La sentencia que la Corte Internacional de Justicia dictó en junio de 1986 contra Estados Unidos (EE.UU.), por los daños causados a Nicaragua con su apoyo a las fuerzas contrarrevolucionarias durante la guerra civil de aquellos años, ha seguido una trayectoria azarosa.
EE.UU. no reconoció la jurisdicción de la Corte, que no obstante le ordenó indemnizar a Nicaragua sin fijar el monto de la reparación. Fue el régimen sandinista, encabezado por Daniel Ortega el que fijó en 17 mil millones de dólares la indemnización que supuestamente EE.UU. debía pagarle.
No mucho tiempo después, acosado por la crisis interna y el incremento de la guerra civil, Daniel Ortega se vio obligado a firmar los Acuerdos de Esquipulas II, de agosto de 1987, comprometiéndose a abrir un proceso de democratización para la reconciliación nacional y el establecimiento de la paz firme y duradera en Nicaragua.
El régimen sandinista maniobró inútilmente para no cumplir cabalmente los Acuerdos de Esquipulas II, que incluían elecciones justas y libres bajo observación internacional, las que al final fueron adelantadas para el 25 de febrero de 1990. Y para fortuna de Nicaragua, el pueblo derrotó en las urnas electorales a Daniel Ortega y el FSLN colapsando así la revolución sandinista.
Antes de entregar el gobierno a la presidenta electa Violeta Barrios de Chamorro, y la Asamblea Nacional a la bancada mayoritaria de la UNO, los sandinistas dictaron las llamadas “leyes de la piñata” para conservar legalmente una gran parte del poder del Estado y adueñarse de muchas propiedades y bienes que pertenecían al Estado o a personas particulares confiscadas.
Entre las leyes de la piñata aprobadas por los sandinistas cuando ya no debían legislar materias sustantivas, porque el pueblo había elegido nuevos diputados, estaba la Ley 92, Ley de Protección de los Derechos de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, con la cual pretendían impedir que el nuevo Gobierno retirara la demanda contra EE.UU. Sin embargo, el 5 de junio de 1991 la nueva Asamblea Nacional derogó la mencionada ley sandinista y el gobierno de doña Violeta retiró de la Corte Internacional aquella “demanda de tiempos de guerra”, como la calificó Antonio Lacayo en su libro de memorias La Difícil Transición Nicaragüense.
Lacayo (q.e.p.d.) revela en este libro que en marzo de ese año, Daniel Ortega le “aceptó una suerte de arreglo extracorte por medio del cual, en lugar de indemnización, lográramos que EE. UU. nos liberara de la deuda con ese país y nos asegurara un monto anual de ayuda, tal como lo estábamos logrando con el presidente Bush y su equipo desde nuestros primeros días en el gobierno”.
Pero Ortega no suele cumplir sus compromisos ni respetar su palabra. Cuando la Asamblea Nacional derogó la Ley 92 los sandinistas se retiraron de la Asamblea y acusaron al Gobierno y a los diputados de la UNO de “vender la soberanía” y “traición a la patria”. Y ahora, con una nueva ley disparatada e inaplicable Daniel Ortega pretende que la Corte de La Haya reabra el caso archivado y obligue a los EE.UU. a darle 50 mil millones de dólares. Una soberana estupidez.