Es un fenómeno que se veía venir. Daniel Ortega ha gobernado Nicaragua por 16 años y lo hace de forma ininterrumpida desde 2007. Al iniciar su segundo período presidencial, en sus primeros 100 días como mandatario, destituyó a las ministras de Familia, Cultura y Medio Ambiente. En 2017 los profesionales “decapitados” de sus puestos superan la cuarentena.
Y no solamente se van ministros. La lista la engordan alcaldes, concejales, embajadores y otros. Se marchan por hablar en público a medios de comunicación sobre el tema del cual son expertos o por subir una fotografía al Facebook con una persona que, aparentemente, le cae mal al caudillo Ortega o a su círculo del Frente Sandinista.
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LA PRENSA habló con algunos de estos profesionales destituidos y con un experto en Derechos Humanos y Laborales para comprender mejor cómo es trabajar en el gabinete o en el Gobierno de la Nicaragua actual y qué leyes se violan con estos movimientos que se efectúan, pareciera, desde el Ejecutivo.
La primera y la última
La primera ministra destituida no cumplió ni el mes. Se trata de Glenda Ramírez y en su currículo puede anotar: ministra de la Familia del 10 de enero de 2007 (día en que Ortega tomó posesión y presentó a sus ministros) al 8 de febrero de 2007. Firmó su carta de renuncia el viernes 9, pero estaba con fecha del jueves 8. A los días le dijo a medios informativos que el motivo de su salida eran problemas de salud, pero antes una fuente cercana a Ramírez había dicho a este Diario que fue sacada por “recomendaciones de Néstor Moncada Lau”, un exmiembro de la Seguridad del Estado sandinista que, según artículos de la época, se encargaba de “verificar la ‘pureza ideológica’ de quienes optan por un cargo en el nuevo Gobierno”.
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La destitución más reciente, por su parte, es la de María Auxiliadora Chiong Gutiérrez, quien hasta hace unos días era la ministra de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca). La cronología de su despido se dio así:
El martes 27 de junio se presentó a la Asamblea Nacional para solicitar un préstamo para su ministerio y dio información a LA PRENSA sobre su campo de pericia.
El miércoles 28 de junio la noticia apareció publicada en este periódico con el titular: No más gallinas, cerdos y vacas regaladas: el Programa Hambre Cero dejó de ser gratis.
El jueves 29 de junio, según fuentes del Mefcca, se le impidió a Chiong que entrara a su oficina y se le comunicó que estaba destituida. Esto se oficializó el 7 de julio con la publicación de La Gaceta, el Diario Oficial del Estado. El acuerdo presidencial No. 101-2017 anunció que se aceptaba la renuncia de Chiong, mientras que el acuerdo presidencial No. 102-2017 dio a conocer a Justa del Rosario Pérez Acuña —la viceministra— como la nueva ministra del Mefcca.
Fuentes del Mefcca relataron a LA PRENSA lo ocurrido el día 28 de esta forma:
“La Justa fue quien llamó de urgencia a la ministra Chiong para que se presentase al ministerio. Allí en el parqueo la esperó y de inmediato le quitaron las llaves del vehículo y de la oficina. Cuando le comunicaron que ella había sido destituida ella replicó asustada, desorientada que por qué su despido, y le dijeron que por declaraciones al ‘panfleto’ (LA PRENSA). Ella intentó realizar llamadas y el celular asignado estaba bloqueado y le dieron tres opciones: o renunciaba o se jubilaba o se iba a trabajar a un carguito en una de las embajadas, y ella, bueno, al parecer optó por jubilarse”.
“Tratan de humillar a la gente”, explica el sociólogo y economista Óscar René Vargas, quien vivió algo muy parecido en 2007. “Cada vez que veo este tipo de cosas me recuerda que esta es la lógica que están aplicando. Es una decisión de que no se hable. Punto. La que tiene que hablar es Rosario Murillo (esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta designada por el poder electoral)”.
Despedidos por hablar con LA PRENSA
En los primeros 100 días del segundo mandato de Daniel Ortega, en 2007, otra ministra que “cayó” por hablar de su campo de profesión con LA PRENSA fue Margine Gutiérrez, titular del Ministerio de Cultura. En una entrevista publicada el 25 de marzo de 2007, Gutiérrez cometió el “error” de no saludar el regalo que Daniel Ortega hizo a su entonces homólogo venezolano Hugo Chávez, de dos manuscritos originales de Rubén Darío. Tal opinión, plasmada en tinta y papel y disponible para el público general, le habría valido el puesto esa misma semana.
Meses más tarde, en julio, Óscar René Vargas, que se integró en las filas del Frente Sandinista en los años sesenta, cuando la célula política daba sus primeros pasos, y quien asegura haberle salvado la vida a Daniel Ortega en 1967, era el nuevo embajador de Nicaragua en Francia. Ya lo había propuesto el Gobierno criollo y ya había dado el plácet el Gobierno europeo. Incluso el embajador de Francia lo presentó en una cena oficial a los embajadores de la Unión Europea y solo esperaba el momento de irse, pero antes le dio una entrevista a LA PRENSA.
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“Fui destituido por la entrevista”, recuerda 10 años después. “A comienzos de julio (8 de julio de 2007) me entrevistaron del diario LA PRENSA y en el transcurso de la entrevista, que yo considero súper light (ligera), sin entrar en problemas ni nada yo dije que pensar era peligroso, cuando la entrevistadora me preguntó sobre las renuncias de ese año. Punto. No dije si era bueno o era malo. Y el diario tituló eso, ‘pensar es peligroso’ (el titular fue Pensar trae mucha adversidad)”.
El ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Santos, lo llamó para comunicarle que ya no iría a Francia, que Nicaragua había revocado la decisión de tenerlo como embajador en París.
“Desde entonces yo no hablo más con Ortega”, cuenta Vargas. “Mi relación era buena, pero lo que pasa es que hay detalles en la vida. Hay represión y las personas que sufren esta humillación no hablan para evitarse mayores represiones. A lo mejor sus familias tienen a sus hijos en el Gobierno y tienen temor que haya represiones sobre la familia. Yo no tengo acceso a nada, a mí la pensión no me la dieron. No me dejan trabajar en las universidades”.
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Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), explica:
“Ningún funcionario ni empleado puede ser despedido o reprimido por el simple hecho de dar una opinión en el ejercicio de su función. No violenta ninguna Ley que motive la separación o el despido del funcionario. La Ley de Servicio Civil y de carrera civil ha quedado en la utopía, porque tenemos un Estado que en el ejercicio de su función el poder ejecutivo ha centralizado poderes de todos los empleados públicos, dañando la institucionalidad y haciendo o creyendo que los recursos humanos del Estado pertenecen al partido de turno (Frente Sandinista). Pero en realidad pertenecen al Estado y al servicio de la sociedad”.
Funcionarios “renunciados”
En 2017 la situación no ha mejorado. En febrero pasado, en la inauguración de un instituto donado en San Juan del Sur, Rivas, varios concejales sandinistas se presentaron a la actividad y también lo hizo el escritor y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, quien conocía a una de los donantes de la fundación Random Acts, con sede en Estados Unidos. A los pocos días tres de los concejales presentes, incluido José María Guadamuz, secretario del Concejo Municipal, fueron expulsados de sus puestos. ¿La razón? Habrían cometido el agravio de coincidir en un evento con el invitado Ramírez, quien se distanció del Frente Sandinista en los noventa y fundó el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), pero que está alejado de la política partidaria desde hace dos décadas.
El escritor catalogó estas decisiones como “terror oscurantista” en una carta suya que publicó LA PRENSA. “(Estoy) profundamente apenado por su suerte, solidario con ellos, y avergonzado de que semejante barbarie ocurra en Nicaragua”, se expresó en la misiva pública.
El puesto de secretario del Concejo de José María Guadamuz fue otorgado a Heidy Herrera, que llevaba cuatro años y medio como concejal sandinista en el pueblo playero, pero a los días también la expulsaron a ella por subir a Facebook una foto junto a Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos en Nicaragua.
“Es triste… la verdad es triste”, expresa Herrera para esta publicación. “No es tanto la humillación, porque al fin y al cabo lo importante es salir con mi frente en alto. Yo no robé nada, no falté a nada”, dice.
La foto ni siquiera tenía que ver con el Concejo, sino con una biblioteca en la que ella trabaja desde hace 16 años. Recibieron un donativo de la Embajada de Estados Unidos y, como hace siempre con los donantes o personas que visitan el lugar, se sacó la fotografía y la subió a la página de Facebook de la biblioteca. Eso habría valido su destitución. Le llegó un informe donde la llamaban “traidora”, según cuenta, y también una carta de renuncia que le dieron a firmar donde señalaban que se iba por “problemas familiares”. Ella se negó a firmarla.
“A pesar de las circunstancias cómo se dieron, yo, Heidy Herrera soy leal como ser humano, persona, bibliotecaria, amiga, hermana, como lo que tenga que ser. Yo no viví el sandinismo de cargar un rifle o ir a los cortes de café o algodón. No estuve en la revolución porque era una niña; sin embargo, tengo más lealtad política que cualquiera. Y mi lealtad política no me dejaba firmar una carta donde se me acusaba de hecho hasta de problemas familiares. Como todas las cartas. Así se excusan todas”, afirma.
34 alcaldes destituidos
Este año se celebrarán elecciones municipales en Nicaragua, pero aunque el pueblo pueda elegir libremente a sus representantes locales a través del voto, el poder ejecutivo pareciera tener la última decisión sobre muchos de ellos. Desde 2008 Ortega ha destituido —u obligado a que renuncien— a 34 alcaldes y vicealcaldes en estos departamentos: 7 en Carazo, 4 en Nueva Segovia, 4 en Chinandega, 3 en Matagalpa, 3 en Boaco, 3 en León, 2 en Managua, 2 en Masaya, 2 en Rivas, 1 en el Caribe Norte, 1 en el Caribe Sur, 1 en Chontales y 1 en Granada.
En teoría, los gobiernos municipales gozan de autonomía política, administrativa y financiera. Así lo establece la Constitución Política de Nicaragua en el artículo 177. El Gobierno central tiene obligaciones y responsabilidades con los municipios, pero son principalmente de asignaciones presupuestarias para respaldar los proyectos de desarrollo local. Al destituir alcaldes sin pasar por los procedimientos legales establecidos y obligarles a que firmen cartas de renuncia, se viola la autonomía municipal.
Integridad profesional
Para Álvaro Leiva, activista de los derechos humanos y laborales, la función pública en Nicaragua está “deteriorada”.
“Estas destituciones violentan el ejercicio de la función pública. Los empleados no opinan, no pueden emitir sus pensamientos ni de la función ni personales. No pueden ni informar. Aquí hay una inestabilidad laboral sin excepción en todas las instituciones públicas. El Estado se mezcla con el partido. Se promueve el secretismo, la violación de derechos laborales. Funcionarios sumisos al partido de turno. Y son funcionarios públicos, como el presidente. Su salario lo pagamos nosotros con la Coca-Cola, el chicle, la galleta. El salario de Ortega”.
Una funcionaria que por tres años hizo parte del gabinete de Ortega y que, asegura, renunció antes de cometer cosas incorrectas, es Ruth Selma Herrera, exdirectora de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal).
“No es porque es el Frente Sandinista”, dice Herrera. “Aquí en Nicaragua todos los gobiernos tienen una tradición de abuso a la gestión pública. Y todavía no se han hallado con suficientes funcionarios que les digan: ‘No, esto no se puede hacer’. Sino que todos, por temor a irse del trabajo, por temor a la calle, terminan haciendo las cosas incorrectas. Bayardo Arce, Gustavo Porras y Edwin Castro siempre estuvieron en contra de que yo estuviera al frente de Enacal. Como ellos saben que yo soy una persona que camina con las leyes en las manos, yo era una persona non grata para ellos”.
Por esos años, de 2007 a 2010, Herrera cuenta que en el gabinete de Ortega solo había unas “cuatro o cinco personas” que se atrevían a dar opiniones, que sabían decir “no” cuando era necesario. “La gente me decía: ‘Ruth, no hablés, ¿para qué decís eso? Ahora ¿con qué vas a salir? ¿No te querés jubilar?’ Pero yo siempre he tenido qué comer, siempre he tenido profesión. Yo no fui a Enacal para jubilarme, fui a trabajar por el agua”, recuerda.
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Herrera desea que se “reivindique la integridad” de los trabajadores públicos de Nicaragua. Critica que se haya hecho una costumbre que muchos justifican los atropellos que les hacen o que ellos hacen porque “la calle está dura”.
“La calle está dura para el que no sabe trabajar”, sentencia. “Para el que está acostumbrado a que las cosas le salgan fáciles. Los diputados, los magistrados. Pero un profesional serio, formado, competente, nunca te puede decir eso”.
La foto de la discordia
“A veces pienso que es bueno (la destitución). Hoy vivo una vida plena, en libertad. No tengo que estarme escondiendo de nada ni de nadie. Disfruto mucho más de la familia, de las amistades”, dice Heidy Herrera (a la derecha en la imagen), concejal sandinista destituida arbitrariamente. La habitante de San Juan del Sur fue despedida como concejal por subir esta fotografía a la cuenta de Facebook de la biblioteca para la que trabaja, pues en ella aparece con Laura Dogu (a la izquierda en la imagen), embajadora de Estados Unidos en el país.
“Cuando los profesionales le empecemos a decir que no a cualquier gobierno que quiera manipular, esos majes nos van a respetar más a todos”. Ruth Selma Herrera, exdirectora de Enacal.
“Fui destituido por una entrevista a LA PRENSA. Después Francia no aceptó a otras dos personas propuestas. No les dio el plácet. Francia consideró que era una afrenta para ellos”. Óscar Renés Vargas, exembajador designado de Nicaragua en Francia.
“A veces pienso que es bueno (la destitución). Hoy vivo una vida plena, en libertad. No tengo que estarme escondiendo de nada ni de nadie. Disfruto mucho más de la familia, de las amistades”. Heidy Herrera, concejal sandinista destituida arbitrariamente.
