Lula Da Silva se comió sus palabras. En septiembre de 2016 el expresidente de Brasil bramó entre lágrimas, al ser acusado por la Fiscalía carioca: “Prueben un solo acto de corrupción mía e iré caminando a la comisaría como la gente va a Aparecida do Norte (centro de peregrinaje católico) para pagar sus pecados”. El 13 de julio pasado fue condenado a nueve años y medio de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero y lejos de ir andando a prisión, el político valora más bien recurrir la sentencia para retrasar la mudanza a su celda lo máximo posible. Pero Lula no está solo. Otros ocho exmandatarios latinoamericanos enfrentan o han enfrentado la justicia en los últimos años, en lo que se manifiesta como una ola anticorrupción con una lista sin precedentes en el continente.
En Brasil, además, el actual presidente Michel Temer está siendo procesado por corrupción. En Perú el exmandatario Ollanta Humala y su esposa enfrentan una orden de 18 meses de prisión preventiva mientras avanza su proceso penal, también por corrupción. En Guatemala el expresidente Otto Pérez Molina lleva ya dos años durmiendo en prisión. En Panamá el otrora presidente Ricardo Martinelli está siendo juzgado por escuchas ilegales durante su gobierno. En El Salvador el expresidente Francisco Flores murió cuando se le acusaba de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Sus compatriotas Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, también expresidentes, están siendo investigados por corrupción y lavado de activos. Y en Honduras, el expresidente Rafael Callejas se declaró culpable de participar en una trama de sobornos cuando dirigía al país, lo cual podría traducirse a una condena de 20 años de cárcel.
“La gente ya no está para que le den atol con el dedo”, dice José Luis Velásquez, doctor en Ciencias Políticas y exrepresentante de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA). “El pueblo buscará siempre la justicia, ya sea si esta se la conceden los tribunales o la toma por su propia cuenta. El que las debe, siempre deberá temerlas. No hay escape”.
Las investigaciones se hacen públicas, las calles se repletan de manifestantes, los jueces toman poder y los políticos caen. Se vive un contundente rechazo a la “arbitrariedad, la discrecionalidad, el centralismo y la corrupción de sus clases dominantes”, según Velásquez. En Nicaragua el caso que hace eco con esta ola de no impunidad es el de Arnoldo Alemán, presidente entre 1997 y 2002, pero el experto no vincula a Alemán en lo que él llama el “movimiento hacia la responsabilidad” que agita al continente.
PRINCIPALES CASOS
El caso más escandaloso se resume en una palabra: Odebrecht. Este es el nombre de una empresa constructora brasileña que pagó 788 millones de dólares en sobornos a políticos para obtener licitaciones de contratos para más de 100 proyectos en distintos países latinoamericanos. Muchos de los beneficiarios están siendo investigados, pues el caso estalló apenas en diciembre pasado ante las autoridades judiciales de Estados Unidos (ejecutivos de Odebrecht confesaron), pero en los sobornos se vieron implicados, aparentemente, los expresidentes de Brasil, Lula Da Silva —condenado a casi 10 años de cárcel por otro caso de corrupción— y Dilma Rousseff, así como el actual mandatario Michel Temer. También los expresidentes peruanos Ollanta Humala y Alejandro Toledo habrían aceptado 3 millones y 20 millones de dólares, respectivamente.
El caso Odebrecht implica a la vez a políticos conocidos como el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que pudo recibir un millón de dólares cuando era candidato a la Presidencia, y también al expresidente panameño Ricardo Martinelli y su antiguo homólogo salvadoreño Mauricio Funes. Estos dos últimos, además, están siendo investigados por otros delitos.
Para el máster en Relaciones Internacionales y catedrático, Ricardo De León Borge, “el caso de Odebrecht ha ayudado a que los sistemas judiciales puedan hacer un mejor trabajo y que la población tome nota de los altos grados de corrupción que existen en sus países”.
Tom C. Avendaño, corresponsal en San Pablo para el diario español El País, publicó un análisis titulado: Brasil, el país en el que los jueces tomaron el poder. En el artículo el presidente de la asociación brasileña de fiscales se jacta: “Si hay una característica que define a Brasil, crisis tras crisis, es la independencia de su poder judicial”.
Con casos como el de Odebrecht, el de Petrobras —un esquema de lavado de dinero en Brasil en el cual se movieron hasta 9 mil millones de dólares— o el de Panamá Papers —una infiltración de documentos que reveló el ocultamiento de propiedades, ganancias y evasión tributaria de cientos de políticos y personalidades—, Brasil, Perú y otros países de la región han dejado que el poder judicial se encargue de repartir condenas, pero hay que resaltar que no en todos los países la separación de poderes estatales es clara.
“En ciertos países existe independencia de los poderes del Estado, lo que permite que el poder judicial y las contralorías actúen de forma directa y sin presiones de otros poderes para detener las investigaciones de corrupción”, explica De León Borge. “El caso de Lula es el más llamativo, un expresidente muy querido por los brasileños que dejó una buena impresión y llamativos números económicos y sociales… Sin embargo, tanto él como su entorno más cercano (Partido de los Trabajadores, de izquierda) han estado involucrados en actos de corrupción que suman millones de dólares”.
En concreto Lula Da Silva, que sigue siendo investigado, fue condenado a nueve años y medio de prisión por aceptar un soborno que usó para mejorar su casa.
“El juez Sergio Moro, responsable del caso Petrobras, ha declarado al expresidente Da Silva culpable de haber aceptado y reformado una vivienda de tres plantas en una zona costera de São Paulo por valor de 3.7 millones de reales (1.1 millones de euros), todo ello pagado por la constructora OAS a cambio de contratos públicos”.
Lo anterior lo explica el periodista Tom C. Avendaño para El País.
INVESTIGACIONES INTERNACIONALES
Las autoridades de Estados Unidos aplicaron a Odebrecht el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero y abrieron la correspondiente investigación después de que ejecutivos de la empresa brasileña confesaran sobre los sobornos. El pasado 13 de abril una corte federal de Nueva York multó a Odebrecht con 2,600 millones de dólares, de los cuales el 80 por ciento irá a Brasil. El país norteamericano, donde también opera la constructora carioca, se ha dado a la tarea de enviar informes sobre sus investigaciones a los países afectados, lo que ayuda a los entes judiciales locales.
Otro ejemplo singular de justicia internacional aplicada es Guatemala. Aquí Odebrecht no entra al ruedo, pero el expresidente y militar en retiro Otto Pérez Molina cayó, en gran medida, por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), fundada en 2007 por Naciones Unidas.
En solo cinco días, Pérez Molina pasó de presidente a reo. La evidencia de sus delitos fue recogida por una investigación de la Cicig y desató protestas y presión civil nunca antes vistas en Ciudad de Guatemala. Estas obligaron al antiguo soldado de operaciones especiales a renunciar a la Presidencia, y en cuestión de horas fue llevado a la cárcel.
En los últimos ocho años, de acuerdo con un reportaje del diario británico The Guardian, la Cicig ha investigado “alrededor de 200 casos complejos para ayudar a castigar a una docena de redes criminales y un centenar de oficiales del Gobierno”.
Ante la pregunta de si este tipo de divisiones en pro de la transparencia serían beneficiosas para Nicaragua, el doctor en Ciencias Políticas Velásquez es categórico:
“Sería saludable para los nicaragüenses una comisión anticorrupción debido a que el debilitamiento y la politización deliberada a la que han sido sometidas las instituciones no les permite combatir la corrupción. Antes bien han venido a ser parte de ella. Se requiere de un instrumento imparcial que pueda limpiar y al mismo tiempo complementar y suplir las debilidades institucionales locales y pueda establecer un sistema institucional capaz de controlar la corrupción”.
“La Cicig ha demostrado que puede funcionar un sistema de investigación y justicia independiente, no con tintes políticos ni ideológicos, lo cual es necesario en Centroamérica”, opina el catedrático De León Borge.
La OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, no han estado muy involucradas en asuntos de denuncia e investigación en casos de corrupción política, según el parecer de Velásquez.
“Hay que tener presente que la organización ha pasado por un período de debilitamiento, propiciado por el vacío que dejó la administración de Obama en el hemisferio y las actitudes complacientes del exsecretario Insulza para con los regímenes no democráticos y corruptos”, señala Velásquez.
CASO ALEMÁN: JUSTICIA O TRIQUIÑUELAS
Continuando en Nicaragua, en 2003 el expresidente Arnoldo Alemán fue condenado a 20 años de cárcel por lavado de dinero, fraude, malversación de fondos públicos y corrupción. Estos cargos le removieron su condición de diputado y propiciaron su detención, pero fue sobreseído de todos los cargos seis años después, en 2009, y mucho del tiempo en que estuvo preso gozó de los regímenes de casa por cárcel (en El Chile, una hacienda al sur de Managua) o de país por cárcel.
El exrepresentante de Nicaragua en la OEA, José Luis Velásquez, analiza el caso de Arnoldo Alemán como “judicialización política”:
“Creo que en este caso sucedió lo del famoso dicho popular nicaragüense ‘el niño llorón y la china que lo pellizca’. Alemán incumplió con sus obligaciones de mandatario democrático, dejándose arrastrar hacia la opacidad, la discrecionalidad y la arbitrariedad en el manejo del poder que le confió el pueblo y sus enemigos políticos aprovecharon la oportunidad para enjuiciarlo, desprestigiarle y sacarle del juego. De la tragedia de Alemán el mayor beneficiario fue Daniel Ortega, que se comió el zapote que aquel dejó caer”.
“Cuando las clases políticas de un país no han logrado superar el nivel de mafias, la política suele convertirse en un proceso de sucesivas pasadas de cuenta entre ellas. De aquí que una mafia política pueda utilizar los instrumentos jurídicos de la lucha anticorrupción para desplazar, someter o negociar cuotas de poder con las otras mafias, haciendo uso de ‘la judicialización de la política’. Las sentencias dictadas por los magistrados de la CSJ, que incluso declararon inconstitucional la Constitución, resolvieron disputas electorales, afectaron el cumplimiento de los contratos y la seguridad jurídica de los derechos de propiedad, son un ejemplo vivo de este síndrome perverso en Nicaragua”.
“En la actualidad la lucha contra la corrupción puede coincidir y confundirse con otro fenómeno al que llamamos la ‘judicialización de la política’, que es el síndrome por el que las decisiones políticas clave, en vez de tomarse por la vía normal de los partidos políticos y las instituciones del Estado, las toma el poder judicial, lo cual está ampliamente relacionado con la debilidad de los partidos políticos y lleva inevitablemente a la politización del poder judicial y de sus decisiones que funciona capturado por los poderes fácticos”.
En una entrevista publicada en LA PRENSA en 2010, Alemán aceptó haber negociado su sobreseimiento. En el país muchos analistas y políticos aseguran que entre 1999 y 2000, el entonces presidente Arnoldo Alemán negoció un pacto político con el opositor Daniel Ortega, cabeza del Frente Sandinista, para otorgar cupos sandinistas en las instituciones estatales a cambio de que el Frente dejara gobernar en paz al gobierno liberal de Alemán. Este pacto no escrito se estiró hasta cuando Alemán ya no era gobernante y estaba preso. Muchos aseguran que en 2009 el prisionero negoció su libertad, decretada por la Corte Suprema de Justicia, a cambio de las reformas constitucionales que a la postre servirían para que Ortega pudiera ser reelecto las veces que quisiera.
El periodista Fabián Medina cuenta que una vez, después de entrevistar a Daniel Ortega —cuando todavía daba entrevistas y cuando Alemán estaba preso—, este le dijo en confianza y off-récord: “No, al gordo (a Alemán) no lo aflojamos ahorita. Él es el colchón donde vienen a pegar todos los vergazos que nos manden los liberales”.
¿CÓMO INTERPRETAR ESTA JUSTICIA?
El pacto Alemán-Ortega cabría entonces en el “síndrome perverso” que ve Velásquez en Nicaragua, y distanciaría este caso de los ejemplos actuales de presidentes tras las rejas en el continente.
Los expertos De León Borge y Velásquez saludan la mencionada vorágine de justicia que trastoca las más altas esferas de poder de países tan poderosos como Brasil, pero llaman a no creer que esta resuelve todo.
“Pudiera ser que estas golondrinas no hicieran verano y solo fueran síntomas de pasadas de cuentas entre mafias políticas”, previene Velásquez. “Debemos de convertir este episodio en un cambio profundo de nuestra cultura política que transforme de raíz la expectativa, de que quien entra a la política va a robar en beneficio propio, de su familia y allegados”.
De León Borge, por su parte, cree que la justicia latinoamericana está marcando una tendencia, pero recuerda que en este hemisferio los índices de corrupción son todavía muy elevados. Según Transparencia Internacional, 18 países del continente están en rojo en cuanto a corrupción. Entre ellos sobresalen Brasil, Argentina, Perú, El Salvador, Honduras, México, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.
