Una azarosa sentencia

La sentencia que la Corte Internacional de Justicia dictó en junio de 1986 contra Estados Unidos a favor de Nicaragua ha seguido una trayectoria azarosa.

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La sentencia que la Corte Internacional de Justicia dictó en junio de 1986 contra Estados Unidos (EE.UU.), por los  daños causados a Nicaragua con su apoyo  a las fuerzas  contrarrevolucionarias  durante la guerra civil de aquellos años, ha seguido una trayectoria azarosa.

EE.UU. no reconoció  la jurisdicción de la Corte, que no obstante le ordenó indemnizar   a Nicaragua   sin fijar el monto de la reparación.  Fue el régimen  sandinista,  encabezado por Daniel Ortega   el que  fijó en 17 mil millones de dólares la indemnización  que supuestamente  EE.UU. debía pagarle.

No mucho tiempo después, acosado por  la crisis interna y el   incremento de la guerra civil,  Daniel Ortega se vio obligado a firmar los Acuerdos de Esquipulas II,  de agosto de 1987,  comprometiéndose   a abrir  un proceso de democratización para la reconciliación nacional y el  establecimiento de  la paz firme y duradera  en Nicaragua.

El régimen sandinista maniobró  inútilmente para no cumplir cabalmente   los Acuerdos de Esquipulas II, que incluían  elecciones justas y libres bajo observación internacional, las que al final fueron  adelantadas para  el 25 de febrero de 1990. Y para fortuna  de Nicaragua, el pueblo derrotó en las urnas electorales a Daniel Ortega y el FSLN   colapsando así  la revolución sandinista.

Antes de entregar el gobierno a la presidenta electa Violeta Barrios de Chamorro,  y la Asamblea Nacional a la bancada mayoritaria de la UNO,  los sandinistas  dictaron las llamadas “leyes de la piñata” para   conservar  legalmente una gran  parte del   poder del Estado  y  adueñarse de muchas   propiedades y  bienes que pertenecían   al Estado o a personas particulares confiscadas.

Entre las leyes de la piñata aprobadas  por los sandinistas   cuando ya no debían legislar materias sustantivas,  porque el pueblo   había elegido nuevos diputados, estaba  la Ley 92, Ley de Protección de los Derechos de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, con la cual pretendían  impedir que el nuevo Gobierno  retirara la demanda contra EE.UU.  Sin embargo, el 5 de junio de 1991 la nueva Asamblea Nacional derogó la mencionada  ley sandinista y   el gobierno de doña Violeta  retiró  de la Corte Internacional aquella “demanda de tiempos de guerra”, como la calificó Antonio Lacayo en su libro de memorias La Difícil Transición Nicaragüense.

Lacayo (q.e.p.d.) revela en este libro que en marzo de ese año, Daniel Ortega le “aceptó una suerte de arreglo extracorte por medio del cual, en lugar de indemnización, lográramos que EE. UU. nos liberara de la deuda con ese país y nos asegurara un monto anual de ayuda, tal como lo estábamos logrando con el presidente Bush y su equipo desde nuestros primeros días en el gobierno”.

Pero   Ortega no suele cumplir sus compromisos ni  respetar su palabra. Cuando la Asamblea Nacional derogó la Ley 92 los sandinistas se retiraron de la Asamblea y acusaron  al Gobierno y a los diputados de la UNO de “vender la soberanía” y  “traición a la patria”. Y ahora,  con una nueva ley disparatada e inaplicable Daniel    Ortega pretende que  la Corte de La Haya reabra el caso archivado  y  obligue  a los EE.UU. a darle  50 mil  millones de dólares. Una soberana  estupidez.

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