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Juan Manuel Guerrero. abogado de Álvaro Montealegre junto a las demás defensas sin reos presentes en audiencia. FOTO/LA PRENSA/CARLOS VALLE.

Fiscalía pide regresar a la cárcel a Montealegre y Paguaga

Aunque magistrados de apelación no se pronunciaron sobre la revisión de medida cautelar ni dijeron una palabra sobre la ausencia de los reos.

Ante la ausencia de los procesados Álvaro Montealegre y Hugo Paguaga durante la audiencia de apelación que se realizó ayer, en la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua, en sus contra por estafa agravada, ofrecimiento fraudulento y crimen organizado, en perjuicio de 17 víctimas, la fiscal Grethel Fernández solicitó a los magistrados revisión de la medida cautelar para los reos.

La fiscal consideró que ambos procesados han violado el arresto domiciliar, (que gozan desde inicio de este año por sufrir de supuestas enfermedades) al no presentarse a dicha audiencia, ya que “ellos estaban obligados a presentarse a la audiencia pues quedaron comprometidos de asistir a los tribunales las veces que sean requeridos”.

“Me parece que hay una transgresión y debe de revisarse la medida cautelar”, dijo Fernández en audiencia.
Sin embargo, los magistrados no se refirieron al respecto.

Al respecto, Juan Manuel Guerrero, abogado de Álvaro Montealegre, dijo en audiencia que “yo como abogado no lo puedo traer serían las autoridades correspondientes que lo deberían traer”.

No invalida audiencia

Douglas Rodríguez, una de las defensas de las 17 víctimas dijo que la ausencia de los procesados no invalida el acto, porque están presentes sus defensas. Además en apelación se ha vuelto común que no giran oficio a la Policía ni al Sistema Penitenciario para que trasladen a los reos y en las audiencias solo están presentes sus defensas.

Montealegre fue condenado a 22 años de cárcel y Paguaga a 8 años de cárcel, a pesar que fueron procesados por los mismos delitos dijo Guerrero en uno de sus alegatos, demostrando que hay desproporcionalidad en la pena en cuanto a su representado.

También mantuvo que ese caso es del orden civil-mercantil y no del resorte penal porque las víctimas sabían que estaban invirtiendo. La estafa agravada anda por los 4 millones de dólares según sentencia de junio de 2016.

A Nelson Cortés, abogado de Roberto Bendaña, juzgado en ausencia no lo dejaron expresar agravios en audiencia, lo que consideró una nueva violación a los derechos constitucionales de su representado.

Excluyen a terceros de buena fe

La magistrada Martha Quezada, ponente de esta audiencia inició negando el derecho de reclamar daño causado a terceros de buena fe, entre ellos a los extrabajadores de Almory, empresa de Álvaro Montealegre.

Estos trabajadores tienen demanda laboral por falta de pago de prestaciones laborales y reclaman que no los dejen fuera del pago en caso de que se vendan las propiedades decomisadas a los procesados, pero los magistrados los dejaron en indefensión, reclamó su abogado.

Otros afectados fueron los representantes de la banca nacional con quienes están hipotecadas las propiedades de los procesados desde antes de la sentencia de primera instancia que las decomisó.

También quedaron fuera los familiares de Hugo Paguaga, representados por el abogado Bismarck Dávila. De esta manera, los magistrados limpiaron el camino a las víctimas, para que no compartan el dinero de la venta de propiedades con el resto de reclamantes.

 

 

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