Hace algunos años, un senador norteamericano me comentó, “Francisco, la ONU (Naciones Unidas) no sirve para nada, ¡pero la OEA es diez veces peor!” Su declaración quedó grabada en mi mente y la recordé cuando a finales del mes pasado los cancilleres de la OEA no pudieron ponerse de acuerdo en Cancún sobre un plan para abordar la crisis más grave que enfrenta el hemisferio. Me refiero a la trágica situación socioeconómica, humanitaria, de seguridad y política que vive Venezuela.
En Cancún, el gobierno de Venezuela —con el fuerte respaldo del de Nicaragua— logró frustrar un intento por parte de la mayoría de los países miembros de la OEA de aprobar un planteamiento que instaba el Gobierno venezolano a abandonar la elección constituyente que el presidente Maduro propone realizar para finales de este mes, a liberar los cientos de presos políticos y a ponerle fin a la violencia represión política que sacude el país.
Cuando se dio la votación final, veinte países —incluyendo Estados Unidos (EE. UU.), Brasil, Canadá, México y Argentina, entre otros— no lograron reunir los dos tercios de los votos requeridos por la Carta de la OEA. Esto porque otros trece países votaron en contra o se abstuvieron.
Claramente, las cancillerías de Venezuela y Nicaragua obtuvieron un triunfo diplomático en Cancún. Lo lograron en parte porque las cancillerías de los grandes países que apoyaban acción en Venezuela no supieron “pastorear” a las trece naciones que no respaldaron acción en Venezuela.
Pero también lo lograron porque hábilmente se aprovecharon de la Carta de la OEA que estipula que cada estado miembro tiene derecho a un voto y que para ciertos temas, se requiere dos tercios de los votos para tomar acción.
Aunque algunos de los países que lograron inmovilizar a la OEA tienen un cierto peso —Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Ecuador, por ejemplo— la mayoría de los otros que bloquearon acción en Venezuela son pequeñas islas como Grenada, Dominica y Antigua y Barbuda. Uno de los microestados que no apoyó acción en Venezuela, San Cristobal y Nieves, ¡es más pequeño que Ometepe!
Caracas y Managua supieron manejarse mejor en Cancún que las naciones que apoyaban acción en el caso venezolano. Pero a la vez pusieron en evidencia la debilidad que explica la inoperancia de la OEA: lo que yo llamo la “tiranía de los inconsecuentes”. Esta tiranía se fundamenta en la norma de un voto por país, sin tomar en cuenta el peso específico del estado miembro.
Explico el problema que paralizó a la OEA con algunas cifras. Las poblaciones de los veinte países que votaron a favor de acción en Venezuela suma más del 90 por ciento de la población del hemisferio. Las economías de estos mismos países son igual al 97 por ciento del Producto Interno Bruto del Nuevo Mundo y los veinte contribuyen el 95 por ciento del presupuesto de la OEA. ¡Más asimetría es difícil de imaginarse! Sin embargo, por las estipulaciones incorporadas en la Carta de la OEA, una minúscula minoría logró impedir que se aceptase la voluntad de la abrumadora mayoría medida en población, peso económico y aporte financiero a la OEA.
Obviamente, semejante disparidad entre peso específico y poder es ilógico. Jamás existiría en una empresa privada. Pero ha imperado en la OEA desde su inicio. Sin embargo, las cosas no tienen que ser así. En todas las instituciones financieras internacionales —como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Banco Interamericano— por ejemplo, los votos de cada nación reflejan el tamaño de sus economías y aportes financieros. Y estas cuotas cambian en la medida que estos factores varían. Y hasta en la ONU, aunque cada país tiene un voto en la Asamblea General, existe un contrapeso en el Consejo de Seguridad en donde se concentra el verdadero poder y en donde los cinco miembros permanentes —EE. UU., China, Francia el Reino Unido y Rusia— tienen un derecho al veto.
Volviendo a la OEA, desde hace rato, sus críticos —y son muchos— han dudado de su utilidad. Algunos de sus programas, como sus becas y observación electoral, son valorados positivamente. Pero su prestigio está desgastado y su razón de ser es cuestionada. En el proyecto de presupuesto que envió la Administración Trump al Congreso, por ejemplo, se afirmó que la contribución estadounidense a la OEA (actualmente el 60 por ciento de su presupuesto) sería ajustada de acuerdo a la manera en que la OEA es consecuente con los intereses de EE.UU. y después de lo que pasó en Cancún, varios destacados parlamentarios norteamericanos han amenazado con recortar no sólo la ayuda estadounidense hacia los países que no votaron a favor de acción en Venezuela, sino que también los fondos asignados a la OEA.
Por otro lado, Venezuela y los otros países ALBA se han pronunciado a favor de retirarse de la OEA y conformar una nueva organización hemisférica, pero sin EE. UU. y Canadá. En vista de lo anterior, no es una exageración decir que la OEA enfrenta una seria crisis existencial.
¿Qué hacer para que la OEA volviese a cobrar relevancia? Mi sugerencia es que sus estados miembros consideren seriamente enmendar a la Carta de la OEA para ponerle fin a la “tiranía de los inconsecuentes”. Desde 1948, cuando se aprobó la Carta, ha sido cambiada en cuatro ocasiones, incluyendo más recientemente en Managua en 1993. A mi criterio, ya llegó el momento de modernizarla otra vez, esta vez para abordar la “vaca sagrada” que es el artículo 56 que otorga un voto por país sin importar el tamaño del estado. Si no se hace esto, la OEA —que agoniza por una crisis de irrelevancia— dejará de existir.
El autor fue Representante Permanente de Nicaragua en la OEA
