El asesor económico del gobierno de Daniel Ortega, Bayardo Arce, avaló la noche del miércoles los préstamos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) con los que se han construido proyectos inmobiliarios de lujo en Managua.
Arce reaccionó furibundo a la investigación realizada por LA PRENSA en los últimos 18 meses y sostuvo, sobre los fondos de los asegurados, que “el dinero no es para estar metido debajo de la almohada”.
Los principales resultados de la investigación periodística demuestran que el Seguro prestó al menos 15 millones de dólares para este tipo de proyectos.
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Sin embargo, en vez de explicar, el funcionario se alteró cuando se le preguntó por qué la falta de transparencia con los empréstitos a sociedades anónimas, en las cuales participan ejecutivos y exempleados del Grupo Multicentro Las Américas, fundado en 2004 por el empresario Juan Bautista Sacasa Gómez, presidente del Banco de Finanzas (BDF).
“Si el INSS no presta, no invierte el dinero, el dinero más bien va perdiendo valor. Todas las instituciones del Seguro Social en el mundo invierten para reproducir el dinero, para mantener el valor del dinero”, reiteró Arce.
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La noche del miércoles, el asesor de Ortega, y responsable de las relaciones con el sector privado por designación presidencial, dictó la Lección Inaugural en la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC).
Uno de los puntos esenciales, sobre los que Arce calló, fue la revelación sobre las condiciones crediticias con las que el INSS prestó el dinero.
Según los hallazgos de la serie de reportajes, el porcentaje de interés era preferencial en relación con las condiciones con las que se prestan en el sistema financiero nacional. El otro punto es el plazo de pago.
Caso Edificio Norte
El caso de Edificio Norte, por ejemplo, fue un crédito de 12.6 millones de dólares a terminar de pagarse en 2030, otorgado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el Seguro sería insolvente en 2019.
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El Seguro Social es una institución con déficit global que hasta abril de este año alcanzó 503.3 millones de córdobas, según el Banco Central de Nicaragua.
Sin embargo, los préstamos sobre los que el INSS no ha explicado una línea suman millones de dólares, aprobados entre 2012 y 2015.
El último de los créditos revelados por el diario sería por el orden de 3.5 millones de dólares para construir el Condominio Guadalupe, en Managua, el cual habría sido devuelto por la sociedad anónima Inversiones El Progreso, SA, representada legalmente por Merlyn García Espinoza, asistente del gerente general del Grupo Multicentro Las Américas, Mario Sáenz Vanegas.
La ira de Arce
Las preguntas sobre los créditos del INSS molestaron a Arce, quien dijo que LA PRENSA es “enemiga de los empresarios”.
El funcionario insistió en que las inversiones se están haciendo públicas, pero según él, no tienen la obligación de dar todos los detalles.
“Olvidate del periodismo en el que ustedes van a determinar lo que se publica o no. Ustedes no son los que mandan en el país”, dijo Arce a los periodistas, provocando estupor entre los asistentes al evento.
Lo que dijo el FMI
Con su defensa del manejo financiero actual del INSS, el asesor obvió las recomendaciones dadas por una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en junio pasado. Entonces, le dijeron al Gobierno que se debía reglamentar el uso de los fondos de reservas del Seguro Social, que en los últimos años ha apostado por incursionar en inversiones riesgosas y de bajo rendimiento.
“Ha habido una inversión significativa en el desarrollo de bienes raíces, que no parece estar conectada con la naturaleza de las operaciones del INSS ni con las del fondo de reserva”, señaló el Fondo.
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“La actual Ley de Seguridad Social no regula el fondo de inversión del INSS. Es habitual que las reservas de los sistemas públicos de pensiones se inviertan en activos de bajo riesgo, que produzcan un rendimiento estable, como los bonos del Estado. Sin embargo, las recientes decisiones de inversión se han alejado de las inversiones tradicionales. Esto es especialmente problemático cuando se combina con la falta de información a sus contribuyentes sobre cómo se invierte el fondo de reserva”, señaló el organismo tras insistir en la necesidad de mejorar la gobernabilidad del INSS.
Según el Fondo, al menos 141.3 millones de dólares han salido de las arcas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social en préstamos para financiar, principalmente, la construcción de edificios y viviendas a tasas de interés subsidiadas.
Reacciona el Cosep
Otro que reaccionó a la investigación fue el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, quien manifestó que los préstamos “no es un tema que tenga un peso relevante” en la sostenibilidad del INSS.
“Ese es un tema (los préstamos) que yo creo que al final va a ser parte de la discusión en esa mesa con el Gobierno, pero de nuevo ¿cuál es el fondo? O sea, no me estoy refiriendo a esos artículos (de LA PRENSA), sino ¿cuál es el fondo que nosotros nos estamos planteando para el INSS? ¿Cuál es el fondo que el Fondo Monetario está buscando para que el INSS tenga sostenibilidad?”, se preguntó.
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“¿Cuál es la realidad de por qué el INSS no tenga sostenibilidad hoy? Ese no es un tema (el de los préstamos) que tenga un peso relevante en la sostenibilidad del INSS. Si es un tema que hay que cubrirse, se cubrirá en su momento, pero la realidad es que nosotros ahorita a lo que estamos abocados es a cómo vamos a hacer para que le demos sostenibilidad”, dijo Aguerri.
El presidente del Cosep agregó que uno de los sectores que han tenido mejores resultados son las viviendas de interés social.
Multicentro se desvincula de los negocios de sus empleados
Cinco días después que iniciaron las publicaciones de LA PRENSA, el Grupo Multicentro Las Américas publica un campo pagado en el diario en que se desvincula de los negocios o actividades de sus empleados o exempleados y reitera nuevamente que dos de sus condominios de lujo fueron financiados con fondos INSS.
“Los negocios y/o cualquier actividad económica que hagan personas que laboren o que hemos contratado en nuestros desarrollos en su carácter personal, no es responsabilidad nuestra”, aseguraron.
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Los proyectos financiados “parcialmente”, según el Grupo, fueron condominio Nuevo Horizonte y Pinares de Santo Domingo, pero no especifican a cuánto ascendió el monto de los préstamos y únicamente reiteraron que los créditos fueron pagados de manera anticipada.
“El INSS aprobó dichos financiamientos en condiciones similares a los otorgados por otras instituciones financieras en su momento”, dijeron en su pronunciamiento.
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Pese a que en estos negocios con fondos del INSS participaron algunos de los empleados de Multicentro, entre ellos el gerente general Mario Sáenz y el desarrollador Tirso Celedón, el Grupo como tal toma distancia de los proyectos mencionados en el reportaje, tal es el caso de Edificio Norte, Veredas de Santo Domingo y Condominio San Sebastián.
Lo mismo ocurre con Inversiones El Progreso, SA (Condominio Guadalupe), un proyecto que habría sido devuelto a las autoridades del INSS, según nuestras investigaciones.
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Multicentro tampoco aceptó como suyo el negocio de Consorcio Inmobiliario Centroamericano, SA (Consicasa), beneficiado con un contrato para administrar los bienes del Seguro y representado por Tirso Celedón, desarrollador de proyectos del Grupo Multicentro.
Aguerri: ninguna situación que imputarle a Silva
El presidente del Cosep se refirió también a la promesa que habían realizado en torno a investigar al directivo de la empresa privada en el INSS, Alfonso Silva.
Según él, las autoridades determinaron que “no hay ninguna situación que imputarle a esta persona (Alfonso Silva) más allá de que era parte de esta junta directiva”.
En enero de 2016, LA PRENSA publicó la historia de un crédito de 1.2 millones de dólares cedidos a la empresa desconocida Teleconstrucciones Guillén SA, cuyo socio fundador negó haber participado en la constitución de la misma. Sin embargo, la compañía subcontrató a una empresa de Silva para realizar la obra. El edificio en la actualidad luce vacío y nadie en el lugar da información sobre quién lo administra. Aguerri dijo que el Código de Ética para regular la actuación de los privados en directivas del Estado es “un asunto interno” de los empresarios.
