El veinte por ciento de los fondos destinados para empréstitos, de la cooperación venezolana a Nicaragua, fueron dirigidos a empresas estatales y municipalidades a partir de finales de 2016, según un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) que publicó un informe el 26 de junio pasado. El reporte de país es el número 17/173 del FMI.
Tiene 16 páginas y en el documento los técnicos del organismo internacional ofrecen sus puntos de vista sobre las finanzas de Nicaragua y el caso del Seguro Social.
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Pero también se pronuncian sobre la disminución de la cooperación venezolana, un grupo de observaciones que se dan en el marco de las revisiones a las que se someten los países miembros del Fondo.
“Como al final de 2016, aproximadamente del 20 por ciento del total de activos de Albanisa fueron préstamos a empresas estatales y municipalidades”, dice el reporte del organismo.
Según el economista Adolfo Acevedo, un estudioso de la cooperación venezolana desde sus inicios, esa es la principal razón de que ahora aparezcan cargados al Presupuesto General de la República los préstamos a instituciones estatales realizados por Caruna, tal como publicó LA PRENSA.
El informe del FMI precisa que Nicaragua ha acumulado por préstamos externos privados, desde que inició el convenio petrolero con Venezuela, un monto de 3,200 millones de dólares, es decir el 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y explica además que de estos fondos un tercio fueron destinados a programas sociales y dos tercios a los créditos que son otorgados a través de Caruna, en los cuales sus clientes pagan una tasa de interés del ocho por ciento anual.
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Caruna es una cooperativa sandinista, a través de la cual se han canalizado los fondos del negocio petrolero que Ortega controla a través de Alba de Nicaragua, S.A., la sociedad nicaragüense-venezolana que opera como el eje de las operaciones petroleras en el país, que, además de la importación, suma la participación en el sector de generación de energía.
Política del Ejecutivo
La información publicada por el organismo internacional confirmó la política del Ejecutivo de Daniel Ortega de convertir en deuda pública los préstamos cedidos con los fondos de la cooperación venezolana.
Aunque el FMI no establece en el documento un número exacto de los fondos destinados a préstamos para municipalidades y empresas estatales, la cifra puede alcanzar un aproximado de 396.8 millones de dólares, según cálculos realizados por expertos independientes, que en una consulta realizada por este Diario explicaron que el monto puede ser menor, tomando en cuenta que una fracción de los fondos destinados a créditos sirvió para conformar una reserva de liquidez.
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Investigaciones de LA PRENSA, publicadas por el periodista Moisés Martínez en junio pasado, revelaron que Ortega ordenó que se registraran como deuda pública unos 15.8 millones de dólares por el financiamiento a la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas). Fue a favor de Caruna y se constituyó en la punta del iceberg de créditos institucionales que sumaron 44.3 millones de dólares.
Señalan apropiación
Para el economista y exdiputado opositor Carlos Langrand, el origen de estos fondos de financiamiento para instituciones estatales es la apropiación y “desvío ilegal” de la cooperación venezolana, suscrita entre dos Estados, el que ha realizado la “Corporación Ortega”.
“Estos fondos millonarios son administrados por Caruna, brazo financiero de la ‘Corporación Ortega’ para hacer negocios triangulando a discreción con el Estado nicaragüense, posteriormente utilizando la aplanadora de la Asamblea Nacional son convertidos sin ningún escrutinio ni fiscalización en deuda pública a través del Presupuesto. Siempre queda la duda en los nicaragüenses si efectivamente estos fondos ingresaron a las empresas o municipalidades, o estamos ante una figura contable para blanquear dinero”, lamentó Langrand.
La privatización
El exlegislador dijo que es lamentable para Nicaragua haber suscrito un convenio en condiciones tan generosas, refiriéndose al acuerdo con Venezuela, y no haber gozado de ver “inversiones en infraestructura social y productiva que beneficien al país, debido a que su manejo fue privatizado ilegalmente y al margen del PGR (Presupuesto General de la República)”.
Langrand señaló la responsabilidad de asumir deudas a posteriori, las cuales son contraídas sin ninguna transparencia y adjudicadas discrecionalmente porque no son sometidas a ninguna licitación.
Cambiaron reglas con Venezuela
El FMI reveló en el mismo informe de junio que el acuerdo petrolero entre Venezuela y Nicaragua se renegoció en 2016, lo que redujo las importaciones de petróleo de 30,000 barriles por día a 10,000. El financiamiento concesionario también se redujo del 50 por ciento de la factura petrolera al 25 por ciento, de acuerdo con el informe del organismo internacional.
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El FMI explicó que la deuda petrolera fue acordada a un plazo de 25 años, pagando un dos por ciento de interés anual.
Bajo el esquema acordado por Venezuela y Nicaragua, en que el 62 por ciento son destinados para hacer créditos que generan ganancias, se pagaría la deuda. Sin embargo, el economista Adolfo Acevedo explicó que no es así desde 2012.
“¿Por qué el 62 por ciento del crédito petrolero se destinaba a otorgar préstamos? Porque se suponía con la recuperación de esos préstamos, más ocho por ciento de interés que cobrás por ellos, vos recuperabas suficiente plata para pagar la deuda. Lo que te está diciendo (el FMI) es que ya no es así desde 2012. Ya no es suficiente”, reiteró Acevedo.
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El informe de junio del FMI dice que las transacciones económicas con Venezuela disminuyeron sustancialmente después de 2014, en línea con la caída de los precios del petróleo y la evolución económica de Venezuela. “Las importaciones disminuyeron a 1.6 por ciento del PIB en 2016, desde el 8.2 por ciento del PIB en 2014, debido principalmente a los menores precios del petróleo. Las exportaciones disminuyeron 0.85 por ciento del PIB en 2016 del 3.3 por ciento del PIB en 2014. Cerca de ¾ de las exportaciones son agrícolas, productos y alimentos”, sostiene el documento.