El Movimiento Campesino acompañado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Fundación Popol Na presentarán una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de que el gobierno en representación del Estado de Nicaragua declare como violatorio de derechos humanos el proyecto del Canal Interoceánico, tanto para toda la población en la ruta del mismo así como para toda la población por la afectación a la soberanía nacional.
La petición del Consejo en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía que remitirán este jueves a la CIDH solicita que el Estado de Nicaragua establezca como reparación la derogación de la Ley 840, de la concesión canalera.
Entre los derechos violentados con la Ley 840 señalados en la petición según explicó el director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, destacan la ineficacia de los recursos por denegación de justicia, derecho a la propiedad, libertad individual e integridad física, entre otros.
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La petición fue firmada este miércoles por los líderes de ese movimiento, entre ellos la dirigente campesina, Francisca Ramírez, quien anunció que a lo interno no desistirán de realizar las marchas campesinas para exigir la derogación de la Ley 840 y por lo cual ya han preparado la 91 marcha que en esta ocasión realizarán en el 15 de agosto, en La Fonseca, Nueva Guinea.
Ramírez mostró su esperanza de que les escuchen en su demanda de derogación de la Ley “que nos está violentando nuestros derechos, que respeten los derechos de los nicaragüenses”.
Y con fotografías en mano de campesinos que han sido víctimas de la violencia del gobierno durante las manifestaciones masivas anticanal dijo: “esta ha sido la forma de que el Estado de Nicaragua nos ha dado respuesta mandándonos a atropellar, mandándonos a reprimir”.
Ramírez, mencionó que esto sucede a pesar dijo que existe una Constitución que establece “que tenemos derecho a la libre circulación, el Estado de Nicaragua nos ha impedido en las noventa marchas que no marchemos que no protestemos”.
