Penalización del aborto en Nicaragua no ha evitado las prácticas clandestinas, dice Human Rights Watch

En junio pasado, la directora de División de derechos de la mujer envió una carta al gobierno solicitándole diferente tipo de información al respecto. Human Rights Watch refiere que no obtuvo respuesta

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Foto de archivo de organizaciones de mujeres que protestan por la ley 779, los femicidios y la revision de la ley del aborto terapeutico. Oscar Navarrete/LA PRENSA.

Una investigación realizada por el organismo internacional Human Rights Watch sobre la penalización del aborto en el país considera que la prohibición no solo no evitó los abortos sino que ha provocado que los mismos sean practicados de manera más peligrosa.

La investigación titulada «Nicaragua: Prohibición del aborto supone riesgo para la salud y la vida», concluye que la prohibición total del aborto en Nicaragua está poniendo en riesgo la salud y la vida de mujeres y niñas, no ha detenido estos procedimientos y ha provocado que se practiquen en forma clandestina y más inseguros.

Conforme al Código Penal de Nicaragua, las mujeres y niñas que interrumpen embarazos se exponen a ser penadas con hasta dos años de prisión, y los profesionales médicos que los practican pueden recibir penas de hasta seis años, recuerda el organismo, que destaca que la ley de 2006 sobre la penalización del aborto no contempló ninguna excepción «aún cuando los embarazos constituyan un riesgo para la vida o sean el resultado de una violación».

Las mujeres y niñas con embarazos en situación de crisis llevan a cabo abortos clandestinos inseguros. A menudo, están demasiado atemorizadas para pedir asistencia médica cuando sufren complicaciones a causa de esos abortos, y algunas mujeres y niñas postergan la decisión de pedir asistencia y no revelan a los médicos la causa de las complicaciones, señala el estudio.

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Algunos proveedores médicos, presionados por el conflicto entre la ley y la ética médica, han denunciado a mujeres y niñas a la Policía por presuntos abortos, señala la investigación, que a su vez recuerda que Nicaragua tiene altas tasas de violencia doméstica y sexual, que pueden redundar en embarazos no deseados.

Y hace alusión a una encuesta demográfica y de salud efectuada por el gobierno y publicada en 2014 que concluyó que cerca del 22,5 por ciento de las mujeres y niñas (entre 15 y 49 años) que alguna vez estuvieron casadas o en pareja señalaron haber sufrido violencia a manos de su esposo o pareja de ese momento o anterior, y el 10 por ciento informó que habían sufrido sexo forzado o abuso sexual infligido por alguna persona, en el transcurso de su vida.

» La prohibición del aborto también es perniciosa para las menores de edad obligadas a contraer matrimonio durante la infancia —algo común en Nicaragua— o a establecer parejas forzadas. La ley permite a las niñas casarse a los 17 años con el consentimiento de los padres, pero muchas lo hacen antes», menciona el estudio de Human Rights.

Previo a esta publicación, en junio pasado Janet Walsh, directora de División de derechos de la mujer de ese organismo envió una carta al gobierno remitida a través del canciller Denis Moncada Colindres solicitándole diferente tipo de información al respecto. Human Rights Watch refiere que no obtuvo respuesta de parte del gobierno a sus consultas.

En esa correspondencia le explica que a inicios de 2017 entrevistó a mujeres y niñas en Nicaragua que vivieron embarazos no deseados y en situación de crisis, algunas de las cuales recurrieron a abortos ilegales, al igual que entrevistó a personal médico, abogados, representantes de organizaciones que brindan servicios a mujeres y niñas, y activistas de derechos de la mujer.

Entre la información solicitada en ese momento destaca datos a nivel nacional sobre mortalidad materna, por año, desde el año 2012, información actualizada sobre el recurso por Inconstitucionalidad Parcial número 38-2008 promovido ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley 641, del Código Penal de Nicaragua, asimismo la cantidad de investigaciones, de detenciones, de procesos judiciales; de condenas y de absoluciones impuestas por esta causa, a su vez cantidad de casos en los que los fiscales desistieron de la acción; datos demográficos sobre acusados y víctimas entre otros.Igualmente sobre el tipo de capacitación brindan al personal médico sobre el protocolo 109 de 2013, desarrollado por el Ministerio de Salud, que detalla la atención de las complicaciones obstétricas.

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