Ley que persigue a extranjeros acusados de corrupción en EE.UU podría alcanzar a funcionarios nicaragüenses

Carlos Ponce, director de Freedom House advierte que la “Ley Magnistky” puede alcanzar a funcionarios y empresarios cercanos al régimen de Daniel Ortega

“Ley Magnitsky”, Daniel Ortega

“Yo no estaría tan tranquilo siendo un empresario cercano al régimen (de Daniel Ortega), que protege al régimen o ser un funcionario de Gobierno”, dice Carlos Ponce. LA PRENSA / AFP

La Global Magnitsky Human Rights Accountability Act o “Ley Magnistky” que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos, podría alcanzar a funcionarios del Gobierno de Nicaragua y a empresarios aliados del régimen de Daniel Ortega, advirtió el director de Freedom House, Carlos Ponce.

La Ley otorga al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el poder para imponer prohibiciones o cancelación de visas y congelar activos de personas que supriman los derechos humanos y estén involucradas en casos de corrupción, cuyos bienes estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

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Del tema de la lista de funcionarios y empresarios involucrados en corrupción y violación a derechos humanos ya se habla en Washington, según Ponce.

“Tengo entendido que hay posibilidades de que en esta lista de Global Magnitsky Act, también surjan algunos funcionarios y empresarios de Nicaragua, hay esa alternativa dentro del menú de opciones que tiene Estados Unidos (para sancionar)”, afirmó.

La Global Magnitsky Act fue aprobada en 2012, inicialmente fue dirigida a funcionarios rusos y otras personas implicadas en el crimen del abogado ruso Sergei Magnitsky, en noviembre de 2009. Este letrado denunció la corrupción en Rusia.

Jason Poblete, experto en Derecho Internacional. LAPRENSA/JUDITH FLORES

La Ley ahora se conoce como Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, tras la enmienda realizada por el Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2016, con el propósito de ampliar esas sanciones a extranjeros implicados en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

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“Yo no estaría tan tranquilo siendo un empresario cercano al régimen (de Daniel Ortega), que protege al régimen o ser un funcionario de Gobierno. Siempre hay posibilidades que reciban sanciones sin que haya una Ley especial de sanciones, la Ley ya existe y puede ser aplicada para Nicaragua”, manifestó el director de Freedom House.

EE.UU. “identifica” a personas

En una carta enviada por el presidente Donald Trump al Congreso a finales de abril pasado, el funcionario expresa que su administración trabaja activamente en identificar personas y entidades a quienes se les pueda aplicar la Ley.

“En las próximas semanas y meses las agencias llevarán a cabo investigaciones exhaustivas para asegurar que cumplamos con nuestro compromiso de responsabilizar a los responsables de perpetrar abusos como la corrupción y contra los derechos humanos”, dice la misiva enviada por Trump.

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El abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzain, director del Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami, Florida, Estados Unidos, explicó que la Magnitsky Act es una Ley dirigida a sancionar a responsables directos en violaciones a derechos humanos, a cómplices, y a los que guardan silencio.

Agregó que la Ley es similar a la Nica Act, la que impulsan los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires, la cual propone la creación de un listado de personas involucradas en actos de corrupción y violación a los derechos humanos, aunque la diferencia es que la Nica Act obliga a Estados Unidos a no aprobar préstamos a favor de Nicaragua, en organismos multilaterales, si el Gobierno de Nicaragua no restaura la democracia.

El caso de Osetia

El abogado Jason Poblete, experto en Derecho Internacional, precisó que la medida es una señal para gobiernos extranjeros involucrados en corrupción.

“Esta es una (“Ley Magnitsky”) de las herramientas legales disponibles y quizás habrá más a finales de este año para contrarrestar la ola de corrupción que existe hoy en día en países de Latinoamérica. El mensaje es claro, el acceso al mercado norteamericano ya sea físico o económico es un privilegio, no un derecho”, sostuvo el experto.

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Poblete se refiere a leyes como la de Asignaciones Federales del 2017, la HR244 que incluye la sección 7070 que ningún fondo de EE.UU. debe ir a gobiernos que apoyan la anexión de Crimea a Rusia o haber reconocido la independencia y mantener relaciones diplomáticas con los territorios georgianos Abjasia y Osetia del Sur, ocupados por la federación rusa. Nicaragua es uno de los cuatro países en el mundo que tiene relaciones diplomáticas con esas regiones separatistas de Georgia.

Ambas fueron reconocidas como naciones independientes por el gobierno de Daniel Ortega en 2008, cuando este iniciaba nuevos coqueteos y acercamientos con Rusia.

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