Mujeres miskitas están cercando patios y terrenos vecinos a las comunidades indígenas para poder sembrar y comer, en medio del conflicto territorial que padecen en la zona y que se ha agudizado en el último año por la invasión de colonos y enfrentamientos violentos entre ambas partes, sin que las autoridades regionales ni el Gobierno central intervengan.
La violencia, las amenazas y los desplazamientos forzados les impiden ir hasta sus parcelas, a varios kilómetros de distancia de sus viviendas, para sembrar y cosechar sus alimentos, según denuncias hechas a organizaciones nacionales de derechos humanos e indígenas y los informes oficiales presentados ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos humanos.
“Tienen que cercar para sentirse seguras y poder sembrar en los alrededores, sembrar para poder comer, porque ya no tienen comida, los hombres no tienen trabajo, nadie puede ir a las parcelas”, señala Lottie Cunningham, directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
En ocho comunidades de los territorios en conflicto, entre ellas San Jerónimo, Santa Fe, Esperanza y Klisnak, 82 mujeres indígenas recibieron alambres de púas, palas, picos y otras herramientas como parte de un proyecto de agroecología que promueve el Occidental Arts and Ecology Center, de California. Además, les fueron entregadas cepas de musáceas, plátanos y bananos, plantas de tubérculos como papas, quequisques y yuca, además de semillas de hortalizas. Salvo provisiones que les han entregado como donación algunas congregaciones religiosas, esta es la única ayuda que han recibido las comunidades indígenas, ninguna de parte del Gobierno, expone Cejudhcan.
Más medidas, ninguna respuesta
El 30 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos extendió medidas provisionales a la comunidad de Esperanza Río Wawa, que se sumaría a Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi, que desde el año pasado cuentan con estas medidas sin que el Gobierno las aplique.
6 comunidades indígenas de la costa Caribe Norte tienen medidas provisionales de la CIDH, el Gobierno de Nicaragua debe aplicar acciones de protección en favor de todos los miembros del pueblo indígena Miskitu que habiten estas comunidades y los que han sido desplazados en el contexto del conflicto.