Después de cinco días que la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), anunciaron la existencia de una red que habría instalado empresas de maletín en Nicaragua y lavado dinero, ha persistido el silencio del gobierno de Daniel Ortega alrededor del tema.
Hasta ahora ni la vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo, en sus alocuciones del mediodía, ni la Unidad de Análisis Financiero (UAF), han informado sobre las acciones de investigación y prevención que pudo haber realizado el país, en relación con lo denunciado por las autoridades de Guatemala, el pasado 14 de julio. De forma reiterada y en distintos momentos LA PRENSA ha solicitado información a los representantes de la UAF, pero estas no han respondido.
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Las empresas de cartón conformadas en Nicaragua, según las autoridades guatemaltecas, estarían vinculadas con el extitular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Alejandro Sinibaldi, con el fin de blanquear el capital que aparentemente a través de sus empresas recibieron en sobornos pagados por otras empresas.
Aunque en Guatemala se aseguró que los sobornos alcanzaron los 10 millones de dólares, hasta ahora las autoridades guatemaltecas no definen si el total de dinero ingresó a Nicaragua, pues solo mencionaron dos casos en concretos, cuya transferencia en préstamo alcanzaría los 900,000 dólares.
Sin embargo, ninguna autoridad del gobierno de Ortega parece estar interesada en aclarar qué fue lo que realmente pasó.
El exprocurador general de la República, Alberto Novoa, considera que desde el mismo día de lo denunciado por las autoridades guatemaltecas, debió iniciarse una investigación para descartar las sospechas.
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“Una Fiscalía despierta debió haber alertado a todas las autoridades nacionales que van a investigar ese lavado de dinero”, refiere Novoa, quien dice que aunque la Fiscalía no tuviese en este momento una documentación total de lo que se investigó en Guatemala, debería de informar públicamente cuáles son las actividades que realizará.
“Porque esto implica un serio peligro que nos liguen a actividades ilícitas de mayor envergadura, porque a mi consideración este es apenas la punta de un gran escándalo”, sostiene Novoa.
Cuestiona falta de asistencia judicial a Guatemala
Critica además que desde hace tres meses las autoridades conocieron la solicitud de asistencia judicial efectuada por la Fiscalía de Guatemala, como aseguró el martes a LA PRENSA el fiscal especial, Juan Francisco Sandoval, y por burocratismo no dieron seguimiento cuando se trata de hechos criminales.
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“Yo como fiscal de la República hubiese iniciado hace tiempo esa investigación, porque esas transacciones no se dan por ocasión (…) sino porque hay una mano que protege eso y no puedo decir cuál es, pero hay una mano protectora”, dijo Novoa.
Además señaló que la investigación de este delito no solo le compete a la Fiscalía, también está la UAF, la Superintendencia de Bancos, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, “organismos de inteligencia jurídica policial que están trabajando, y no descubrir eso, o hacerse de la vista gorda, es otra cosa”.
No ha habido lavado, dice presidente del Cosep
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, dijo que en Nicaragua no ha habido lavado de dinero.
“Lo que se puede ver es que hubo un sistema que funcionó adecuadamente, que hizo sus ROS (Reportes de las Operaciones Sospechosas) que estos fueron transmitidos a las operaciones de la UAF y que a su vez hizo que no hubiera estas dos transacciones que son las que mencionan en la presentación que hizo la Cicig”.
En el caso de las investigaciones —enfatizó Aguerri— “el trabajo que les corresponde hacer a los bancos, es el de reportar cuando hay operaciones sospechosas. Los bancos no son autoridades para determinar si son o no son las actividades delictivas”.
“Eso ya es el trabajo que hace la autoridad que es la UAF y lo que es importante, como ProCredit ha señalado muy claramente que no hubo esas transacciones, que no hubo la transferencia”, continuó Aguerri.
Presidente de Amcham
se pronuncia
En ese sentido, Álvaro Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), afirmó que el consorcio de abogados que emitió la escritura de las sociedades involucradas en el caso, es socio activo de Amcham pero que deslindan nexos con acciones fuera de la ley.
“Ellos lo único que han hecho es una escritura como cualquier abogado hace, una sociedad anónima. Ellos ya habían hecho su investigación por medio de la firma que ellos tienen en Guatemala, y obviamente habían demostrado que era una gente que no tenía antecedentes y accedieron a hacer el proceso de la sociedad anónima. Lo hicieron dentro del marco de una sociedad que cualquier compañía del país podía hacer, pero les tocó a ellos. Pudo haber sido cualquier otro. Pero en ningún momento este grupo, este bufete, nunca ha estado involucrado en este tipo de cosas”, sostuvo Rodríguez.
Aguerri y Rodríguez dicen desconocer cuál ha sido el avance de las investigaciones en Nicaragua y se limitaron a referir que las entidades bancarias del país han negado algún tipo de transacción de esa naturaleza.
“Entiendo que están trabajando en eso, tanto la UAF como la Superintendencia han tomado sus medidas”, aseveró Rodríguez.
Advertencia de riesgo
El exprocurador Alberto Novoa recordó que Nicaragua ya ha sido advertido de posible lavado con informes como el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que lo coloca como tercer país de América Latina donde se lava dinero, o el Departamento de Estado de Estados Unidos y otras agencias de inteligencia que han advertido de la vulnerabilidad existente a ese delito. Es de destacar que todos los informes alrededor de este tema fueron publicados en los cuatro primeros meses del 2017.