El Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) en su informe sobre el Clima de Inversiones en Nicaragua 2017, sostiene que “los miembros del poder judicial, incluidos los de alto nivel, son ampliamente considerados corruptos y sujetos a presiones políticas, especialmente del poder ejecutivo”.
El informe detalla la situación de las inversiones en Nicaragua y los asuntos relacionados con los retos y oportunidades para hacer negocios en el país.
Le puede interesar: Corte Suprema de Justicia rechaza recurso anticanal
Y en esta versión actualizada sobre el clima para los inversionistas, el Departamento de Estado centra sus críticas más duras en el operario de justicia al afirmar que “la corrupción es particularmente frecuente dentro del sistema judicial”, pues se acusa de que los fallos no se apegan a la ley sino a los intereses políticos que haya con los casos de conflictos entre empresarios.
Acciones oficiales
“La ejecución de órdenes judiciales suele estar sujeta a consideraciones no judiciales. Los tribunales rutinariamente otorgan mandamientos (“amparos”) para proteger los derechos de los ciudadanos al ordenar las acciones oficiales de investigación y ejecución indefinidamente”, se indica en el reporte estadounidense.
Lea también: Justicia rechaza amparo de discapacitada despedida del Parlamento
El gobierno del republicano Donald Trump califica al sistema judicial nicaragüense de “débil y engorroso”. Y ejemplifica la gravedad de la inseguridad jurídica en que “los inversores extranjeros” en Nicaragua “se encuentran en desventaja en las disputas contra nacionales con vínculos políticos o personales” con funcionarios relacionados con el poder.
“El uso indebido del sistema de justicia penal a veces resulta en personas acusadas de delitos que surgen de disputas civiles, a menudo para presionar al acusado para que acepte un arreglo civil”, afirma el Departamento de Estado.
Corrupción que enfrentan empresarios
Aunque en su informe sobre el Clima de Inversión en Nicaragua 2017 se reconocen avances en tramitología para hacer negocios, el Departamento de Estado precisa que “la corrupción” en la administración del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega, “sigue siendo un reto importante para las empresas estadounidenses que operan” localmente.
Lea además: Corte Suprema de Justicia falla contra consumidores
Se sustenta ese señalamiento en los resultados de “una encuesta realizada en 2016 a 2,500 empresas nicaragüenses”, en la que “un tercio de los encuestados informó de arbitrariedades y acciones ilegales por parte de las oficinas gubernamentales que regulan los derechos de propiedad y el establecimiento de empresas”.
“Las empresas informan que el soborno de funcionarios públicos (sic), las incautaciones ilegales y las evaluaciones arbitrarias de las autoridades aduaneras y fiscales son comunes”, precisa el informe en torno a los tipos de abusos que enfrentan los inversores.
Embajadora confirma preocupación
El informe sobre el clima de inversión lo elabora anualmente el Departamento de Estado en base a la información que le proporcionan los funcionarios de las embajadas estadounidenses en el extranjero; y el documento se usa para facilitar las evaluaciones sobre el país, su economía, las leyes relacionadas con la inversión y otros factores importantes que son tomados en cuenta por las compañías estadounidenses interesadas en hacer negocios en el extranjero.
La embajadora de Estados Unidos en Managua, Laura Dogu, dijo, el miércoles pasado, al ser consultada por LA PRENSA que dicho informe se centra en los aspectos que consideran positivos y de preocupación sobre el Estado de Derecho en el país.
Lea también: Activistas de derechos humanos desnudan atropellos de Daniel Ortega
“Creo que hay oportunidades para las inversiones aquí en Nicaragua. Estamos viendo que hay empresas estadounidenses que han decidido invertir en Nicaragua y si hay oportunidades vienen.
Pero también hemos dicho en este informe, y muchas veces yo he dicho igual públicamente, que tenemos preocupaciones sobre el Estado de Derecho y que esto puede tener un impacto con los inversionistas, porque si ellos no se sienten seguros con sus inversiones que van a recibir bajo la ley de cualquier país, ellos van a buscar otro lugar donde puedan invertir. Son noticias buenas y también algunas preocupaciones”, dijo la embajadora Dogu.
Reacciona magistrado Francisco Rosales
Para el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, “ni el Departamento de Estado, ni ninguna entidad de los Estados Unidos, tienen la autoridad moral” para señalar de corrupto al sistema de justicia de Nicaragua.
Rosales dijo a LA PRENSA que el informe recoge “una visión sesgada” por las diferencias políticas, filosóficas e ideológicas entre el gobierno de Trump y el de Ortega.
Le puede interesar: Gobierno evade pago de 623 millones de córdobas al Seguro Social
“No veo sinceramente que pueda certificar nada alguien que no tiene ninguna moral para hacerlo, y menos acusar de corrupción. Es decir, hasta el día de hoy no han sido juzgados los que mataron a (John) Kennedy, los que mataron a (Martin) Luther King, los que mataron a Bobby (Robert) Kennedy tampoco, y así podríamos ir mencionando los casos cuestionados de los Estados Unidos”, respondió el magistrado Rosales.
No veo que tenga el Departamento de Estado, ni ninguna entidad de los Estados Unidos, la autoridad moral para poder decir quién tiene mala conducta, o si tiene buena conducta o si está aplazado”.
Francisco Rosales, magistrado orteguista.
