Uno de cada dos nicaragüense percibe que los niveles de conflicto político han aumentado en Nicaragua, revela una encuesta sobre percepción sobre seguridad ciudadana, implementada por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Pública (Ieepp).
El director del Ieepp, Félix Maradiaga, explicó que a través de la misma pudo apreciar que las personas son capaces de identificar la violencia política, aunque no la pueden definir con precisión.
La pregunta que el Ieepp realizó a las personas abordadas fue: “¿qué tanto considera que se han aumentado los conflictos y la violencia en el país durante los últimos seis meses?”.
Un 47 .4 por ciento respondió que “mucho”, 482.7, por ciento consideró que “poco” y un 8.9 por ciento “nada”.
Maradiaga refiere que la percepción de violencia política en el entorno más inmediato, como es el barrio o la comunidad, es muy bajo. Y difiere de la percepción de las personas del área rural.
En algunos lugares como Managua, no más del 4 por ciento de las personas cree que haya violencia política en su entorno inmediato y Maradiaga considera que eso está dentro del margen de error.
Sin embargo, expresa que para ahondar en algunos temas extendieron la encuesta en los primeros meses del 2017 y la aplicaron en otros municipios.
“Nos dimos cuenta que en algunos municipios rurales de Nicaragua como Muelle de los Bueyes, El Rama, Bluefields (…) por ejemplo, municipios que han tenido vinculación al proceso anticanal la probabilidad de que una persona se considere probable víctima, es cinco veces mayor que la de una persona de una localidad urbana”, detalló.
El director del Ieepp asegura que esta es una primera indagación sobre el tema de violencia política pero profundizará sobre el mismo en las próximas encuestas, porque en relación a las percepciones anteriores se consideraba que esto venía descendiendo, pero esto ocurre porque en el área urbana han disminuido las expresiones ciudadanas que en su momento se registraron entre 2009 y 2012, en Managua.
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“Pero este tipo de expresión ciudadana por ejemplo, de protesta en otras partes del país ha continuado, y es totalmente compatible con la percepción de violencia política”, comenta Maradiaga.
Una de las expresiones masivas que se han mantenido en los últimos meses en el interior del país están relacionadas sobre todo con la demanda de la derogación de la Ley 840, vinculada con el proyecto del Canal Interoceánico.
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Por otro lado, el Ieepp, también quiso indagar que conoce la población sobre la Ley de Seguridad Soberana, que recuerda Maradiaga, fue aprobada, como muchas otras, con mucha rapidez, sin un discusión y le otorga poderes discrecionales al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional para poder hacer labores de inteligencia y de monitoreo. Al tiempo que la definición de los riesgos y amenazas al país tiene una discrecionalidad muy abierta.
“La mayoría manifiesta no conocer la ley”, apunta el director del Ieepp, pero dice que una buena parte considera que no contribuye a la seguridad.
“¿Considera que la ley de Seguridad Soberana contribuye a la seguridad del país?” La respuesta del 48 por ciento de la población respondió que no.