Inversión llega en desventaja a Nicaragua

Los inversionistas se quejan de que las autoridades en Nicaragua son arbitrarias, negligentes o lentas en la aplicación de las leyes existentes, en muchos casos para favorecer a determinadas empresas, muchas de ellas vinculadas con la familia o con el partido gobernante.

Pese a reconocer los esfuerzos que realiza por atraer Inversión Extranjera Directa (IED) para garantizar el crecimiento de la economía, el reporte Clima de Inversión en Nicaragua 2017 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, les hace a las autoridades un sinnúmero de señalamientos que impiden el pleno funcionamiento de las empresas extranjeras.

Según el reporte, los inversionistas se quejan de que las autoridades son arbitrarias, negligentes o lentas en la aplicación de las leyes existentes, en muchos casos para favorecer a determinadas empresas, muchas de ellas vinculadas con la familia o con el partido gobernante, lo que deja en desventaja al resto de empresas.

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También figura entre las quejas de los empresarios extranjeros es la necesidad de tener contactos personales y afiliarse a las cámaras empresariales para funcionar. Y que pese a que los gobiernos municipales tienen autoridad para tomar decisiones en torno al funcionamiento de las empresas extranjeras, esta facultad está centralizada en el poder ejecutivo.

Según el reporte, la búsqueda activa de la atracción de Inversión Extranjera Directa es una de las principales herramientas del gobierno para garantizar el crecimiento económico del país y la generación de empleo.

Fuerte presencia estatal

Muchos de los incentivos a la inversión están diseñados para atraer a empresas orientadas a la exportación y que requieren grandes cantidades de mano de obra no calificada o poco calificada.

Sin embargo, al establecerse en el país se tienen que desarrollar en un contexto económico en el que el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, ha elevado el papel de los actores estatales y cuasiestatales en la economía local, a través de la utilización de fondos proporcionados por Venezuela a través de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba).

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El reporte detalla que a través de la estatal Empresa Nicaragüense de Petróleo S.A. (Petronic), el gobierno posee una participación de 49 por ciento en Alba de Nicaragua (Albanisa), la empresa que importa y monetiza productos venezolanos a través del Acuerdo Energético del Alba.

Y añade que Ortega y su partido el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con fondos de Albanisa han comprado estaciones de televisión y radio, hoteles, haciendas de ganado, plantas de generación de electricidad y laboratorios farmacéuticos.

Quedan en desventaja

Según el Departamento de Estado, la fuerte presencia de las empresas vinculadas con Albanisa, deja en desventaja a otras que tratan de competir, sin igualdad de condiciones en los sectores dominados por este conglomerado, y por otras manejadas por el Gobierno.

El reporte también destaca que en algunos sectores como agua y alcantarillado, puertos y la transmisión eléctrica, por poseer y operar empresas estatales no se permite la inversión privada.

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Pero en otro donde sí se permite la competencia, el Gobierno también posee empresas, entre ellos el sector de los seguros, generación de energía eléctrica, parques industriales que operan bajo el régimen de zona franca, distribución de alimentos, servicio de correos, elaboración de medicamentos y la distribución de derivados del petróleo, entre otros. Además, el Instituto Militar de Seguridad Social (IPSM) tiene participación importante en los sectores de construcción, manufactura y servicios.

También reconoce esfuerzos

A esto hay que sumarle que otras compañías tienen estructuras de propiedad poco claras y es muy probable que incluyan al menos participaciones minoritarias del Gobierno o funcionarios gubernamentales, señala el documento.

Pese a estos señalamientos el reporte también destaca que a través de la Agencia de Promoción de las Inversiones-ProNicaragua y de las cámaras empresariales las autoridades alientan el diálogo permanente con los inversionistas.

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Y aunque dice que ProNicaragua es una institución bien calificada, que incluso goza de reconocimiento internacional como una de las mejores de la región, los líderes empresariales opinan que en el último año su autoridad se ha debilitado.

Según el reporte, los inversionistas también se quejan regularmente de que las autoridades son arbitrarias, negligentes y lentas en la aplicación de las leyes y en muchos casos lo hacen con el objetivo de favorecer a algunas empresas.

No hay medios fiables para resolver disputas

“La falta de un medio fiable para resolver disputas con las autoridades administrativas del Gobierno o socios comerciales rápidamente, da lugar a algunas disputas que se vuelven intratables”, detalla el documento.

También indica que la mayoría de las empresas del país no llevan contabilidad y que pocas cumplen los estándares de contabilidad aceptados a nivel internacional y el Gobierno no ha establecido políticas transparentes para establecer reglas claras de juego.

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Las empresas extranjeras también han expresado que es fundamental tener contactos personales y afiliarse a las asociaciones y cámaras empresariales para poder navegar por el sistema regulador nicaragüense, lo que a criterio del Departamento de Estado deja en desventaja a las pequeñas empresas e inversionistas.

También se critica que aunque los representantes municipales y ministeriales tienen autoridad para emitir decisiones pertinentes al funcionamiento de las empresas extranjeras, “todas las acciones están sujetas a la aprobación de facto por parte de la Presidencia”.

Falta de acceso a la información

El reporte del Departamento de Estado critica que la población no tiene acceso a los proyectos de ley que llegan al poder legislativo para ser aprobados, pero reconoce que en el caso del sector empresarial esta situación cambia, ya que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) —principal interlocutor entre el Gobierno y el sector privado— “por lo general tiene oportunidad de revisar y discutir el contenido de las leyes relacionadas con la inversión y funcionamiento de las empresas».

Procesos tardados

Entre las dificultades que enfrentan los inversionistas extranjeros que llegan al país, el reporte Clima de Inversión en Nicaragua 2017 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, incluye que no existe un sistema de registro de negocios en línea.

Esto provoca que la inscripción tenga que hacerse separadamente en las oficinas de la administración tributaria, la administración de seguridad social y el municipio local, alargando el proceso.

Según las autoridades locales, la inscripción toma al menos 13 días, mientras que la formación de una sociedad de responsabilidad limitada de propiedad extranjera puede tomar 42 días.

Procesos oscuros

Según el reporte Clima de Inversión en Nicaragua 2017, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Gobierno de Nicaragua no tramita, revisa ni aprueba formalmente Inversiones Extranjeras Directas (IED). Sin embargo, el presidente Daniel Ortega y el poder ejecutivo mantienen la autoridad de revisión de facto sobre cualquier IED.

Este proceso de revisión sigue siendo poco claro y opaco, dice el documento. Y añade que los inversionistas a gran escala y las empresas con relaciones positivas con el partido gobernante están favorecidas en sus tratos con la burocracia gubernamental.

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