El problema del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) comenzó el 8 de agosto de 1980, cuando Daniel Ortega, coordinador de la Junta de Gobierno, firma el decreto 35 con el que se crea el Sistema Único de Salud, los activos de la institución: clínicas, hospitales con su respectivo equipamiento pasaron al Ministerio de la Salud.
En 1990 las arcas del INSS estaban vacías. Los gobiernos de entonces inician la reconstrucción del INSS y bajo el gobierno del presidente Bolaños lo entrega con un superávit, el cual siguió creciendo hasta alcanzar 12,000 millones de córdobas en el 2012.
Sin embargo, Ortega es reelecto de manera ilegal y fraudulenta, con el control de la Asamblea Nacional y de los poderes del Estado, y sin restricción alguna, Ortega cuatriplica los empleados y les sube el salario en un 700 por ciento; incrementa la cantidad de víctimas de guerra, la pensión reducida y las pensiones no contributivas. Se compran clínicas, hospitales y laboratorios, lo que muestra que las medidas tomadas en los años ochenta fueron arbitrarias. En tanto, se toman 145 millones de dólares del dinero de los asegurados, que se dan en préstamos a inversionistas que no presentan mayores garantías, ni siguen los procedimientos a los que obliga el sistema bancario.
En el 2013 se cambió la fórmula para calcular las pensiones, con lo cual se reduce el monto de lo que reciben los pensionados y la patronal aumentó en tres puntos su cotización con el propósito de aumentar las reservas de la institución. Pero por las medidas mencionadas en el párrafo anterior, actualmente, en el balance institucional, son mayores los gastos que los ingresos; en consecuencia, a finales de este año habrá un déficit de 2,000 millones de córdobas, si no se toman medidas en el 2019 no habrá dinero para pagar las pensiones.
¿Qué hacer? Se deben revisar las exoneraciones y exenciones que se elevan a 1,100 millones de dólares, dejando únicamente las que estén justificadas. Se incluya en el presupuesto de la República del próximo año los 623 millones que ha dejado de pagar el gobierno al INSS, que corresponde al .25 por ciento de la planilla total de asegurados y se renegocie el pago de la deuda histórica del Estado de 500 millones de dólares de 50 a 25 años. Se reduzcan los gastos administrativos del 13 al 6.5 por ciento a como está estipulado en la Ley.
Igualmente, se garantice la Autonomía al INSS, se realice una auditoría y destituya a los responsables de haber cometido delitos. Se apruebe una ley que regule las inversiones y las clínicas previsionales. Se restituya el dinero prestado y castigue a quienes violaron los procedimientos.
Asimismo, se amplíe la base de los cotizantes: ingreso gradual de los trabajadores de la pequeña y mediana empresa. Se trasladen las pensiones reducidas, y no contributivas al presupuesto nacional y se excluyan las pensiones que son producto del clientelismo político.
Sin embargo, las medidas para la solución definitiva del INSS, aplicables al Estado nicaragüense son entre otras: cambio de la matriz productiva del país, desarrollando la agroindustria y el turismo, inversiones nacionales y extranjeras que generen mayor empleo y formación del capital humano para aprovechar el bono demográfico.
Pero sobre todo, tener un Estado de derecho en el que se respeten las leyes, se procese a los corruptos, haya transparencia y reglas del juego democráticas claramente establecidas. Con ello estaríamos resolviendo no solo el problema del INSS, sino también garantizaríamos servicios de salud y educación de calidad y habría más y mejores empleos.
El autor es sociólogo. Autor del libro Ramiro Sacasa. El Poder de Servir.