Para el Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) siguen siendo preocupantes las invasiones de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua, a los que no se les da respuesta y más bien se les presentan obstáculos.
Se expone en el informe que “algunos ciudadanos norteamericanos reportan dificultades para ejercer sus derechos de propiedad debido a una falta de acción gubernamental de autoridades locales para desalojar a ocupantes ilegales”, expresa el informe.
“Los ciudadanos americanos también han encontrado muchos obstáculos al momento de ejecutar o hacer respetar las órdenes de los fallos judiciales locales”, indica.
Se agrega que inversionistas estadounidenses han reportado “excesos de las autoridades gubernamentales locales que han señalado a los demandantes de falsedad en sus reclamos cuando estos tratan de que les devuelvan sus propiedades”. Incluso esos empresarios han recibido “amenaza de ser encarcelados si no desisten voluntariamente de su reclamo”, sostiene el documento del Departamento de Estado.
Otro de los problemas que se reporta es la burocracia en las entidades públicas para obtener los títulos de propiedad. Se plantea que son “inexplicables los retrasos de las mismas autoridades para cumplir sus obligaciones como inspecciones catastrales o expedir documentos catastrales que necesitan los propietarios” estadounidenses para desarrollar sus proyectos de inversión en Nicaragua.
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“El Gobierno estadounidense continúa pidiendo al Gobierno (de Nicaragua) que resuelva los reclamos de propiedad pendientes y que mejore el clima de inversión y de negocio en el país”, cita el informe del Departamento de Estado.
Esto se sustenta en que hay quejas de ciudadanos estadounidenses que han sufrido invasión de sus propiedades en el país y las autoridades nacionales no han actuado para solucionar el problema, pese a tener órdenes judiciales a favor de los empresarios.
Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta de la embajada de los Estados Unidos en Managua a la consulta sobre el detalle de casos de ciudadanos de su país que enfrentan problemas con sus derechos de propiedad en Nicaragua.
Preocupa falta de claridad con Ley del Canal
El Departamento de Estado, en el informe sobre el Clima de Inversión en Nicaragua 2017, también indica que existe la incertidumbre sobre el alcance de las expropiaciones a los inversionistas estadounidenses así como el precio sobre el que se compensarán sus propiedades si llegan a ser afectados por la Ley de concesión del Canal Interoceánico.
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“La embajada de Estados Unidos en Managua ha recordado repetidamente a las autoridades en Nicaragua de su obligación —bajo el capítulo de Inversión del DR-Cafta— de pagar de manera expedita, apropiada y efectiva cuando una propiedad es expropiada para propósitos públicos”, dice el informe.
Así como la necesidad de un proceso abierto y transparente para el diseño y desarrollo del Canal.
Amcham conoce los problemas
“Nosotros coincidimos en ese aspecto” de las preocupaciones sobre los problemas de la propiedad en Nicaragua expuestos por el Departamento de Estado, dijo vía correo electrónico el presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Álvaro Rodríguez.
“Últimamente se han recibido en Amcham, quejas de ciudadanos norteamericanos muy preocupados por situaciones que tienen que ver con asuntos de propiedad, tales como la no aplicación de sentencias, la ocupación ilegal de propiedades y otros abusos que nosotros consideramos que afectan seriamente el clima de negocios en nuestro país”, afirmó Rodríguez.
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Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que será hasta mañana miércoles que dará su opinión sobre el informe estadounidense.
Rodríguez, presidente de Amcham, consideró que está pendiente de definirse la situación de las propiedades que eventualmente serían expropiadas por requerir —de darse— la construcción del Canal.
“Desde hace más de 2 años que se nos dijo en la comisión ad hoc en que participamos como Amcham (con el Gobierno y HKND), que se pagarían las propiedades (que fuesen expropiadas) a valor de mercado, pero no se ha concretado nada. Ni siquiera se conoce información sobre las eventuales afectaciones de propiedades en la ruta, menos en cuanto al pago. Este es un asunto muy importante y el Gobierno debe exigir al inversionista (chino) el cumplimiento de lo establecido”, afirmó Rodríguez.
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Mónica López, asesora legal del Movimiento campesino anticanal, consideró “limitado” el informe del Departamento de Estado porque se centra en los riesgos que supone la Ley canalera para los inversionistas estadounidenses, y “no aborda otros elementos esenciales en materia de integridad ambiental y de derechos humanos.
López valoró de positivo que el Gobierno de Estados Unidos “se sume a la lista de entidades y organismos internacionales que han cuestionado que el régimen de expropiación de la concesión canalera es anómalo y por fuera de la forma de hacer negocios”.
Presentar reclamo
En el informe sobre clima de negocios se les indica a los ciudadanos estadounidenses que pueden reportar una expropiación o confiscación de sus propiedades en el país a través del correo [email protected]. En el caso de los ciudadanos estadounidenses que se les confiscó sus propiedades en el primer gobierno sandinista en la década de los 80, fueron más de tres mil casos resueltos hasta agosto de 2015 que se indemnizaron en los distintos gobiernos en veinte años, bajo la presión de las restricciones legales relativas a la asistencia financiera que estaban sujetas a la entrega —por parte de Estados Unidos— de una dispensa o waiver anual.
Últimamente se han recibido en Amcham, quejas de ciudadanos norteamericanos preocupados por situaciones que tienen que ver con asuntos de propiedad, tales como la no aplicación de sentencias, la ocupación ilegal de propiedades y otros abusos que nosotros consideramos que afectan seriamente el clima de negocios en nuestro país”.
Álvaro Rodríguez, presidente de Amcham. LA PRENSA/ ARCHIVO/C. VALLE
