El sector empresarial pidió al Gobierno de Nicaragua priorizar el diálogo con Estados Unidos (EE.UU.) y reducir la tensión política que se agudizó esta semana con el avance de la iniciativa de Ley Nica Act en el Congreso estadounidense, y la pretensión del Ejecutivo nicaragüense de que esa potencia pague la indemnización de 17 mil millones de dólares por daños durante la guerra en la década del ochenta.
Los presidentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipye) y de otras organizaciones empresariales advierten las consecuencias negativas para el desarrollo económico y social del país si se daña la relación con EE.UU., principal socio comercial de Nicaragua.
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“La relación de nuestro país con Estados Unidos debe enfocarse en el futuro para trabajar de la mano por la prosperidad, seguridad y democracia de nuestros pueblos. Es importante no retroceder. Es por ello que no creemos que para construir, antes hay que destruir”, expresó José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
“Tampoco creemos que para alcanzar logros institucionales tiene que ser sacrificando logros económicos y menos afectando a la población que menos tiene”, dijo Aguerri.
La posición de Aguerri es que “los gobiernos y los parlamentos deben contribuir a ese objetivo (evitar dañar a la población), superando cualquier obstáculo en forma diplomática, pensando siempre en los intereses y bienestar de los ciudadanos”.
El gobierno de Daniel Ortega, presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), anunció que inició un proceso jurídico para reclamar una indemnización a Estados Unidos por los daños y la interferencia en la guerra civil de los ochenta, como respuesta a la iniciativa de Ley Nica Act que el jueves dio un paso más en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso estadounidense.
Con la Nica Act se presiona a Ortega para que realice elecciones transparentes y creíbles, restablezca el estado democrático y respete los derechos humanos.
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Por su parte, los diputados sandinistas y sus aliados del PLI, ALN y Apre le aprobaron a Ortega, este viernes, la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, para reclamar la indemnización a Estados Unidos (con base en el fallo de 1986 de la Corte Internacional de Justicia), pero a la que el Estado de Nicaragua renunció en 1991, durante el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro.
Llaman al diálogo
Ante la tensión entre Ortega y EE.UU. el sector privado llamó a buscar el diálogo.
Para Aguerri, no es deseable “volver a temas del pasado tan dolorosos y trágicos para la sociedad nicaragüense”, como fue la confrontación con Estados Unidos, por lo que “como sector privado privilegiamos el diálogo para fortalecer la paz, la cohesión social, la institucionalidad y el desarrollo sostenible, y en esa lógica instamos y recomendamos a utilizarlo como herramienta clave para superar cualquier diferencia”.
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Aguerri enfatizó que “la lección trágica que resulta como consecuencia de la confrontación y las guerras, son episodios que quedaron en la historia y no deben de repetirse”, por lo que en el sector privado “somos creyentes que la única salida para nuestro país es la democracia y que la prosperidad y la seguridad la alcanzaremos trabajando día a día generando trabajo, inversión y empresas”.
Amcham pide evitar la confrontación
Álvaro Rodríguez, presidente de Amcham, igual pidió evitar la confrontación entre “países amigos y socios comerciales”, al señalar que Nicaragua ya ha perdido cooperación externa y no debe arriesgar el ritmo de crecimiento económico.
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Rodríguez recordó que “ya perdimos” fondos de EE.UU., como la Cuenta Reto del Milenio (cancelada en 2009 porque Ortega y el CSE se negaron a revisar los resultados de las elecciones municipales del 2008 señaladas de fraudulentas por la oposición), además “que la cooperación europea desapareció, el apoyo de Venezuela es historia y con la Nica Act se pone en riesgo lo poco que nos queda: los préstamos en condiciones favorables de los organismos financieros internacionales”.
Rodríguez agregó que con la Nica Act “el principal afectado sería el pueblo” porque, disminuiría el apoyo de los organismos financieros internacionales, se incrementaría el costo del crédito y al afectarse la imagen país, habría “incertidumbre entre los potenciales inversionistas”, repercutiendo en “la generación de empleos y la lucha contra la pobreza que todos debemos apoyar”.
Expresó que si bien los problemas políticos internos deben resolverlos los nicaragüenses, no se puede obviar que “en un mundo globalizado las decisiones que se tomen, queramos o no, tendrán repercusiones”, por lo que Rodríguez abogó por que los actores políticos adopten las decisiones para evitar la Nica Act.
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“Es por eso que llamamos a la paz mediante el fortalecimiento de las instituciones, elecciones con observación nacional e internacional, respeto a la propiedad privada y así evitar confrontaciones entre países amigos y socios comerciales”, dijo el presidente de Amcham.
Rosendo Mayorga y Sergio Maltez, presidentes de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN) y de Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin), respectivamente, quieren entender si jurídicamente se puede exigir la indemnización a EE.UU., para pronunciarse sobre la decisión de Ortega; pero esperan que no escalen las diferencias al punto de deteriorar las relaciones con el principal socio comercial del país.
Temen más medidas
Leonardo Torres, presidente de Conimipyme, pidió “sensatez” y “utilizar el diálogo como instrumento” de parte de la Cancillería y el Ejecutivo de Nicaragua con Estados Unidos “porque es necesario bajar el tono de confrontación en el que se ha entrado”, pues teme que “si las cosas empeoran” el presidente Donald Trump “tome decisiones ejecutivas políticas y económicas” contra el país, sin esperar que la Nica Act se convierta en ley.
APEN y Conimipyme también llaman al diálogo
Para que la Nica Act sea ley debe aprobarla el Congreso, luego el Senado de Estados Unidos (EE.UU.), y ser sancionada por el presidente Donald Trump. De suceder, ese país se opondría a los créditos que solicite el gobierno de Daniel Ortega en organismos internacionales. Además el secretario de Estado de EE.UU. presentaría un informe sobre el supuesto involucramiento de funcionarios del Estado nicaragüense en actos de corrupción y violación de derechos humanos.
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Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), dijo que no temen que la actual situación con EE.UU. altere las relaciones comerciales, pero sí habrá un efecto en las posibilidades de atraer inversión, porque la Nica Act a nivel mundial puede interpretarse como “un voto de no confianza” de la primera economía del mundo con Nicaragua.
“El Nica Act nos afecta a todos los nicaragüenses. El Nica Act es grave para Nicaragua y no es grave en función del impacto económico que va a tener en el mediano plazo, el problema está en que el Nica Act es un voto de no confianza de los Estados Unidos (hacia Nicaragua) en el mercado mundial“, afirma.
“Ahí está el problema, si vos tenías a inversionistas que estaban explorando Nicaragua, de pronto vos tenés que estos inversionistas podrían considerar que Nicaragua no es viable para la inversión debido a ese voto de no apoyo”, sostiene el presidente de APEN.
Jacoby confía en que esta situación con el principal socio comercial de Nicaragua, no dañe el comercio que se rige bajo las directrices del DR-Cafta.
“Es un bache en el camino”
Para el exministro de Hacienda y gerente general de APEN, Mario Arana, la aprobación de la Ley Nica Act “no es lo deseable” ya que el país necesita buscar motores de crecimiento que le permitan crecer a niveles más altos que el actual y esto se convertiría en una “distracción”.
“Esto es un bache en el camino, hay que quitarlo del camino en la medida de lo posible para darle las mejores oportunidades al país”, sostuvo Arana.
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Añadió que “el mensaje es claro y contundente” y que “la Embajada de Estados Unidos se ha tomado el trabajo de ser muy abierta y expresar puntos de vista que nos están advirtiendo de los peligros, los riesgos y las amenazas que hay en el deterioro de la relación”, entre ambos países. Aunque espera que la ley no se apruebe, reconoce “que hay un liderazgo de cubanos que están moviendo la agenda que para bien o para mal afecta la agenda de Nicaragua… Hay liderazgo republicano que está en el poder y que está presionando y tensionando la relación con Nicaragua”, señala Arana.
En cuanto a la decisión del Gobierno de cobrar la indemnización dijo que esperaría que ese sea un escenario en el que se estén sentando las bases para una negociación. “Porque de lo contrario ante lo que estamos es ante una confrontación que no es constructiva y no ayuda al país y realmente lo que hay que buscar son salidas negociadas”, aconseja Arana.
Otro gremio que reaccionó preocupado al avance de la Ley Nica Act es el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipye), que a través de un comunicado instó al diálogo. “De aprobarse la Nica Act, los efectos de las mipymes serían negativos y sobre todo para el pueblo humilde de Nicaragua”, señala el comunicado. “Somos conscientes que hay muchos aspectos por mejorar aún para el fortalecimiento de nuestras instituciones y de la democracia en general”, señaló.
En Nicaragua más del setenta por ciento de la matriz empresarial está compuesta por micro, pequeñas y medianas empresas, en su mayoría carentes de productividad y tecnología, donde la inversión extranjera es clave.
Llamamos a la paz mediante el fortalecimiento de las instituciones, elecciones con observación nacional e internacional, respeto a la propiedad privada y así evitar confrontaciones entre países amigos y socios comerciales”.
Álvaro Rodríguez, presidente de Amcham.Los gobiernos y los parlamentos deben contribuir a ese objetivo, superando cualquier obstáculo en
forma diplomática, pensando siempre en los intereses y bienestar de los ciudadanos”.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
(Colaboración de Wendy Álvarez Hidalgo y Lucydalia Baca Castellón)
