La Nica Act siguió avanzando en el sistema legislativo estadounidense. Este jueves el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso la aprobó unánimemente y allí la iniciativa para castigar a funcionarios corruptos del régimen de Daniel Ortega podría aprobarse en septiembre u octubre próximo.
Durante su intervención, el congresista Eliot Engel, miembro de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores y uno de los que respaldó la Nica Act, se refirió al retroceso democrático que enfrenta Nicaragua y a las violaciones a las leyes por parte de Ortega.
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A su juicio, la aprobación de esa legislación es un importante paso para oponerse al financiamiento de ese régimen y para enfrentar la corrupción del liderazgo gubernamental debido al sufrimiento que esa situación significa para el pueblo de Nicaragua.
Otro de los congresistas que manifestó su respaldo a la iniciativa presentada por la congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires fue el congresista Jeff Duncan, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental.
Las violaciones del régimen de Ortega
Durante su intervención Ros-Lehtinen se refirió a la necesidad de convertir en Ley la Nica Act, debido a las violaciones del régimen de Ortega a los derechos humanos y la corrupción de ese gobierno, explicando a los legisladores que la Nica Act es una iniciativa similar a la Ley para la Alianza de la Prosperidad, aprobada hace dos años, destinada para los países que integran el Triángulo del Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, que cuenta con un plan para combatir la corrupción.
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La Alianza para la Prosperidad recibe ayuda financiera de Estados Unidos, país que monitorea el avance del proyecto como condición para destinar la ayuda económica.
La iniciativa de Ley fue aprobada en medio de un paquete de nueve proyectos de legislación, entre ellos el que condena la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela; reautoriza la Ley de Derechos Humanos de Corea del Norte de 2004; y la que insta a la Unión Europea a designar a Hezbollah como una organización terrorista y propone aumentar la presión sobre esa organización.
La aprobación de la Nica Act se llevó a cabo un día antes del receso de verano de los congresistas.
El empresario Roberto Argüello, que cabildea en Estados Unidos, según él para suavizar la Nica Act —porque sería un colapso económico para el país—, dijo este jueves en Managua que “las posibilidades de éxito son pocas y el trabajo es mucho, pero nosotros estamos dispuestos a luchar contra esa Ley”.
Argüello contrató al exjefe de gabinete de Ros-Lehtinen, Arturo Estopiñán, para que le ayudara a convencer a congresistas y senadores de que la Ley sería letal para Nicaragua.
“El tema es que cuando nosotros nos involucramos en una misión imposible… para aquellos que juegan beisbol es entrar en último inning 27 a 0 con dos out y dos strikes. Nosotros entramos ahí sabiendo que era un tema muy difícil y el tema que es muy difícil”.
400
millones de dólares podría dejar de prestar la banca estadounidense al sector privado de Nicaragua si se aprueba en Estados Unidos la Nica Act, según el empresario Roberto Argüello.
Confían en incidir ante senadores
Si la Ley es aprobada por el Congreso, llegaría inmediatamente al Senado, un espacio más deliberativo, donde Estopiñán tratará, según él, de educar a los senadores para convencerlos de que la condicionalidad de los préstamos para Nicaragua que establece la Ley sería catastrófica para este país centroamericano.
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Estopiñán dice que tratará de convencer a los senadores de que un retroceso económico en Nicaragua no le conviene a Estados Unidos porque incrementaría la migración y el narcotráfico.
En el Senado, sin embargo, la Nica Act tiene el respaldo de Ted Cruz, senador por Texas, y del senador por La Florida y exdiscípulo de Ros-Lehtinen, Marco Rubio, que preside, además, el Subcomité de Asuntos Exteriores de esa cámara.
Pero Estopiñán confía en que el senador Bob Corker, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, pueda tener una posición más equilibrada sobre la Nica Act, porque es hombre que viene del sector financiero.
La posición del Cosep
Sin embargo, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, desestimó el impacto que provocará en la economía la posible aprobación de la Nica Act, pues asegura que con ella o sin ella el sector privado tiene que seguir trabajando por la atracción de inversiones, el crecimiento económico y la generación de empleo.
Aguerri dijo que el desarrollo del proceso electoral municipal pesará sobre lo que pase en el futuro.
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“Existe una posibilidad y esa es una opinión que tenemos en el sector privado que se vincula a lo que podría ser el papel que juegue la Organización de Estados Americanos en el contexto, primero de las elecciones municipales y segundo en el programa de los tres años del memorándum de entendimiento. Entonces eso podría, si corre bien, podría ayudar a que no se pueda ver esa segunda fase implementada. Pero este es un tema que lo tendremos que ver a finales del año o al principio del año que viene”, sostuvo Aguerri.
Para el dirigente empresarial, de ahora en adelante lo más importante no será el lobby que se haga en Washington para evitar que se apruebe esta Ley, sino la forma en que se desarrolle el proceso electoral municipal.
“Creo que es importante que tengamos un proceso que vaya fluyendo, que vaya acompañado de esa observación que esperamos la OEA le pueda dar al proceso y que eso luego pase a la segunda fase del memorándum de entendimiento, que sería como ir mejorando toda la estructura electoral de cara al proceso del 2021”, expuso Aguerri.
La posición de Funides
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), expresó que el hecho que haya sido aprobado por unanimidad “refleja que esto va canalizándose de una manera rápida en el Congreso”, aunque ve posible que en el Senado pudiera frenarse.
“Creo que es importante en esto ver la Cámara Alta, tenemos entendido que la aprobación en la Cámara Baja estaba casi que bastante asegurada, pero que en la Cámara Alta hay cierta oposición a esto y que probablemente pueda tener un proceso un poco más lento”, explicó.
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Sin embargo, mencionó que Nicaragua debe asumir que “en algún momento se podría convertir en una Ley”.
Resaltó que el acercamiento con la Organización de Estados Americanos (OEA) fue positivo, pero que “la gran responsabilidad” es de los nicaragüenses, que “hablemos de estos temas y tratemos de resolverlos”, dijo refiriéndose a los señalamientos de Estados Unidos por el deterioro de los espacios democráticos en el país.
Lo que dice la Ley
La Nica Act fue aprobada por el Subcomité del Hemisferio Occidental a finales de mayo pasado. Ayer fue presentada con una enmienda que resume las violaciones del gobierno del presidente designado Daniel Ortega, pero no varía el objetivo de legislar para que Estados Unidos se oponga a todos los créditos que realice el gobierno de Ortega, a menos que haya elecciones libres, transparentes y creíbles, restablecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, la protección a representantes de Organismos No Gubernamentales (ONG), la sociedad civil, derechos humanos, periodistas, sindicalistas y la libre organización de los partidos políticos de oposición.
La Nica Act, de convertirse en Ley, mandataría al secretario de Estado de Estados Unidos a presentar al Congreso un informe sobre el supuesto involucramiento de altos funcionarios del Estado de Nicaragua en actos de corrupción y violaciones a derechos humanos.
El documento deberá incluir a miembros del CSE, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Asamblea Nacional. La lista deberá ser presentada en un período de 90 días, después de aprobada la legislación.
60
mil dólares es lo que el empresario nicaragüense Roberto Argüello ha pagado al cabildeador Arturo Estopiñán. Según el empresario, los ha pagado de su dinero y de ayuda ofrecida por otros nicas residentes en EE.UU.