El Consorcio Panorama Electoral, asociación de organizaciones cívicas de la sociedad civil encabezada por Ética y Transparencia, dio a conocer que según un sondeo hecho en 150 de los 153 municipios de Nicaragua, el 83 por ciento de los ciudadanos consultados no está interesado en las próximas elecciones municipales. Lo cual se debe principalmente a que no hay garantías electorales y la gente sabe que sus votos no son respetados.
El mismo Consorcio Panorama Electoral señaló, a fines del año pasado, en un informe sobre las elecciones del 2016, que estas no habían cumplido con “los estándares básicos relacionados con la integridad electoral”. Después de detallar las anomalías que se cometieron en aquellas votaciones —las cuales fueron calificadas como farsa por la oposición y los ciudadanos las repudiaron con una abstención masiva—, el Consorcio estimó que en esa ocasión incluso hubo un retroceso en relación con los procesos electorales anteriores, que fueron señalados como irregulares por las misiones internacionales de observación electoral.
Ahora la situación es igual, o peor. Que no hay garantías electorales en Nicaragua no es ninguna novedad. Esto lo ha reconocido de hecho hasta el mismo Daniel Ortega, al firmar un acuerdo con la secretaría general de la OEA supuestamente para mejorar el sistema electoral. Pero Ortega no se comprometió con la OEA en ese acuerdo electoral porque le interese garantizar elecciones competitivas y limpias en Nicaragua. Lo ha hecho como una maniobra política para evitar que el Congreso de los Estados Unidos apruebe la ley Nica Act, que lo sancionaría por la falta de democracia en Nicaragua incluyendo elecciones de conformidad con los estándares democráticos interamericanos.
Sin embargo, independientemente de las razones y propósitos de Ortega la posibilidad de que en las municipales de noviembre haya observación electoral de la OEA, ha creado en un sector de la oposición la confianza en que vale la pena participar en esos comicios y poner a prueba el acuerdo del régimen orteguista con la organización hemisférica. Eso a pesar de que el director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, advirtió al dar a conocer el informe del Consorcio que no se puede esperar resultados legítimos de unas votaciones en las que la población no tiene confianza en el sistema electoral, y por eso no participa.
Lo cual es cierto. Pero no es por eso que la oposición debería participar o abstenerse en las municipales de noviembre. En política la lucha no se libra solo cuando las condiciones son óptimas y se tiene la seguridad de ganar. En circunstancias en que la dictadura orteguista ha diezmado a la oposición y la ha sustituido con “opositores” sumisos, la participación en la campaña electoral podría ser una oportunidad para movilizar a la gente, difundir el mensaje democrático y prepararse para batallas más importantes. Y también, ¿por qué no?, para retener alcaldías que ya son gobernadas por personas demócratas y ganar algunas más, si eso fuese posible.
En la situación actual de Nicaragua es tan legítimo y respetable participar en la campaña municipal, como abstenerse. Y si somos realmente democráticos, debemos respetar el derecho de cada quien a escoger su camino.