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campesinos anticanal, represión

Campesinos que participaron en la marcha 89 contra la Ley del proyecto del Canal Interoceánico, Ley 840. LA PRENSA/EMILIANO CHAMORRO

Amnistía Internacional recibe denuncias por la represión contra quienes se manifiestan contra el Canal

Amnistía Internacional ha recibido denuncias de criminalización y estigmatización de los líderes de movimientos anticanal

Una campaña global iniciará Amnistía Internacional que representa la movilización de sus activistas a fin de que demanden a sus gobiernos para que pidan al presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, la derogación de la Ley 840, relacionado a la construcción del Gran Canal Interoceánico, afirmó la directora para América Latina de esa organización Erika Guevara-Rosas. La campaña también implica hacer incidencia para que el gobierno de Ortega cumpla con sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y cese la represión en contra de estas manifestaciones.

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La activista que anunció que continuarán el acompañamiento con indígenas y afrodescendientes afectados por el proyecto del Canal. Aseguró que han recibido numerosas denuncias de represión por parte de las fuerzas de seguridad cuando las organizaciones y las comunidades se han movilizado en resistencia pacífica contra el proyecto del Canal.

También “hemos recibido denuncias de criminalización y estigmatización de los líderes por ejemplo, de las comunidades Rama Kriol en donde hay otras formas de violencia que están siendo ejercidas silenciar sus voces en resistencia contra el proyecto del Canal”.

Refirió que una de las preguntas fundamentales que les hacen es de por qué están preocupados por el Canal Interoceánico, cuando ni siquiera se ha construido.

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“Y lo que siempre decimos es que imagínense; si en cuatro años del establecimiento de un marco legislativo se han cometido ya violaciones a los derechos humanos qué será cuando se comience a construir. Si es que se construye”, expuso Guevara-Rosas.

Sin rastros del proyecto

El presidente del gobierno comunal de Monkey Point, Allen Rupert y de la junta directiva del Gobierno territorial Rama Kriol, asegura que en esa zona no hay ninguna señal de inicio de los subproyectos que construirían con el Canal Interoceánico.

Sin embargo, afirma Rupert que “lo único que han venido haciendo es el estudio que han hecho o que han medio hecho y han dicho que ya lo han terminado (…) no han vuelto a llegar después de terminar con el estudio”, sostuvo Rupert.

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No obstante, el anunciado proyecto ha causado conflictos entre familiares porque algunos de ellos creían en los mensajes del gobierno de supuesto empleo y bonanza con los que están consientes que eso no es verdad.

Caso emblemático

Erika Guevara -Rosas considera que el caso de Nicaragua es emblemático de lo que sucede actualmente en el continente, “donde el interés económico se ha sobrepuesto al ejercicio de derechos fundamentales de las grandes mayorías”. Señaló que en la actualidad “los mal llamados proyectos de desarrollo”, representan una de las preocupaciones principales en materia de derechos humanos, “porque son las multinacionales que aprovechándose de los espacios de ineficiencia y corrupción que dejan los estados terminan abusando de los derechos humanos”.

 

7,000,000 de activistas de Amnistía Internacional se movilizarán en todo el mundo a fin de promover porque el gobierno de Nicaragua derogue la Ley 840, relacionada con la construcción del Canal.

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