Violencia sufrida por población indígena miskita es causa de pobreza extrema en Caribe de Nicaragua

La violencia que ha enfrentado en los dos últimos años la población de comunidades indígenas miskitas en el Caribe norte ha provocado que sufran pobreza extrema ante la falta de tierras donde cultivar sus alimentos

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Varias de las comunidades indígenas invadidas por colonos están asentadas a orilla del Río Coco. LA PRENSA/ARCHIVO

En dos años, la violencia en contra de la población indígena ha cobrado la vida de 32 miskitos, ha sido causa de lesiones a 44 de estos y de 22 secuestrados, de los cuales cuatro aún están desaparecidos, sino que también ha expuesto a la extrema pobreza a la mayoría de esta población.

La principal demanda de la población indígena del Caribe norte, es el saneamiento de sus territorios.
Además, por la invasión masiva de colonos, la población de unas 50 comunidades están en riesgo y 12 de estas están en alto riesgo.

En mucho de los casos, ha obligado a la población indígena a un éxodo masivo. “Esta violencia por supuesto que ha afectado mayormente a las mujeres por el desplazamiento”, explicó la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de NicaraguaCejudhcan, Lottie Cunningham, quien hizo una exposición ante el Sexto Congreso Centroamericano de Estudios Culturales que se desarrolla en la Universidad Centroamericana (UCA).

A Cunningham le preocupa que el Estado de Nicaragua sigue sin responder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ya ha beneficiado a siete comunidades con medidas provisionales, sobre las acciones concretas para mitigar el riesgo de las comunidades indígenas que continúan perdiendo su territorio y no pueden acceder a sus parcelas. Esto ha venido a vulnerar su subsistencia.

“No pueden tener una paz, que es lo que estamos esperando”, dijo a LA PRENSA. Explica que esto pasa por la pérdida de sus cultivos, han sido arrasados con motosierras, por parte de los colonos. Además, porque las tierras buenas para los cultivos las han perdido a causa del hostigamiento, intimidación.

“Al no tener esta alimentación básica que ellos producían, eso los ha llevado a la extrema pobreza, que en vez de comer dos tiempos, a veces no pueden ni un tiempo. Ellos decían que ya no tienen sus bananos para hacer su alimentación tradicional que es el wuabul, el luk luk; ya no pueden ir a pescar, ya no pueden cazar”, relató Cunningham.

Hasta ahora el gobierno en sus informes ante la Corte IDH son funciones estructurales de que brindan salud y educación, pero esa es una responsabilidad y obligación del Estado, dice Cunningham.
Sin embargo, lo que esperan es que ellos se reúnan con una comisión de las comunidades indígenas que tienen medidas provisionales con sus representantes, donde se discutan acciones concretas para disminuir el riesgo que viven actualmente.

“Esto para la protección de la vida y la integridad; así como para proteger la territorialidad y la integridad cultural, es decir “¿cuál va a ser el mecanismo? para iniciar ya el saneamiento”, demandó la defensora de derechos humanos.
El 30 de junio la Corte IDH extendió medidas provisionales a la comunidad de Esperanza Río Wawa, con la cual suman siete comunidades con esa medida.

Antecedentes de abusos a la población indígena

La presidenta de Cejudhcan, Lottie Cunningham, recuerda que la Navidad Roja marcó la vida de los miskitos para siempre de los indígenas del Caribe norte. Esto ocurrió en la década de los ochenta con la Revolución Sandinista, que entró en contradicción con las demandas históricas de autodeterminación planteada por la población indígena miskita.
Estas contradicciones que llevaron a la confrontación armada y al éxodo masivo “que implicó sangre, sufrimiento, dolor, marcaron nuestras vidas para siempre”.

Fue en 1998 por exigencia del Banco Mundial que creó un proyecto de ley para demarcar y titular las comunidades indígenas y afrodescendientes, pero sin consultarlo con estos.

No obstante, posteriormente con participación de movimientos indígenas, universidades y sociedad civil hicieron una consulta masiva que terminó en la propuesta de la ley de régimen de propiedad comunal, para demarcar las tierras indígenas y afrodescendientes.

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