El Gobierno de Nicaragua asegura implementar programas de desarrollo humano en materia de educación, producción y comercialización de alimentos, según el más reciente documento emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, nada informó sobre las medidas de protección que debería estar implementado en seis comunidades indígenas de la costa Caribe Norte, que cuentan con las medidas provisionales otorgadas por la CIDH ante la situación de violencia por conflictos territoriales en la zona.
Según la Corte, el Gobierno de Nicaragua destacó un plan de construcción de redes de distribución de energía eléctrica para finales del año 2017 en el territorio Wangki Twi-Tasba Raya, pero no habla de medidas de protección a los indígenas asentados en las zonas de conflicto ni a los desplazados por esas razones.
Por el contrario, detalla el documento con fecha del 30 de junio, en su informe el Estado manifestó que “no está de acuerdo con la solicitud de ampliación de las medidas provisionales de la Corte a favor de la Comunidad de Esperanza Río Wawa”, porque “de manera previa a la acción (de la Corte), las instituciones del Estado han venido trabajando gradualmente en la restitución de derechos de esta y otras comunidades de la costa Caribe”.
Esperanza Río Wawa es la sexta comunidad indígena que recibe las medidas provisionales que implican la intervención inmediata, directa y enérgica por parte del Estado para proteger y garantizar la vida y el bienestar de los indígenas que habiten las zonas de conflicto y los que hayan sido desplazados o se hayan exiliado en este contexto.
“Es importante que la Corte siga pronunciándose, porque visibiliza un problema histórico que el Estado ha querido desestimar. No solo se habla de violencia contra los indígenas, sino que se reconocen los derechos a nuestros territorios y el respeto a nuestra cultura”, señala Lottie Cunningham, directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
Las razones para dichas medidas, dictadas a cinco comunidades en septiembre de 2016, son las denuncias y reportes de secuestros, asesinatos, agresiones sexuales, amenazas, incendios de viviendas, robos, emboscadas, ataques a pobladores e incluso el éxodo forzado de los indígenas miskitos ante la invasión de colonos.
CIDH sigue presionando
En el seguimiento que la CIDH ha dado a la situación se detallan los casos de Esperanza Río Wawa. El primero es el ataque que sufrieron Felipe Lampson Castillo y tres menores de edad el 27 de febrero de este año, cuando supuestos colonos los expulsaron a balazos de su parcela, hiriendo a dos indígenas.
El segundo caso de violencia que se menciona es el del 16 de marzo, cuando alrededor de 200 colonos habrían llegado armados a Esperanza Río Wawa para agredir a pobladores.
En las resoluciones finales, firmadas por Roberto F. Caldas, presidente de la CIDH, no solo se reiteran las medidas para Esperanza Río Wawa, al igual que para las otras cinco comunidades, sino que se le pide al Gobierno que en los informes trimestrales detalle verdaderamente las acciones concretas de protección a las comunidades en alto riesgo y ellos valorarán los avances en materia de derechos.