La falta de transparencia en la entrega de reembolsos a los partidos políticos, por los gastos incurridos en la campaña electoral de 2016, vino a sumar más cuestionamientos a las pasadas votaciones nacionales de 2016, que fueron calificadas de farsa por la oposición política y sectores de la sociedad civil. Según los críticos, los fantasmas de los fraudes pasados son una sombra sobre el proceso de votaciones municipales, previstas para el 5 de noviembre próximo.
LA PRENSA intentó, este viernes, abordar al director de Atención a Partidos Políticos (APP), Julio Acuña, sobre el conflicto entre excandidatos y directivos de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), por el reembolso que les correspondía de la campaña electoral 2016, pero el funcionario dijo que no podía hablar porque se encontraba en una reunión y canceló la llamada. Más tarde no volvió a contestar su teléfono celular.
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Él CSE tampoco ha explicado públicamente por qué los reembolsos fueron pagados con casi cuatro meses de atraso, según la fecha establecida en el Calendario Electoral 2016.
Reelección y dinastía
La coordinadora del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera, recordó que desde 2008 no ha habido elecciones libres y justas en el país, sino procesos de fraude a favor del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Daniel Ortega, presidente designado por el poder electoral.
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Ortega lleva diez años consecutivos en el poder y en las pasadas votaciones se aseguró cinco años más, esta vez junto con su esposa, Rosario Murillo, quien fue designada vicepresidenta de la república, lo que los críticos consideran la instauración de una dinastía.
El proceso de votaciones del año pasado estuvo marcado por la exclusión de la oposición política, debido a que el poder judicial —integrado por magistrados orteguistas— le quitó la personería jurídica del Partido Liberal Independiente (PLI) a la organización que iba a participar como Coalición Nacional por la Democracia y que representaba la segunda fuerza política del país, según los resultados de las votaciones nacionales de 2011.
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Para Granera, el fraude de 2016 se diferencia de los anteriores, en que la ciudadanía no quiso seguir siendo parte de la “farsa electoral”, lo que se notó en la escasa participación ciudadana en las 14,581 Juntas Receptoras de Voto (JRV), instaladas en todo el país.
El presidente del CSE, Roberto Rivas, dijo al momento de divulgar los resultados —un día después de las votaciones del 6 de noviembre— que había sido “una campaña de alto nivel de participación y civismo”.
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Según el CSE, la participación electoral fue del 68.2 por ciento, lo que corresponde a una abstención del 31.8 por ciento, sin embargo, el día de las votaciones, los Centros de Votación estuvieron con escasa concurrencia en todo el país.
No hubo observación
La negativa a la observación electoral internacional, fue otra de las “grandes irregularidades” que marcaron las votaciones pasadas y que la convirtieron en una farsa electoral, según Granera.
Fueron asignaciones no elecciones
El presidente de Hagamos Democracia, Luciano García, manifestó que las votaciones nacionales del año pasado fueron asignaciones del cargo de presidente, vicepresidente y diputados, porque la mayoría de la gente no salió a votar por falta de confianza en el sistema electoral.
García explicó que la suma de todas las irregularidades en las votaciones, es lo que las ha convertido en “fraudes electorales” y, según García, esto “ha llevado al sistema electoral a perder totalmente la credibilidad” de parte de la población.