Desde lograr la paz en Venezuela hasta fiar los alimentos subsidiados, de todo y para todos hay en las promesas del presidente Nicolás Maduro y los candidatos a la Asamblea Constituyente. Maduro plantea “perfeccionar” la economía y elevar a rango constitucional los programas sociales y hasta el lenguaje de señas, entre propuestas variopintas de 6.120 aspirantes como preservar el “amor”.
Breves mensajes de los candidatos son transmitidos en cadenas obligatorias de radio y televisión.
La oposición, que se negó a participar, insiste en que la Constituyente solo busca perpetuar a Maduro en el poder.
Comisión de la verdad
El mandatario anunció que uno de los primeros pasos de la Constituyente será instalar una “comisión de la verdad para investigar los crímenes de la derecha” durante protestas que exigen su salida del poder y dejan 113 muertos desde el 1 de abril.
“Soy el más interesado en que se sepa toda la verdad”, afirma ante denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de militares y policías en las manifestaciones.
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En una cuña, la candidata Dexy Gómez prometió “garantizar la paz y el amor”.
“Perfeccionar” la economía
Maduro también plantea “perfeccionar el sistema económico” para superar el rentismo petrolero, una de las raíces de los graves problemas del país. El jueves, en el cierre de campaña, mostró un libro titulado “Venezuela, el país de las mil y una oportunidades”, que guía las propuestas económicas.
Ya había anticipado que pedirá a los constituyentes una ley de control de precios contra la “especulación” y la “guerra económica” que según él llevan a cabo la oposición y empresarios para asfixiar a los venezolanos y propiciar su caída.
Desde 2003 está vigente un control de precios de productos básicos. Los empresarios sostienen que ello desestimula la producción y profundiza la escasez de alimentos y medicinas. Argumenta, además, que la falta de oferta dispara la inflación, que según el FMI cerrará en 720% este año.
El candidato Alexander Sala proyecta “un sistema de desarrollo” basado, ya no en el crudo, sino en el gas.
Constitucionalizar misiones
Otra de las promesas es constitucionalizar las “misiones”, como el gobierno llama a sus programas sociales, y el “Carnet de la Patria”, tarjeta electrónica para acceder a esos planes y comprar alimentos subsidiados.
Según Maduro, al constitucionalizar la ‘Misión Vivienda’ -con la cual asegura haber construido 1,7 millones de casas- entregará apartamentos a las parejas jóvenes cuando se casen. También quiere convertir el plan “Chamba juvenil” en una ley de primer empleo. El candidato Antonio León, quien se presenta como ‘La Máscara’, propuso que se fíen las bolsas de comida subsidiada que vende el gobierno en zonas populares. “Que se les den y, después, cuando tengan dinero, las puedan pagar”, sostiene.
Mejorar la seguridad
Maduro plantea reformar el sistema policial y endurecer las penas contra la violación, el secuestro, el homicidio y el terrorismo.
Venezuela registró 21.752 homicidios en 2016, una tasa de 70,1 por cada 100.000 habitantes, casi nueve veces mayor al promedio mundial, según la Fiscalía.
El aspirante Héctor Idrogo propuso “un capítulo dedicado a transportes más seguros”.
Democracia participativa
Maduro también propone “nuevas formas de la democracia participativa y protagónica”, lo que según la oposición significará un sistema electoral sectorizado que privilegiaría el voto chavista, como a su juicio ocurre con la Constituyente.
La candidata Oneida García plantea “darle poder a la comuna y a los consejos comunales”, grupos organizados del oficialismo. Varios sugieren “transformar el Estado”, sin dar más detalles.
Sirve para todo
El lenguaje de señas también tendrá rango constitucional, según Maduro, quien promete que la nueva Constitución combatirá el cambio climático. Serviría para “la protección del agua” y que “todos la tengan”, según el candidato Jesús Vidal. Gerardo Rivas, quien se postuló como representante de campesinos y pescadores, impulsa a su vez una “ley de semillas”, mientras el candidato estudiantil Carlos Viana propone un órgano contralor que “verifique la pertinencia de cada una de las investigaciones” universitarias.
