Uno de los desafíos más grandes que enfrenta el Cosep es cómo posicionarse ante el capitalismo de cuates, o de amigotes. En inglés le llaman “crony capitalism”; aquel donde el éxito de muchos empresarios depende no tanto de sus propios méritos como de sus nexos con funcionarios gubernamentales. Su opuesto es el capitalismo competitivo, aquel donde los empresarios compiten en pie de igualdad y en el que triunfan los más eficaces.
En el capitalismo de cuates los bien conectados ganan las licitaciones, reciben permisos, protecciones, aranceles o exoneraciones especiales; la burocracia los exime de los trámites y trabas que pesan sobre los demás, los tribunales los favorecen en los litigios y, cuando es necesario, los tentáculos del poder evitan que les hagan sombras posibles competidores. Este tipo de capitalismo es esencialmente corrupto y surge en sociedades donde se combinan la poca ética con gobiernos poderosos que controlan todos los resortes del poder.
Nicaragua tiene todos los ingredientes para el florecimiento de este capitalismo: un consorcio familiar con ilimitado poder político, grandes negocios y poca ética. Estas circunstancias han creado dos sectores empresariales; uno relativamente nuevo, hijo de las ventajas del poder, y otro constituido por capitalistas de viejo cuño, más una constelación de medianos empresarios todavía competitivos.
El problema es que el primer sector, debido a sus obvias ventajas, tiende a crecer y a corromper al otro. Muchos empresarios se ven tentados a asociarse con los conectados, o a cultivar la amistad o vínculos económicos, con quienes manejan las dependencias gubernamentales. De esa forma aseguran su prosperidad, aunque sacrifiquen su independencia y, en cierta forma, su honradez.
Cosep no es ajeno a esta dinámica. Bajo su paraguas coexisten los dos tipos de empresarios —los conectados y los competitivos— creando entonces una creciente tensión entre su fidelidad a los principios de la libre empresa —manifestados en su decálogo— y las presiones de empresarios complacientes o quizás cómplices del sistema.
Un hecho reciente ilustra el caso: el de los préstamos preferenciales del INSS para la construcción de edificios. El mal no estuvo en que el INSS prestase, pues mal haría, como dijo Bayardo Arce, en guardar su plata bajo la almohada. Malo es que no lo hizo a través de un proceso transparente abierto al mejor postor. Yo tengo un hermano que acaba de construir un edificio con préstamos del sistema bancario, superiores al 9 por ciento. ¿Por qué no gozó de las ventajas del 7 por ciento del INSS? Sencillamente porque ni es conectado y porque ni a él, ni a centenares de inversionistas más, le ofrecieron la oportunidad de aplicar a dichos préstamos.
Este actuar, discriminatorio e ilegal, contraviene también el compromiso de Cosep, expresado en su decálogo, de asegurar “la igualdad de las empresas ante la ley y la libre y sana competencia, reiterando que concesiones y licitaciones deben realizarse bajo procesos transparentes y públicos”. El problema, en este caso, es que, hasta la fecha, Cosep no ha denunciado públicamente esta violación flagrante de uno de sus principios básicos —como tampoco lo ha hecho respecto a la absoluta falta de transparencia en el uso de fondos públicos, el caso del aeropuerto, y otros de su incumbencia—, ¿será por sus contradicciones internas?
Es cierto que Cosep, al no ser partido político, no está obligado a pronunciarse sobre temas que exceden de su ámbito gremial. Pero sí debe hacerlo sobre temas que afectan directamente a las empresas y que amenazan sus propios principios que, al menos en papel, son los principios de la libre empresa o del capitalismo competitivo. No basta tener un decálogo. Hay que exigir también que se respete.
El autor fue ministro de Educación y es sociólogo e historiador.
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