa de un grupo de países que condujera a una negociación y compromisos verificables, para evitar un desenlace más sangriento de la crisis. La oposición, aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha manifestado su disposición a ese tipo de diálogo.
El 22 de marzo de 2014 escribimos en este periódico que esa negociación deseable “deberá conducir a una redefinición del actual modelo de Estado que dé cuenta, como mínimo, de dos extremos: la inclusión social que ha propiciado el chavismo, y las demandas de Estado de Derecho Democrático que enarbola la oposición. La gigantesca riqueza petrolera y el potencial productivo de Venezuela da suficiente holgura para compatibilizar esos extremos, en una convergencia de equidad, economía de mercado y democracia liberal”.
Agregábamos: “La MUD no tiene obstáculo en acoger las reivindicaciones de los sectores populares. De hecho, las dos corrientes fundacionales de la oposición al chavismo, la socialdemócrata y la socialcristiana, tienen a la justicia social en su eje ideológico… El chavismo, en cambio, que ha favorecido la inclusión social y, a la vez, la creación de nuevas élites económicas rentistas —como en Nicaragua, por cierto— pero bajo un modelo insostenible económicamente, tiene más dificultades en aceptar las demandas democráticas de la oposición. Así que en Venezuela, sin otra salida que no sea la negociación, Maduro tiene la palabra”.
Los antecedentes de la Asamblea de la OEA del próximo lunes difícilmente hacen prever que se avanzará en esa negociación deseable y posible. Y el discurso de Trump, ayer en Miami, tampoco facilitará ese avance.
En esa Asamblea se conocerá el Informe del secretario general Almagro en el cual se recoge el diálogo que ha iniciado con el gobierno de Ortega. Como parte de ese diálogo, la OEA observará las próximas elecciones municipales, en la que subsisten deficiencias sistémicas y exclusión de amplios sectores de la oposición. Pero el diálogo contempla una Misión de Cooperación de la OEA hasta el 2020, y el Gobierno se ha comprometido a que la misma apunte al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Las elecciones generales de 2021 pondrían a prueba ese compromiso.
He titulado este artículo Anticipar la transición (1), porque todo gobierno autoritario, en algún momento, tiene su fin. Lo tuvo Zelaya con la intervención norteamericana; lo tuvo Somoza, con insurrección y posterior guerra civil. Si queremos evitar que el gobierno de Ortega, que también ha manifestado voluntad de perpetuidad, no termine en una catástrofe humana y económica, como Venezuela, en los próximos artículos exploraremos qué hacer para que la transición del autoritarismo a la democracia evite esa catástrofe.
El autor fue candidato a la vicepresidencia de Nicaragua.