Una serie de anomalías aprecia el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, en el nuevo proceso judicial al que fue sometido el exdirigente de los llamados Cachorros de Sandino, Marvin Vargas.
Cuevas considera que “hay una actitud de ensañamiento contra Vargas”, a quien prácticamente obligó a que aceptara el abogado de oficio que le nombró. Aunque aclara Cuevas que según la familia hizo una buena defensa.
No obstante, recordó Cuevas, que la Constitución establece el derecho al cual tiene toda persona a una defensa efectiva y a un defensor de confianza, eso no pasó” y su derecho fue vulnerado.
El abogado particular había solicitado al juez reprogramar el juicio, pues recién había sido nombrado y necesitaba preparar la defensa. El judicial no aceptó la petición y más bien cambió la fecha del juicio programada antes para el 4 de julio.
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La prueba con que Marvin Vargas fue enjuiciado nuevamente, “es espuria” (cuando la prueba deriva de un acto violatorio de las garantías constitucionales), según el asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas.
Recuerda el defensor de derechos humanos que Vargas permanecía retenido de forma ilegal por parte de las autoridades del SPN, “por lo tanto lo que supuestamente le hayan encontrado, (fue obtenido) de manera ilícita porque no estaba detenido, estaba en condición de secuestrado”. Y el Código Procesal Penal (CPP) establece que la prueba debe ser obtenida de manera lícita.
Víctima de abuso de autoridad
Previo al proceso que concluyó el martes con una sentencia de culpabilidad por supuesto tráfico de drogas a lo interno de la penitenciaría en contra de Marvin Vargas este permaneció por casi siete meses privado de libertad en la Galería 300, de Máxima Seguridad.
Durante ese tiempo Vargas contó con una orden de libertad por un caso anterior por el cual cumplió la condena de poco más de seis años. Las autoridades del SPN no la acataron.
Por tanto, dice Cuevas, Vargas es víctima de abuso de autoridad de parte del SPN.