El exsoldado del Servicio Militar Obligatorio, Marvin Vargas Herrera, está siendo acusado de comercializar marihuana y cocaína dentro del sistema penitenciario nacional Jorge Navarro conocido popularmente como La Modelo, este martes 27 de junio.
Según la Fiscalía, el reo —quien ya cumplía pena por estafa—, utilizaba a su cónyuge y a otros familiares que lo visitaban, para introducir la droga escondida en sus genitales los días de visita al sistema penitenciario.
La Fiscalía acusa a Marvin Vargas Herrera de comercializar droga dentro del sistema penitenciario.@laprensa pic.twitter.com/b5dhnw5iG8
— Martha Vásquez (@MarthaVasquezLP) 27 de junio de 2017
Luego, siempre de acuerdo con la acusación de la fiscalía orteguista, los reos visitados llevaban la droga en el ano para entregarla supuestamente al acusado, pero lo que no quedó claro es en qué momento entregaban la sustancia ilícita al acusado, porque este cumple pena en la galería de máxima seguridad, donde se supone no entra nadie sin ser requisado, menos otro reo.
Al respecto, el procesado dice que las acusaciones son falsas porque tiene cuatro órdenes de libertad desde diciembre de 2016 y no le dan su libertad, en cambio le están inventando cargos para no dejarlo libre pese a estar conforme a leyes en el tiempo para salir libre.
Movimiento
Según Vargas, Presidente de la Fundación de Veteranos de Guerra del Servicio Militar Patriótico, “Los Cachorros de Sandino”, si las acusaciones hubieran sido verdaderas, hubieran capturado in fraganti a los supuestos muleros de la droga y los hubieran procesado de inmediato, cosa que no ocurrió, por lo cual el reo considera que la acusación es una venganza política del partido de gobierno por el nivel de organización que llegó a adquirir el movimiento de veteranos de guerra.
Vargas lideró un movimiento de exsoldados voluntarios del antiguo Servicio Militar Patriótico, que se organizó para demandar al gobierno del presidente nombrado por el Poder Electoral, Daniel Ortega, el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1990, cuando a los militares activos se les prometieron tierras y otros beneficios sociales para dejar las armas e incorporarse a la vida civil.
Los veteranos prestaron servicio militar entre 1983 y 1990, cuando Nicaragua era gobernada por el FSLN y Ortega era presidente del país, que enfrentaba una guerra civil promovida por Estados Unidos contra el régimen militar sandinista de la época.
El grupo de militares retirados, que aglutinó a 6,800 hombres en 2011, protagonizó varias protestas en Managua y otros departamentos del país, exigiendo al presidente Ortega oportunidades de trabajo, pero no los escuchó y usó a las fuerzas del orden para reprimir las protestas.
En múltiples ocasiones los organismos de derechos humanos como la Comisión Permanente de los Derechos Humanos y Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, han reiterado que tras el encierro de Vargas se encuentran múltiples violaciones a las leyes y derechos humanos, y califican su caso como preso político del régimen de Ortega-Murillo.
