En los primeros seis meses del 2017, según la Policía Nacional, hubo más muertos por accidentes de tránsito que en el mismo período el año pasado.
Exactamente 29 personas más han fallecido este año en las calles y carreteras del país, para un total de 410 frente a 381 que habían fallecido al 30 de junio de 2016.
La situación es tan grave que los accidentes de tránsito son la principal causa de muertes del país y ocurren más de 100 accidentes al día. En los primeros meses de este año las páginas y los sitios web de los principales medios del país informaban a diario de violentos accidentes y múltiples muertes.
El gobierno y la Policía Nacional reaccionaron endureciendo las multas, las penas y con una política de tolerancia cero para personas que conducen en estado de ebriedad, que el año pasado fueron la causa del 10 por ciento de las muertes ocurridas en las carreteras del país.
La mayoría de los accidentes son provocados por no guardar la distancia, giros indebidos e invadir carril, que el año pasado representaron el 60 por ciento de las causas, aunque los accidentes de mayor peligrosidad son originados por exceso de velocidad y el estado de ebriedad que en muchos casos van juntas.
Cada año la Policía sanciona a más de 5,000 personas por conducir en estado de ebriedad.
La Policía ahora impone multas más altas e incluye la suspensión de la licencia. Y en caso de homicidio imprudente, las penas ahora son mucho más severas.
Estas medidas han provocado la crítica de algunos conductores, y si bien es cierto que la Policía Nacional tiene aún mucho por hacer en cuanto al trato con la ciudadanía y una actitud más proactiva para regular el tránsito —hacer algo más que permanecer en ciertos puntos donde saben que los conductores cometen infracciones, por ejemplo— la dureza de las multas y la severidad de las penas no están de más. Estas medidas provocarán que al menos una buena parte de los conductores tome sus medidas y pensará dos veces antes de conducir ebrio o de manera temeraria. Eso sí, se deben aplicar a todos los infractores por igual.
Pero la mano dura no lo es todo. En Nicaragua mucha gente no considera mayor problema conducir a exceso de velocidad o habiendo tomado licor. Cambiar eso requiere de fuertes campañas de educación y concientización que deben dirigirse a toda la población, desde los niños hasta los adultos, en las escuelas y en los medios de comunicación, a los conductores, a los peatones y también a los oficiales de Tránsito.
Además, la campaña debe ser constante y permanente.
Y esta no es una tarea que debe enfrentar el Estado solo. El régimen presenta con orgullo su modelo de “alianza y consenso” con la empresa privada. Un área en la que este modelo podría tener efectos muy positivos es precisamente en esa campaña permanente de educación vial.
Multas más altas, medidas más estrictas contra los infractores y penas más severas cuando se causa una desgracia por imprudencia son efectivas hasta cierto punto, pero si no se logra un cambio en la mentalidad de la ciudadanía, si no se logra hacer entender que conducir es un privilegio y hacerlo con cautela es una responsabilidad, no se va a lograr reducir significativamente las terribles cifras que en la realidad significan miles de vidas y familias destrozadas cada año.
