Joseph Espinoza nació con una malformación. El brazo derecho de ella le llega hasta el codo y en la mano izquierda solo tiene un dedo. Tampoco puede caminar. Ella es parte de los más de siete mil facilitadores judiciales que ayudan a resolver conflictos en los barrios y comunidades de todo el país.
Según el presidente de la Asociación Nicaragüense de Discapacidades Físicas Severas (Andis), José Antonio Gutiérrez, en Managua hay cincuenta personas con discapacidad que al igual que Joseph Espinoza ejercen como facilitadores judiciales desde el 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia incluyó a personas con discapacidad a este programa.
“Iniciamos en el departamento de Masaya con sesenta facilitadores judiciales con discapacidad. Actualmente se ha extendido a Managua, habemos cincuenta facilitadores judiciales. También hay en occidente y el norte del país”, explica Gutiérrez, quien también sufre discapacidad.
El trabajo de los facilitadores judiciales es voluntario. Ellos se encargan de realizan trámites, efectuar mediaciones en problemas vecinales, asesoran a la población y le dan acompañamiento a las personas en sus gestiones.
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La discapacidad no ha sido impedimento para ejercer como facilitadores judiciales. Joseph Espinoza, quien es graduada de Relaciones Internacionales, puede escribir usando con lo poco que tiene de sus extremidades superiores y cuando lo requiere se auxilia de una asistente.
“Ser una persona con discapacidad no ha sido una limitante. La discapacidad no está en el miembro sino que está en la mente. Yo puedo escribir, soy licenciada en Relaciones Internacionales, soy mediadora y facilitadora (…) El trabajo del facilitador es voluntario. Yo le llamo amor al arte, por amor al servicio de la justicia, a la comunidad”, expresa Espinoza.
Otros sectores vulnerables
No solo las personas con discapacidad han logrado ser facilitadores judiciales. Por ejemplo, recientemente un grupo de 18 trabajadoras sexuales fueron juramentadas como facilitadoras.
“Existen otros sectores como las trabajadoras sexuales que son parte de este beneficio. También están los comerciantes de los mercados y otros sectores. Las personas con discapacidad jugamos un rol trascendental en esto porque venimos a romper esquemas sociales”, añade Gutiérrez.
Ahorro para el Estado
Los facilitadores judiciales le ahorran al Estado 2.5 millones de córdobas por cada mediación, según explicó a LA PRENSA el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Marvin Aguilar.
Los facilitadores judiciales pueden ser electos por los operadores de justicia, los pobladores de barrios y comunidades a través de asambleas y en presencia del juez. Luego son acreditados por la Corte Suprema de Justicia.
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El programa de facilitadores judiciales es promovido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en la región está presente en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Argentina y apoya a más de 5.5 millones de personas.
180
mil casos de justicia ayudaron a resolver los facilitadores judiciales en el 2016, según detalla la Memoria de ese año del poder judicial.