Amnistía Internacional: Proyecto del Canal afecta derechos humanos de miles de nicaragüenses

“Esta manera de actuar del Estado constituye un irrespeto inaceptable a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, dice Amnistía Internacional en una investigación sobre proyecto de Gran Canal Interocenánico

03/08/2017

La represión policial contra campesinos que se resisten al proyecto del Canal Interoceánico ha sido causa de protestas en el país. LA PRENSA/ARCHIVO

Amnistía Internacional demanda al gobierno de Nicaragua que implemente una moratoria en la implementación del proyecto del Gran Canal Interoceánico hasta tanto no establezcan disposiciones legales y procesales que cumplan con los estándares de derechos humanos, como la consulta efectiva de las personas que se verán afectadas y evitar que se ejecuten desalojos forzosos.

Amnistía Internacional y Fundación de Derechos Humanos Bianca Jagger presentarán este jueves 3 de agosto, en Managua, una investigación en la que destaca que el proyecto que partirá en dos a Nicaragua pone en riesgo los derechos humanos de cientos de miles de personas “de forma inconsulta y en una silenciosa penumbra”.

“Esta manera de actuar del Estado constituye un irrespeto inaceptable a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, señala el informe Peligro: derechos de venta. El proyecto del Gran Canal Interoceánico en Nicaragua y la erosión de los derechos humanos el que destaca como el oscuro manejo jurídico de la concesión del proyecto para el cual no hubo consulta con las comunidades afectadas viola normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos de cientos de familias.

marcha anticanal, canal interoceánico

Las expresiones anticanal son las que más han sufrido de violencia por parte del gobierno. Uno de estos casos ocurrió en noviembre de 2016 en La Fonseca. LA PRENSA/ARCHIVO

LEA: Concesionaria del proyecto canal interoceánico de Nicaragua trabaja en diseños de puerto de Brito y esclusas

En el resumen ejecutivo, Amnistía Internacional recomienda implementar medidas urgentes e inmediatas para asegurar la garantía y el respeto de los derechos humanos de quienes serán afectados por el proyecto del Canal y otras infraestructuras asociadas. E insta a la Asamblea Nacional adoptar medidas que incluyan la derogación del marco legal del Proyecto.

Llamado a las fuerzas de represión

Mientras tanto, llama a las fuerzas de seguridad a “garantizar y respetar el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pública y pacífica de quienes utilizan la protesta para denunciar y pronunciarse sobre los futuros impactos del proyecto del Canal, abstenerse de realizar actos que constituyan intimidación, hostigamiento y represalias contra los defensores de derechos humanos y los líderes comunitarios que han expresado sus preocupaciones por los futuros impactos del Proyecto”.

También recomienda iniciar una investigación interna sobre incidentes donde ha habido represión violenta de manifestaciones públicas, en los que ha sido denunciado el uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales y elementos militares, y abrir los procesos administrativos o penales según corresponda.

El organismo señala que está consciente de la existencia de cláusulas de estabilidad que acarrean el deber del Estado de indemnizar o compensar a las partes contratantes por las consecuencias negativas de eventos tales como cambios en la ley, y que esto puede actuar como desincentivo a la implementación de las recomendaciones, por lo que demanda a la empresa concesionaria y otros contratistas suspender la realización de toda obra o trabajo relacionado con la implementación del proyecto del Gran Canal Interoceánico hasta que se hayan tomado las medidas necesarias para garantizar el total respeto de los derechos humanos de quienes se verán afectados, incluida la consulta previa.

El proyecto del canal interoceánico amenaza también al lago de Nicaragua.

Canal versus derechos humanos

Igualmente abstenerse de invocar o hacer uso de cláusulas de indemnización o estabilidad en virtud de cualquier
cambio normativo o medida del Estado tendiente a garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en el contexto del proyecto de Gran Canal Interoceánico y en base a los resultados del proceso de consulta con todos los afectados iniciar la renegociación.

Y en el caso de los países que muestren interés en invertir o prestar servicios al proyecto deben evaluar el compromiso del Estado nicaragüense de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, e iniciar de forma proactiva un diálogo con las autoridades nicaragüenses para asegurarse de que el proyecto cumpla con las obligaciones internacionales que el Estado nicaragüense ha asumido en materia de derechos humanos y no conlleve a violaciones de los mismos.

“El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua (GCI), según los planes de sus promotores, recorrerá Nicaragua de este a oeste y dividirá el país en dos. Se estima que tendrá un aproximado de 275.5 kilómetros de largo y supone una inversión estimada en 50 mil millones de dólares. En su recorrido, el GCI cruzará parte del Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca, conocido como la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica”.

La marcha anticanal en Juigalpa, Chontales, estaba prevista para las 10:00 de este sábado. LA PRENSA/R.FONSECA

Estado mudo y arrogante

El proyecto del GCI va más allá de un canal húmedo que recorrerá Nicaragua dice Amnistía y refiere que, según la Ley 840, este canal es un subproyecto de un conjunto de otras infraestructuras que incluye: dos puertos, un oleoducto, un canal seco para la construcción de una vía férrea, dos zonas de libre comercio, un aeropuerto y la infraestructura que el inversionista determine que es necesaria para el desarrollo y la operación de uno o más subproyectos.

Y destaca estudios independientes de organizaciones de la sociedad civil, en la ruta anunciada del Canal aproximadamente 24,100 hogares (119,200 personas) podrían resultar afectadas, aunque establece que los datos pueden variar al incluir otros subproyectos o infraestructuras que posteriormente sean diseñados o anunciados.

“En un proyecto que prevé impactos masivos a nivel nacional, la celebración de consultas auténticas constituye parte de las garantías que el Estado debe asegurar”, dice Amnistía Internacional que señala que las autoridades no pueden ignorar que el riesgo de perder el hogar y tierras de cultivo conlleva también el riesgo de sufrir la privación de un entorno familiar, redes sociales, medios de vida, alimentación adecuada, oportunidades de empleo y perjudicar el acceso a servicios de educación, agua, entre otros.

“La actuación del Estado nicaragüense ha distado de garantizar una participación con las características establecidas por las normas internacionales. A pesar de las manifestaciones públicas, los recursos legales interpuestos y las solicitudes de información, el Estado se niega a iniciar un diálogo efectivo con las personas que pueden resultar afectadas y sus representantes”, dice ese organismo.

Camión de Francisca Ramírez, estacionado frente a delegación de Nueva Guinea. LA PRENSA/E.Romero

Amnistía Internacional constata abusos del gobierno

Menciona como organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso innecesario y excesivo de la fuerza, violencia desproporcional y detenciones ilegales ejecutadas por parte de agentes policiales, y perpetradas en contra de personas que participaron en movilizaciones públicas pacíficas que denunciaban los impactos negativos del proyecto del Gran Canal Interoceánico y su marco legal.

También reportan situaciones de hostigamiento, acoso y represalias contra personas defensoras de derechos humanos que han expresado sus preocupaciones por los futuros impactos del proyecto.

El informe es el resultado de un extenso trabajo de investigación que incluyó entrevistas semiestructuradas, realización de grupos focales y un amplio análisis documental. El equipo de Amnistía Internacional visitó Nicaragua en dos ocasiones durante el 2016.

En sus visitas recorrió cientos de kilómetros y visitó municipios y comunidades próximas a la ruta anunciada del canal interoceánico en los departamentos de Rivas, Río San Juan y Caribe Sur. Igualmente sostuvieron entrevistas con académicos, ambientalistas y destacados defensores de derechos humanos.

Orteguismo soberbio y poco transparente con la información pública

Al menos 190 personas expusieron al equipo de investigación y compartieron cómo sus vidas han sido marcadas por la aprobación del proyecto del Gran Canal Interoceánico, en un escenario donde sus voces han sido continuamente ignoradas por el Estado nicaragüense.

Y menciona que aunque solicitaron entrevistas con un científico y un ambientalista que, según los medios de comunicación, han emitido declaraciones positivas sobre el proyecto del Canal y sus impactos las mismas fueron canceladas de último momento.

Amnistía Internacional también envió reiteradas comunicaciones escritas con solicitudes de entrevistas a funcionarios del gobierno central y a miembros de la Comisión del Proyecto de Desarrollo del Canal de Nicaragua. Pero lamenta que el gobierno no haya accedido a compartir información sobre un proyecto que pregona que tendrá impactos positivos para el país y la población.

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