Aunque la meta del Gobierno era que desde su entrada en vigencia se utilizara, los resultados no fueron los esperados. Por segundo ciclo agrícola consecutivo ningún agricultor ha solicitado los beneficios que otorga la Ley 930, Ley de Fomento a la Producción de Granos Básicos y Ajonjolí, cuya vigencia concluye en 2021.
El objetivo de dicha Ley es facilitar el acceso al crédito a pequeños productores propietarios de hasta veinte manzanas de tierra. Los beneficiados pueden solicitar financiamiento para la siembra de hasta cinco manzanas de frijol, maíz, arroz, sorgo o ajonjolí. La tasa de interés aplicada a dichos créditos recibe un subsidio estatal que reduce en tres puntos porcentuales la tasa fijada por la entidad financiera. La entidad otorgante recuperaría el subsidio otorgado, a través de créditos tributarios.
Los montos establecidos por Ley para estos créditos son el equivalente de 400 dólares por manzana para frijol, sorgo y ajonjolí, para el maíz 500 dólares por manzana y 800 dólares por manzana para el arroz.
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Dado que los montos establecidos en la Ley son pequeños son las microfinancieras las que atienden este segmento. Pero hasta ahora, en ninguna de las instituciones afiliadas a la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinazas (Asomif) se han solicitado los beneficios que otorga esta Ley.
LAPRENSA/M. ESQUIVEL
Asomif lo advirtió
El director ejecutivo de Asomif, Alfredo Alaniz, dice que desde el año pasado cuando participaron en la consulta de esta iniciativa propuesta por el poder ejecutivo, le advirtieron a los diputados de la Asamblea Nacional que tal y como estaba planteada no era viable, ya que es demasiado burocrática.
“Por los montos involucrados y la dispersión de los clientes el esquema desarrollado en la Ley es demasiado complejo y burocrático. Hay que inscribirse en el Mefcca (Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa), pedir un certificado de inscripción y después ir al institución de microfinanzas a solicitar el crédito”, detalla Alaniz.
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Todas estas gestiones, según Alaniz, significan para el productor costos de transporte, pero especialmente de tiempo, que le quitan atractivo al valor del subsidio a la tasa de interés que otorga la Ley. “Hay mucha burocracia en la tramitación del certificado para obtener el certificado para el beneficio”, dice Alaniz.
La Ley también establece que las instituciones de microfinanzas deben enviar reportes mensuales al Mefcca sobre los créditos y realizar los trámites para recuperar el subsidio a través de un certificado de crédito fiscal.
Aplicación costaría 60 millones de córdobas
“Otro de los problemas que nosotros le señalamos a la Asamblea Nacional es que el beneficio que otorga la Ley es un beneficio fiscal, es decir, que si la institución microfinanciera tenía que pagar IR (Impuesto sobre la Renta) el valor de ese certificado se deduce del IR y más de la mitad de las instituciones de microfinanzas son ONG (Organismos no Gubernamentales) y las ONG no pagan IR”, explica Alaniz.
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Cuando la Ley fue aprobada en mayo del año pasado el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, que preside la Comisión de Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, calculó que al Estado le costaría unos sesenta millones de córdobas anuales la aplicación de esta Ley, que se tenía previsto beneficiaría a unos 177,815 productores.
Adicionalmente, se desconoce si el Mefcca tiene sucursales en todos los municipios del país para inscribir a los productores y emitir las constancias de registro que el productor requiere para tramitar el financiamiento.
“Porque la producción de granos básicos, aunque está concentrada en algunas zonas, está regada en todo el país, por tanto se requieren delegaciones del Mefcca en todos los municipios”, dice Alaniz.
El director ejecutivo de Asomif lamenta que las recomendaciones emitidas por ellos en la consulta no se hayan tomado en cuenta, ya que al final habrá que hacer reformas a la Ley para hacerla más atractiva, para que en los tres ciclos agrícolas que le quedan de vigencia pueda ser utilizada.
Tasa de interés debió ser consensuada
Además, Asomif considera que la tasa de interés referencial para estos financiamientos debió ser consensuada con el sector, ya que la Ley contempla que el Mefcca la establecerá.
“Pienso que para hacer viable la Ley hay que buscar otros mecanismos. Porque por muy buena voluntad que tenga el Gobierno de apoyar a los pequeños productores, mientras no se faciliten los trámites para que ellos no se tengan que desplazar grandes distancias en busca de algo que les resulta incierto, los beneficios que ofrece esta Ley no serán utilizados”, sostiene Alaniz.
Además considera que el Gobierno también tiene que tomar en cuenta que los oficiales de crédito de las instituciones de microfinanzas visitan a los productores en sus fincas y ahí mismo se levanta toda la información y luego solo se le avisa que llegue a firmar y a recibir el dinero y ellos están acostumbrados a eso”, señala Alaniz.
Una de las opciones que Asomif considera viable es que las instituciones de microfinanzas sean las que apliquen la Ley directamente. “Hay que reformar el mecanismo. Habría que estudiar la posibilidad de que el mecanismo sea administrado por las propias instituciones de microfinanzas, pero el Mefcca tendría que salir del juego”, sostiene Alaniz.
Otro factor que podría incidir en que la Ley no esté siendo utilizada es la falta de promoción. El año pasado, cuando fue aprobada, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), advirtió que el Mefcca, como autoridad encargada de la aplicación, debía difundir sus beneficios para garantizar que fuese utilizada.
En cifras
261,321 productores individuales registró el IV Censo Nacional Agropecuario (Cenagro, 2011).
31,758 de ellos son dueños de menos de media manzana de tierra.
16,660 poseen entre media y una manzana.
38,149 productores del gran total poseen entre una y dos manzanas y media.
35,580 poseen entre dos y media y cinco manzanas de tierra.
Aprobar leyes efectivas
Para la diputada liberal Azucena Castillo, no basta con aprobar leyes, sino que estas deben ser analizadas para garantizar que su implementación resuelva los problemas. “Es hora que los diputados entreguen leyes de calidad y que la ejecución de los proyectos o la implementación de la Ley que busca fomentar o incentivar la producción se logre sin hacer diferencia en la inclinación política de los beneficiarios (…).Así se evitaría estar sacando leyes que no tienen resultados. Especialmente para el agro que necesita impulsarse urgentemente (…) y necesita tener el crédito a tiempo y a un interés razonable”, dice Castillo.