Las condiciones de la Nica Act benefician al país



Las condiciones de la Nica Act benefician al país

Un flaco favor le haría a los nicaragüenses si se logra detener o “suavizar” la Nica Act sin que el régimen Ortega-Murillo se comprometa a alguna o a todas las condiciones que han sido plasmadas en esa iniciativa de ley de EE. UU.

27/06/2017
Róger Mendieta, FSLN

El cabildero de ascendencia cubano-española, Arturo Estopiñán, contratado por el empresario Roberto Argüello para tratar de “suavizar” la llamada Nica Act en el Congreso de Estados Unidos (EE. UU.), dijo el domingo en entrevista exclusiva a LA PRENSA que el problema con esa iniciativa de ley son “los castigos económicos”.

Como es sabido, si esta ley es aprobada, Estados Unidos se vería obligado a hacer dos cosas: votar en contra de cualquier préstamo que solicite Nicaragua en organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e iniciar una investigación de los principales funcionarios del régimen bicéfalo en los cuatro poderes del Estado para determinar si alguno de los funcionarios está involucrado en actos de corrupción.

Según Estopiñán, y obviamente Argüello que lo contrató, es la primera parte de esta iniciativa de ley la que les preocupa. Si EE.UU. logra bloquear los préstamos y donaciones del Banco Mundial y del BID, que en los últimos años han representado entre 230 millones y 250 millones de dólares, la inversión pública —una de las principales cartas de presentación del régimen— se desplomaría, ya que según estimaciones del economista Adolfo Acevedo, publicadas en meses pasados en LA PRENSA, el 52 por ciento de la inversión pública en Nicaragua se financia con estas fuentes que quedarían bloqueadas.

Aunque hay otros expertos que aseguran que el impacto de la Nica Act se sentiría en unos tres años y que además dicho impacto es “administrable”, Estopiñán y Argüello tienen razón en decir que la iniciativa resultaría en un duro golpe, pero además, para la segunda economía más pobre del hemisferio, también significaría un duro golpe a la inversión. Pocos, si acaso algún inversionista privado  —sea nacional o extranjero— se atreverían a poner su dinero en un país que está en semejante situación frente a Estados Unidos, que además es su principal socio comercial.

No hay duda que una ley como esa tendría efectos inmediatos que solo empeorarán con el tiempo.

Pero debemos recordar que el nombre oficial de la llamada Nica Act es Nicaraguan Investment Conditionality Act (Ley de Condicionalidad para la Inversión en Nicaragua). La palabra clave acá es “condicionalidad”.

¿Y cuál es esa condición o condiciones? Que en Nicaragua se vuelvan a celebrar elecciones libres y transparentes; que en el país se promueva la democracia así como un poder judicial y un poder electoral independientes; que se fortalezca el Estado de Derecho; que se combata la corrupción; que se respete el derecho a la libertad de asociación y expresión; que se proteja el derecho a trabajar y operar sin interferencia a miembros de los partidos de oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas y otros miembros de la sociedad civil, entre otros.

Si esas condiciones se cumplen, la posible aprobación de la Nica Act quedaría sin efecto. Pero ¿quién puede garantizar que esas condiciones se cumplan?, solamente el régimen que han impuesto en Nicaragua Daniel Ortega y su esposa, pues son ellos los que han deteriorado o eliminado las libertades y la institucionalidad en este país.

Entonces, una vez desmenuzada la situación, queda claro una vez más que la solución a la Nica Act, más que en manos de EE. UU., está en manos del régimen bicéfalo de los Ortega-Murillo. Es difícil pensar que, fuera de Ortega, Murillo y su círculo, hay algún nicaragüense que se oponga a que aquí se realicen elecciones libres, que aquí haya un poder electoral y un poder judicial independientes, que se combata seriamente a la corrupción o que se permita a la ciudadanía expresarse y asociarse libremente.

Un flaco favor le haría a los nicaragüenses si se logra detener o “suavizar” la Nica Act sin que el régimen Ortega-Murillo se comprometa a alguna o a todas las condiciones que han sido plasmadas en esa iniciativa de ley de EE. UU., porque si vamos a decir las cosas como son, esas condiciones no son un anhelo de doña Ileana Ros-Lehtinen, sino derechos que le han sido arrebatados a los nicaragüenses.

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