El cobro de una indemnización de 17 mil millones de dólares a Estados Unidos, por las actividades militares financiadas por aquel país contra Nicaragua en la década del ochenta, “es un caso cerrado” que “terminó hace décadas y estamos enfocados en el futuro”, dijo el viernes la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu.
Dogu explicó que Nicaragua es “un país soberano y tiene el derecho de hacer lo que quiera”. Las declaraciones las brindó después de participar en un evento deportivo en el cual las autoridades de la Alcaldía de Managua rindieron homenaje al ex big leaguer nicaragüense Denis Martínez, en las instalaciones del Instituto de la Juventud en Managua.
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“Es un caso cerrado”, reiteró Dogu sobre dicho cobro a su país, mientras calificó como un “derecho soberano” de Nicaragua la aprobación de una ley en el Parlamento para llevar a cabo esta pretensión.
El gobierno sandinista reactivó el jueves el reclamo de la indemnización, fallada a favor del país en 1986 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y lo hizo a pesar del cuestionamiento de los expertos que recordaron que en 1991 el Estado de Nicaragua renunció a cualquier cobro.
La reacción del Ejecutivo ocurrió como respuesta al avance de la propuesta de Ley Nica Act en el Congreso de Estados Unidos. El régimen de Nicaragua se opone a esa iniciativa, que califica de injerencista, porque haría posible el veto de Estados Unidos en la aprobación de préstamos en organismos internacionales a favor de Nicaragua, pues pone como condición el restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Relaciones bilaterales
Según la diplomática, la decisión del Gobierno nicaragüense no afecta la relación con Estados Unidos y recalcó que están enfocados en los temas de seguridad, prosperidad y democracia.
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“Estamos con intereses en común en algunos asuntos como la prosperidad y en el espacio democrático es un poco más difícil, pero en cada relación diplomática tenemos cosas fáciles y cosas difíciles”, explicó Dogu.
Así votaron
Los diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados del Partido Liberal Independiente (PLI) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), aprobaron este viernes la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, con la cual pretenden cobrar a Estados Unidos los 17 mil millones de dólares, estimados por Ortega.
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La ley fue aprobada con 75 votos: 71 de los diputados de la bancada del FSLN, dos del Partido Liberal Independiente (PLI) y dos de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), mientras 13 diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el diputado del Partido Conservador (PC), Alfredo César Aguirre, votaron en contra.
Esta ley fue enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el jueves 27 de julio. Los diputados estaban en receso, pero fueron convocados a esta sesión extraordinaria para aprobar exclusivamente una declaración de rechazo a la Nica Act –que se aprobó con 87 votos, y dos abstenciones– y la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, que el Ejecutivo solicitó aprobar con trámite de urgencia.
La ley orteguista
La Ley de Defensa del Patrimonio Nacional explica que “Nicaragua jamás ha desistido de su demanda, ni de la ejecución de la sentencia, ni ha presentado nunca documento formal alguno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que pueda presumir o inducir a pensar que Nicaragua ha cesado de su pretensión de que se cumpla con la sentencia”.
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Diputados del PLC y el diputado del PC expresaron que este reclamo a Estados Unidos es “echar leña al fuego” y es “entrar a una dinámica de confrontación con Estados Unidos”. Sin embargo, el jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro, dijo que la indemnización será para pagarles a las víctimas de la guerra de los años 80.
Quieren anular derogación de la Ley 92
El gobierno del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, a través de la Asamblea Nacional, pretende anular la Ley 130 que se aprobó el 19 de junio de 1991, para derogar la Ley 92, Ley de protección de los derechos de Nicaragua en el marco de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El primer gobierno del FSLN (1984-1990) aprobó el 5 de abril de 1990 la Ley 92, con el objetivo de que el gobierno entrante no pudiera renunciar al proceso de indemnización, sin embargo, lo hizo. Luego de derogar la Ley 92, el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro desistió del proceso de indemnización, el 12 de septiembre de 1991.
