Nicaragua: Reformas al Código Penal son “represivas”

Paquete de reformas a leyes se trata de un arma del gobierno para centralizar más el poder, considera experto en derechos humanos.

Los procesos ilegales como el realizado contra los mineros que protestaron en Mina Limón y Chichigalpa podrían repetirse y el Gobierno se ampararía en estas reformas, advierten defensores de derechos humanos. Foto Cortesía Cenidh

Las recientes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal son “represivas, autoritarias e inconstitucionales, una imposición” del actual Gobierno como parte de su proceso de centralización de poderes y un método para “castigar” a opositores o líderes sociales, considera el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Entre las reformas aplicadas a las leyes mencionadas se encuentran la casi supresión del jurado de conciencia y la imposición de un juez técnico en casi todos los delitos, así como la centralización de la jurisdicción de los tribunales en Managua cuando las autoridades lo estimen conveniente.

Para Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh, estos cambios tendrían efecto más allá de los delitos de femicidio y parricidio. A su juicio, el aspecto de los jueces técnicos y la manera discrecional en que se trasladaría a un reo señalado bajo la figura de “delito de relevancia social y trascendencia nacional” es de lo más alarmante en el contexto político del país.
“El Gobierno ya ha aplicado procesos ilegales como en los casos de los campesinos anticanal, líderes comunitarios, los antiminería que fueron arrestados, los traen hasta Managua, los meten en El Chipote, luego al ser sustraídos de su juez natural, los ponen ante un jurado que los desconoce y el juez técnico, en un país donde no hay independencia en el sistema legal, ya tiene una orden explícita de qué hacer con esos ciudadanos que consideran ajenos a sus propósitos políticos”, expone Carrión. “Lo que hicieron fue legalizar sus arbitrariedades, pero eso sigue siendo inconstitucional”.

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) interpondrá esta semana un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por considerar que estas reformas violentan los derechos de los nicaragüenses. Por su parte el Cenidh le dará seguimiento y respaldo a los casos y denuncias que reciban en el marco de la aplicación de dichas reformas.

Paquete express

Desde este 5 de julio las reformas a la Ley 641 del Código Penal, a la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia Hacia la Mujer y a la Ley 406, Código Procesal Penal, están vigentes tras ser publicadas en el Diario Oficial, La Gaceta, luego de ser aprobadas de forma inmediata en la Asamblea por una orden ejecutiva.
Las denuncias de juristas y organizaciones de derechos humanos fueron desestimadas y en el proceso no hubo consultas.

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