El reciente fallo que le condena a 15 años de prisión al ciudadano Jorge García, quien en legítima defensa propia y de su familia privó de la vida a un delincuente de varios que habían ingresado armados a su hogar, es un acto vil en contra de todos los ciudadanos y las familias de este país.
Este bochornoso caso contraviene no solamente las más elementales nociones del Derecho, y que atropella de forma surrealista la más mínima lógica, debe despertar una inquietud profunda en los administradores del Poder Judicial, en relación con las ya normales y cotidianamente torpes, ineptas, absurdas y equivocadas –para no decir más– de los fiscales y jueces del país, los cuales al parecer, no han estudiado Derecho, sino más bien, Izquierdo.
Los detalles de tan inédita equivocación jurídica, no son casuales, sino que obedecen a toda una corriente de pensamiento y acción que en nuestro país ha venido cobrando fuerza y expresión material: el hecho notorio de sesgar los fallos en favor de los victimarios en detrimento los derechos legítimos de las víctimas.
No puede haber una equivocación más grande el pensar que deba condenarse la reacción natural de un individuo, que por un lógico e irreductible instinto de protección, actúa en consecuencia para proteger lo más valioso, que es su propia vida y la de sus familiares.
De concretarse este fallo y de no tomarse ninguna acción eximente de la responsabilidad del ejemplar ciudadano Jorge García, liberándolo inmediatamente de tan traumática situación, la terrible lectura que debemos tener quienes habitamos este país, serían las siguientes:
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Robar es un derecho tutelado activamente por las autoridades judiciales y con jurisprudencia específica.
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La mayoría de personas en el país conforman ya un gremio delincuencial que va avanzando en pos de derechos personales superiores, en detrimento de los ciudadanos indefensos ante los delitos que aquellos cometen.
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La necesidad de cambiar las reglas de acción e intervención, no solamente de los cuerpos policiales, sino de toda la seguridad privada que es tan útil y necesaria en el país para brindar protección física a personas e instalaciones, convirtiéndolas así en meros sujetos de adorno, los cuales tendrán que resignarse a no tomar acción más que en los términos en que antojadiza y equívocamente, los ahora órganos defensores de los malhechores piensen que sea lo correcto, entorpeciendo y reduciendo su ámbito y efectividad de acción, comprometiendo así la misión empresarial de tantas organizaciones que requieren tener un marco de acción claro y definido, sin ambigüedades y consecuencias retaliatorias oficiosas desde los mismos poderes del Estado.
Ángel Latorre en su obra Introducción al Derecho, señala que “hay leyes que vienen impuestas en forma casi automática por los usos sociales y la mentalidad dominante en una sociedad, de forma tal que el Estado no hace más que dar forma jurídica y completar y perfilar el material que le viene dado por la sociedad misma”, lo cual, de este caso, se deduce que si un fallo contraviene los usos sociales y la lógica del contexto –los cuales son el sustento lógico de la actuación del Estado expresado en la aplicación de leyes justas – ese adefesio jurídico se convierte en una inmoralidad, aunque revestida aparentemente de una bastarda legalidad, la cual solamente promoverá la proliferación y enraizamiento de los males sociales, que precisamente, la administración de justicia trata de reducir o eliminar mediante fallos apegados lógicamente a los hechos comprobados, es decir, que de una manera sorprendente y lamentable, este tipo de actuaciones por parte de las instituciones del Estado, promoverían activamente la apología del delito.
El autor es abogado y notario
