Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos y Rafael Solís solicitaron el viernes a todas las personas en general, incluyendo a la Embajada de Estados Unidos, a que presenten los casos en concreto, donde haya problemas con las propiedades y las resoluciones judiciales, para resolverlos, y de una vez desvirtuar la imagen que en Nicaragua no hay seguridad jurídica, institucionalidad y Estado de Derecho.
“El poder judicial viene haciendo esfuerzos sistemáticos para fortalecer la seguridad jurídica y la institucionalidad (…). Si hay casos concretos que vienen a empañar esa institucionalidad y esa seguridad jurídica, que por favor se señale con nombre y apellido para poderlos sancionar, para poderlos corregir, para poder eliminar ese señalamiento general y convertirlo en un señalamiento concreto”, dijo la magistrada Ramos, durante el acto del X Aniversario del Modelo de Gestión de Despachos Judiciales.
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Las reacciones de ambos funcionarios se dan después que autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua señalaran que hay inversionistas que no vienen a Nicaragua por la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra.
“Yo he hablado con varias empresas que quieren venir a invertir a Nicaragua y por la falta de Estado de Derecho, enfocado en propiedad, ellos no quieren invertir, porque no hay confianza en que ellos puedan comprar tierras aquí para hacer cualquier tipo de actividad y puedan tener protección bajo la ley de Nicaragua”, sostuvo el mes pasado Laura Dogu, embajadora de Estados Unidos en Nicaragua.
Por su parte, el magistrado Solís sostuvo que en meses pasados, cuando una delegación de la embajada americana llegó a la Corte de visita, les pidieron que pasaran la lista de los casos de ciudadanos americanos con problemas legales en sus propiedades, pero hasta ahora no la han enviado.
“Ahora no recuerdo la fecha específica, pero ya se les pidió y no han mandado nada. El Cosep se las está pidiendo también”, reiteró Solís.
Invasiones a propiedad privada
A la posición de Dogu se suma la de William Muntean, consejero económico de la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, quien afirma que “reclamos de inversionistas no siempre se resuelven con base en la ley y hay pasividad de las autoridades en las invasiones de propiedades privadas”.
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Asimismo, el Banco Mundial, con base en los resultados del Doing Business, en cuyo ranking Nicaragua se ubica en la cola en esta materia, refirió que pese a los esfuerzos que se han hecho para mejorar la administración de las tierras en Nicaragua, entre el 35 y 40 por ciento de estas están en disputa.
Los conflictos por tierras abarcan “disputas fronterizas, restituciones de derechos pasados, falta de documentación para probar propiedad legal o reclamaciones de pueblos indígenas sobre territorios ancestrales que se solapan con otros regímenes de tenencia de tierras”, según el Diagnóstico Sistemático de País, publicado por el Banco Mundial (BM) en junio pasado.
“Nosotros no podemos dirigirnos a la embajada para eso, lo decimos en términos generales, el Cosep sí parece que pidió que le señalara casos concretos en términos de propiedad entiendo, pero yo lo estoy diciendo como presidenta de la Corte Suprema de Justicia en términos generales a todo el mundo. No solo a la embajada, sino a todo el mundo, a cualquiera que señale falta de seguridad jurídica o falta de institucionalidad”, dijo Ramos.
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Ambos magistrados del poder judicial destacaron el avance en materia de legalización de la propiedad y reducción de la mora judicial con la implementación de tecnologías y nuevos sistemas de despachos judiciales.
Ataques políticos
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís expresó que estos dos puntos: la falta de seguridad en la tenencia de la tierra y de institucionalidad “han sido objeto de ataques en el orden político por distintas razones que no es el caso mencionar aquí”, dijo el funcionario durante el acto del X Aniversario del Modelo de Gestión de Despachos Judiciales.
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LA PRENSA solicitó el viernes una versión a la Embajada de Estados Unidos sobre la lista de casos de propiedad pendientes de resolución judicial, pero no hubo respuesta.
Nuevos programas a aplicar
La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, dijo que el poder judicial seguirá avanzando en la modernización del sistema de justicia y en la aplicación de nuevos programas que ayuden a fortalecer la seguridad jurídica de Nicaragua.
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“Tenemos un programa para fortalecer la seguridad jurídica en la sentencia judicial, porque la mayor calidad en la sentencia se traduce en seguridad jurídica, para que los jueces cumplan con ciertos requisitos mínimos, con ciertos parámetros mínimos en la motivación de sentencia, eso es parte del fortalecimiento de la seguridad jurídica”, dijo Ramos.
La funcionaria agregó que cuando una persona se aparta de la ley, de la Constitución, afecta la imagen de todo el poder judicial. “Cuando fallamos somos responsables de que en Nicaragua no exista institucionalidad, Estado de Derecho, seguridad jurídica. No puede ser que por alguna persona que falta, todos tengamos que pagar con la imagen del poder judicial”, dijo Ramos.
