Defensores de derechos humanos cuestionaron este miércoles la amenaza de fuerzas de seguridad pública que impidió una marcha de campesinos el lunes pasado en el municipio de San José de Bocay, Jinotega, en la que estos demandaban cédulas de identidad y un proceso confiable para verificar si se encuentran en el padrón electoral.
Álvaro Leiva, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), lamentó que se estén violentando los derechos humanos de los campesinos.
“Es lamentable ver cómo funcionarios de forma ilegal estén violentando los derechos constitucionales y humanos; como es el derecho a manifestarse”, aseguró.
Lea también: Campesinos en San José de Bocay demandan cedulación y verificación ciudadana
Hasta San José de Bocay, ubicado en el departamento norteño de Jinotega, habían llegado más de 3,500 campesinos provenientes de comunidades recónditas para participar en una marcha organizada por dirigentes de la comuna.
Sin embargo, ya puestos en el lugar, la manifestación se canceló, después que según testigos, la alcaldesa Janeth Sobalvarro recibió las amenazas “de alguien” del Ejército, a quien no identificaron.
Candidato CxL confirmó
Erlis Torres, candidato a alcalde por Ciudadanos por La Libertad —el partido de Sobalvarro— aseguró que la alcaldesa recibió una llamada de alguien del Ejército o la Policía.
Lea además: Denuncian amenaza a marcha campesina en Jinotega
“Recibimos advertencias, que para nosotros se constituyen en amenazas de parte de las fuerzas del orden público. Alguien del Ejército llamó a la alcaldesa, por eso no hicimos la marcha… La amenaza fue que los que estamos haciendo plantones o marchas nos atuviésemos a las consecuencias, y uno (como) candidato debe de cuidarse”, dijo entonces Torres.
“Violaciones constantes”
Para Leiva, se han dado violaciones constantes a los derechos ciudadanos tanto por parte del Ejecutivo como de los funcionarios de distintos poderes del Estado.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), calificó la intromisión de las fuerzas públicas de seguridad como “negativa y peligrosa” para los derechos humanos.
Lea más en: Comunidad La Fonseca está militarizada
“Esto es un indicio de lo que va a ser el fraude de las elecciones municipales de noviembre”, advirtió la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), refiriéndose a uno de los puntos importantes de cualquier proceso electoral, como es una adecuada identificación ciudadana, tal es el caso de la cedulación y verificación.
El experto en Derechos Humanos, Uriel Pineda, dijo que con esto se “revela una política de Estado que sistemáticamente viola el derecho a la libertad de movilización”.
Recuento violento
La región del país donde ha ocurrido la amenaza contra la marcha campesina es la misma donde Andrés Cerrato, un promotor de paz de la comunidad de San Martín de Daca, en la microrregión de Ayapal, fue asesinado en abril de 2016, días después que denunciara en LA PRENSA haber recibido acoso del Ejército.
Le puede interesar: Critican a gobierno por exclusión a campesinos anticanal
En enero de 2015, una mochila bomba terminó con la vida de tres campesinos, en la comunidad El Portal, de Santa María de Pantasma. En la ejecución se señaló al Ejército. Ante la amenaza contra la marcha campesina, LA PRENSA llamó al coronel Manuel Guevara, vocero militar, pero no respondió su celular.