El Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría General de la OEA y el gobierno de Nicaragua incluye dos componentes: el político-electoral, que implica el compromiso de la OEA de desplegar una Misión de Acompañamiento Electoral (Observación, según la OEA) a las elecciones municipales que tendrán lugar el próximo 5 de noviembre, y el componente de fortalecimiento institucional referido, principalmente, a la aplicación de la norma constitucional sobre el transfuguismo político, a fin de garantizar la “separación y coordinación armoniosa entre los Poderes del Estado”.
Las relaciones de cooperación entre las partes, dice el documento, se desarrollarán “a través de la instalación de una Misión de Cooperación”, que se encargará de llevar adelante la ejecución de ambos componentes, para lo cual la Secretaría General de la OEA ya presentó al gobierno de Nicaragua un plan de trabajo de tres años con su presupuesto, que no se ha hecho público.
El Memorándum, en su artículo IV, establece que este instrumento “por sí solo no implica obligaciones de carácter financiero para las partes”. En consecuencia, la Secretaría General de la OEA tiene que gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus compromisos.
Generalmente la OEA, en el pasado, ha obtenido esos recursos principalmente del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y aquí surge el primer desafío para la OEA, pues tras la publicación del informe sobre el clima de inversión en Nicaragua, en el que se critica severamente el proceso electoral que tuvo lugar el 6 de noviembre pasado, es muy difícil pensar que los Estados Unidos estén dispuestos a donar fondos para observar unas elecciones municipales que serán administradas por el mismo Consejo Supremo Electoral.
El escenario para las elecciones municipales es muy semejante al del 2016, por lo que buena parte de la ciudadanía posiblemente no estará muy dispuesta a participar en él. Todo esto, a pesar que, según el Memorándum, el gobierno de Nicaragua se comprometió a continuar “fortaleciendo la institucionalidad electoral de acuerdo con los estándares regionales y buenas prácticas”. Basta ver cómo se ha venido desarrollando el proceso electoral municipal para darse cuenta que ningún cambio se ha hecho en el Poder Electoral.
Otro desafío importante que deberá enfrentar la Secretaría General de la OEA se refiere a lo establecido en el artículo 11 de la “Declaración de principios para la observación internacional de elecciones” suscrito, bajo los auspicios de Naciones Unidas, por muchos organismos de observación internacional, entre ellos la Secretaría General de la OEA, el 27 de octubre de 2005. Dicho artículo 11 literalmente dice: “La decisión que adopte cualquier organización de organizar una misión internacional de observación de elecciones o de explorar la posibilidad de organizar una misión de observación no implica que dicha organización estime necesariamente que el proceso electoral del país que celebra las elecciones sea creíble. Una organización no debe enviar una misión internacional de observación de elecciones a un país en condiciones que hagan probable que se interprete que su presencia otorga legitimidad a un proceso electoral claramente no democrático, y en toda situación de esa índole las misiones de observación internacional de elecciones deben formular declaraciones públicas en las que aseguren que su presencia no implica esa legitimidad”.
La Secretaría General debe ser muy cuidadosa antes de enviar a Nicaragua una misión para observar las próximas elecciones municipales. Si la actuación de la OEA, como organismo de observación internacional, deja mucho que desear en su trabajo relacionado con las elecciones municipales, dañaría seriamente su credibilidad en lo que pudiera ser su trabajo de cooperación, en los próximos tres años, en relación con los dos componentes previstos en el Memorándum de Entendimiento.
En varias ocasiones hemos expresado que nos corresponde a nosotros, los nicaragüenses, enfrentar el desafío de resolver los problemas políticos engendrados por el modelo orteguista de control absoluto de todos los poderes del Estado. De ninguna manera se espera que la OEA venga a resolverlos. Pero dicha organización puede brindar un aporte a los esfuerzos de los propios nicaragüenses, si su trabajo de observación es eficaz y su cooperación se desarrolla de conformidad con los valores y principios contenidos en la Carta Democrática Interamericana.
El autor es jurista y catedrático.
